Me alegra que se haya aprobado en España el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya debía haberse aprobado hace años, y que existe en los países de nuestro entorno. Ahora es más necesario a causa de la grave crisis ocasionada por la pandemia.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José-Luis Escrivá, ha afirmado que, al regularlo, se han tenido en cuenta “los mejores esquemas europeos”. Pero el IMV tiene algunos agujeros.

El primer agujero es que ha agitado con razón a los ya penalizados pensionistas españoles, que han puesto el grito en el cielo, al excluir a los mayores de 65 años, dejando fuera a los que cobran pensiones de jubilación no contributivas inferiores a 462 euros, que es el mínimo que otorga el IMV, con un máximo de 1.015 euros.

Una discriminación por razón de la edad. Como afirman los pensionistas, el Gobierno se ha olvidado de ellos. ¿Por qué? O es porque el Gobierno piensa que no son “sus” votantes los españoles de esa edad, o bien porque piensa que se van a quedar callados. Grave error e injusto: medio millón de españoles cobran 395 euros de pensión.

Segundo agujero: los desempleados mayores de 52 años, que hayan cotizado por lo menos 15 años, perciben 430 euros, menos que el IMV. ¿Alguien lo ve justo?

Tercer agujero: se exige en el IMV haber residido un año en España. En Dinamarca se exige haber vivido en el país 7 de los últimos 8 años; en Italia, haber vivido 10 años, los dos últimos sin interrupción; en Alemania, 5 años de residencia y haber trabajado en Alemania.

Al Gobierno parece que le sobra el dinero, y bien sabemos todos que no estamos para ser tan “espléndidos”, mucho más que otros países europeos con más capacidad económica que nosotros, y en el caso de Italia mucho más exigente porque ve que sus números exigen rigor, y no estirar el brazo más que la manga.

Cuarto agujero: no se les pide a los perceptores del IMV ninguna colaboración social. Les va a pagar el Estado, lo pagan en definitiva los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos, y sería justo que prestaran algún servicio social, adecuado a su edad y circunstancias.

Hay necesidades sociales en España que no están cubiertas suficientemente, como la atención a ancianos y enfermos, o las limpiezas en bosques y ríos. No es bueno que ‘papá-Estado’ regale dinero. Ha de lograr que los dependientes tengan mejor calidad de vida, y los beneficiados por el IMV deberían contribuir a cambio del subsidio en alguna tarea social –por ejemplo, media jornada-, de las que todos somos conscientes, menos el Gobierno.

En los ayuntamientos son muy conscientes de que no llegan a numerosas necesidades sociales. No creo que fuera difícil de aplicar, si se tiene claro el planteamiento. Sólo hace falta pensar y poner a trabajar a funcionarios y beneficiarios del IMV para que la solidaridad se haga con cabeza y armonizándola con la justicia.