El cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tiene los dos ingredientes, a la vista de lo que vamos sabiendo. Todo apunta a un trato de favor y, a la vez, una cacería en toda regla de Sumar, Podemos o/y el colectivo LGTBI, que se opusieron a su nombramiento por su postura sobre algún aspecto de la ley trans.

La propia afectada ha hablado de cacería, y tiene todos los ingredientes de serlo. Sin desmerecer el trabajo periodístico de ‘El Español’, la información que se ha publicado apunta a esos orígenes evidentes. Haber proporcionado esa información a ‘El País’ hubiera podido acabar en la papelera: tiene otras prioridades, como los casos de posible abuso por parte de algún eclesiástico.

Ahora toca averiguar si ha habido trato de favor. La Generalitat Valenciana ya está investigando un contrato realizado por el anterior Consell, el de Ximo Puig, con la empresa vinculada a la hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres.

Se lo han puesto en bandeja a Carlos Mazón: quiere averiguar el destino de hasta el último euro de los valencianos. Se trata de un contrato de 14.250 euros, dirigido a cubrir el servicio de información, asesoramiento, prevención y denuncia en los puntos violetas en festivales de la Comunidad Valenciana. El contrato fue firmado en mayo de 2023 y finalizó en septiembre de 2023.

Sumar, partido que gobierna con el PSOE, tal vez ha sido el más contundente con Isabel García. El portavoz de Sumar, Iñigo Errejón, ha afirmado que “nunca debió ser nombrada”, y que es “injustificable usar una institución trascendental contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal”. Queda demostrado que le habían declarado la guerra.

La ex directora ha afirmado que, puesto que tiene la conciencia muy tranquila, no dimitió, y que todo es legal, simplemente resultado de una cacería.

Isabel García, cesada como directora del Instituto de las Mujeres, ha facturado una suculenta cantidad con sus empresas Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad e IMBER Consultoría de Igualdad, 250.000 euros, en los últimos dos años. Al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos madrileños y valencianos para la gestión de los puntos violeta contra la violencia de género. 

Se da la “casualidad” que se trata de ayuntamientos gobernados por el PSOE, pero tal vez ese hecho deja cierta sorna en un sector de la sociedad española, porque no es nada comparado con los 700 millones de euros de los EREs de Andalucía -¡el mayor caso de corrupción de la historia de España! -, y que el Tribunal Constitucional ha limpiado, anulando las condenas a José Antonio Griñán y Manuel Chaves. ¿Nos falta ver un atropello mayor?

Tras el “borrado” que ha hecho el Constitucional, esos 250.000 euros pueden parecer una minucia casi irrelevante ante un panorama de corrupción económica, política y judicial que se supera cada día. No cabe el desaliento: la lucha contra la corrupción es una emergencia nacional. 

Además, Isabel García atribuye a “pseudoinformaciones periodísticas” su cese. No lo han estimado así quienes han considerado los hechos como escandalosos y motivo indudable para que fuera cesada, probablemente porque son ellos los que han proporcionado la información publicada en ‘El Español’ el pasado 17 de julio.

Sería muy interesante que, en esos al menos 64 ayuntamientos, se aclarara cómo se aprobó cada convenio, términos y condiciones, gobierne ahora el PSOE o no. De lo contrario puede quedar en un “caso cerrado” que incrementa la desconfianza en la política, y todo se reduce a estimaciones o posturas partidistas. 

Se puede pensar que sale a una media de 4.000 euros por convenio, aproximadamente, ¡y tampoco es mucho! Es posible el conformismo ante la corrupción. 

Cuando toda España está pendiente de la imputación de Begoña Gómez y la declaración del testigo Pedro Sánchez, y Junts está chantajeando a Sánchez, unas elecciones generales anticipadas puede ser la solución que atisbe el presidente del Gobierno. Está haciendo sus cálculos numéricos y de opinión pública.