El pasado 4 de noviembre Susana Camarero dio una noticia que fue una gran alegría para quienes seguimos con interés los temas sociales: ¡licitada la gestión integral de 11 residencias y centros de día de la tercera edad, de titularidad pública, para los próximos 5 años! Entre ellas dos de Castellón: El Pinar y Virgen de Gracia. El importe de 209 millones de euros supone un aumento del 60% respecto a los contratos anteriores, el presupuesto más alto destinado a la red residencial pública en toda la historia.

Los nuevos pliegos otorgan dignidad y justicia a estas residencias públicas concertadas. Se suben salarios, se amplían plantillas creando más de 50 puestos de trabajo, la Generalitat aumenta hasta un 90% lo que aporta –un 55% en centros de día-, dando garantías y estabilidad al cuidado de nuestros mayores, que lo necesitan y merecen.

Estas 11 residencias se suman a las 8 que ya se habían sacado a concurso. Ahora faltan 9 residencias -dos en la provincia de Castellón- , para completar esta histórica decisión, que afecta a miles de personas, entre trabajadores, usuarios y familias de trabajadores y usuarios. Hay que valorar el paso que se ha dado, por sus dificultades y por la herencia envenenada. Algunos trabajadores tenían que tener otro trabajo adicional para sacar adelante la familia: ya será pasado. Detrás de un salario hay una familia; detrás de un usuario hay una familia: la alegría afecta a varios miles de personas. 

Había algo de temor o desaliento, porque se licitaron cuatro residencias, luego otras cuatro, y parecía que iba a ser con cuentagotas. No ha sido así. Ojalá las 9 restantes se liciten ya a la vez, y pronto. Y se adjudiquen todas con urgencia.

Hace un año, la consellera de Servicios Sociales –además de vicepresidenta primera y portavoz del Consell-, Susana Camarero, reconoció que todas las residencias públicas concertadas de la Comunidad Valenciana estaban con contrato de gestión caducado. En definitiva, una situación de grave desidia e injusticia, heredada del Botànic.

Una situación laboral muy injusta que urgía resolver. Hubo lógica migración laboral, dificultad para cubrir puestos de trabajo, en un sector tan social y vulnerable como son los ancianos que han de vivir en una residencia. Para colmo, Mónica Oltra dejó un rastro de promesas de residencias incumplidas y un discurso sobre las residencias que ensalzaba hipócritamente la esmerada atención, clima de hogar, módulos asequibles. 

La política social de un Consell se mide por hechos, no por promesas. Quienes atribuyen a los partidos de izquierdas el patrimonio de la política social deben pensar.