La ministra de Educación, Isabel Celaá, la ha liado con sus declaraciones acerca de que la libertad de enseñanza no incluye el derecho a elegir centro educativo. Es ministra en funciones, pero razón de más para preguntarse el motivo por el que, en pleno proceso de negociaciones de un nuevo Gobierno, ha querido incendiar con esa afirmación, que ha causado estupor, preocupación, indignación y perplejidad. El artículo 27 de la Constitución reconoce expresamente la libertad de enseñanza, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional también la reconocen, así como los tratados internacionales. Para Celaá, la libertad de enseñanza no incluye la libertad de elección de centro educativo, por lo que la perplejidad es máxima: ¿en qué consiste entonces la libertad si no se puede elegir centro en función de las opciones pedagógicas, morales, filosóficas o religiosas que los padres desean para sus hijos?

Celaá provocó deliberadamente el incendio con ese ataque, en definitiva a la enseñanza concertada. Protestas generalizadas de entidades nacionales y de la Comunidad Valenciana contra las palabras de la ministra. Los avisos del PSOE nunca fueron tan radicales como ahora. La explicación a mí me parece clara: Celaá hizo saber que, si hay un Gobierno con Podemos, la concertada se verá más que amenazada, y que si el PP aceptara abstenerse podían suavizarse las posturas respecto a la educación, en un hipotético pacto de legislatura, puesto que un Gobierno de coalición PSOE-PP se antoja imposible. Feijóo en el PP aboga por la abstención de su partido, para facilitar un gobierno sensato; Celaá prefiere trabajar esa opción avisando de la “bomba”, de lo que puede pasar con la libertad de enseñanza. Defienden la libertad de enseñanza el PP, Ciudadanos y Vox, avisando que llegarán donde que haya que llegar para defender el derecho de los padres para elegir el centro de enseñanza y la defensa de los padres para educar según sus valores, en contra del adoctrinamiento que pretende la izquierda.

Existe bastante aceptación en que las leyes de educación deberían ser estables, sin vaivenes según el Gobierno de turno. Sigue sorprendiendo que, resultando al Estado un 50% de coste menor el puesto escolar en un centro concertado que en uno público, a la vez que se garantiza la libertad, se pretenda arrebatar a los padres ese derecho. Algunos tienen pavor a la que gente piense en libertad y con criterio. Afirmar que se permita la libertad de enseñanza asumiendo las familias el coste total, sin conciertos educativos, es relegar la libertad a costes inasumibles y elitistas para la mayoría.