Cauces y barrancos

Las inundaciones de Valencia requieren una inmensa tarea de reconstrucción. No debe quedarse en un debate solamente político, poniendo más en la diana a Pedro Sánchez o a Carlos Mazón, o a los dos. Pensamos que todo se debe a los gobernantes, y eso es claudicar como sociedad civil. Manifestaciones y votaciones no deben esconder nuestro deber de todos los ciudadanos de participar, contribuir y arrimar el hombro más.

Hay otros responsables o puede haberlos, y es preciso despejar esa incógnita para que no se repitan errores. No basta con invocar unas lluvias excepcionales. Hay que prevenir mediante un urbanismo responsable evitando la inseguridad de barrancos y zonas inundables: es evidente: ayuntamientos y gobiernos deben reflexionar.

No basta tampoco con las explicaciones que va dando la Confederación Hidrográfica del Júcar: todo se hace bien, según la Confederación. Asombroso, porque había quejas de muchos ayuntamientos pidiendo la limpieza de ríos y barrancos, sobre todo el río Magro y el barranco del Poyo. Ha de dar explicaciones la ministra Teresa Ribera.

El sindicato Manos Limpias ha ampliado la denuncia a altos cargos por su posible responsabilidad, y ha incluido a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, afirmando que la CHJ “notificó a la Generalitat con un email, a las 15.50 h. que el caudal de la rambla del Poyo era bajo y no actualizó el dato, por esta misma vía, hasta cuando la situación era ya crítica a las 18.43 h.”.

Manos Limpias sostiene que como “la Confederación encargada de los ríos tiene un presupuesto de 58,2 millones de euros y sólo ha gastado 1,1 millón de euros en edificaciones preventivas y, en cambio, más de ocho millones de euros en pagos al personal, todos estos elementos o circunstancias presuponen una responsabilidad penal”. Animo a echar un vistazo a la web de la CHJ: aporta datos interesantes.

La previsión choca con el cortoplacismo de nuestros dirigentes políticos. Tenemos motivos para desconfiar de los políticos, y eso ha de ir acompañado de una mayor participación, implicación y control de las instituciones por parte de los ciudadanos: ¡las mantenemos con nuestros impuestos, basta ya de opacidad o pasividad cívica!

Si es preciso aumentar gastos de las Confederaciones en este objetivo, que se incrementen, tal vez analizando si otros gastos se pueden reducir, por ejemplo en personal. Las Confederaciones no deben ser cotos cerrados para políticos y técnicos, sino al servicio de la sociedad, con participación efectiva y control. 

  • Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
    Escribe, también, en su web personal.