Dos decretos del Gobierno valenciano son la fotografía de un ataque a la libertad en toda regla: el de conciertos educativos y el del modelo lingüístico valenciano.
El ariete contra la libertad es un joven conseller, el de Educación, de 33 años, elegido minuciosamente por Mónica Oltra en las filas de Compromís. Su trayectoria personal y profesional –es maestro– en el sindicato STEPV y en Escola Valenciana no ofrecían ninguna duda: imposición del valenciano en la educación –que para Marzà equivale a imponer catalán– y asfixiar a la enseñanza privada.
Las intenciones del conseller de Educación quedaron más que claras desde que se hizo cargo de una Consellería tan importante para la sociedad y con un impacto mediático incesante. Siempre es importante, y él desde el comienzo quería dirigir un cambio educativo a gran escala y con celeridad. Un cambio que, hasta en la decoración de su despacho, quiere que llegue a todo: de la pared cuelga una bicicleta, la gran afición deportiva del conseller.
Marzà es de trato cordial, educado, nada que ver con su modo de dirigir la Consellería, donde predomina la falta de diálogo con la sociedad y la imposición, la falta de libertad, que está movilizando en su contra a partidos políticos, sindicatos, patronales de centros concertados y AMPAs.
Sin embargo, el ciclista Marzà parece preparado y curtido para la carrera de fondo de implantar sus ideas, pese a denuncias en los tribunales, quejas al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano), iniciativas de la oposición política en la Comunidad Valenciana –PP y Ciudadanos– y de los diputados del PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y una retahíla de recursos legales, manifestaciones multitudinarias a favor de la concertada, que reflejan el choque entre Marzà y la sociedad valenciana, no sólo la política.
Marzà es el ariete, joven y sin miedo a quemarse, pero cuenta con todo el apoyo de Mónica Oltra, la aquiescencia del socialista Ximo Puig y, por supuesto, de Podemos. Un tripartito de izquierdas en conflicto con todos los demás.
El pasado lunes, en Palma de Mallorca, el joven conseller valenciano se reunió con sus homólogos balear y catalán, para defender la unidad de la lengua entre las tres comunidades autónomas. Unos posibles Países Catalanes entusiasman a Marzà, y así consta en sus declaraciones.
La libre elección de centro educativo por parte de los padres está en juego, y también la lengua. Para ello, Marzà ha sacado adelante un decreto que penaliza el castellano: seis módulos posibles, ofreciendo buen nivel de inglés con la condición de que la enseñanza restante sea en valenciano; si se opta por el castellano, sólo un inglés de mínimos.
Poco le importa a Marzà lo que deseen los padres, él sabe mejor lo que les conviene. En Valencia ciudad no se habla mayoritariamente el valenciano, hay zonas castellano-parlantes (la provincia de Alicante entera, las comarcas de Utiel-Requena y el Alto Palancia), pero el ataque es para todos por igual.
El ataque a la enseñanza concertada lo reviste con un traje –“calidad de la educación pública”– y el ataque al castellano lo reviste con otro traje –“modelo educativo plurilingüe”-, porque siempre la violencia y los ataques contra la libertad necesitan una excusa, un imán que atraiga a ingenuos, un rostro amable que disfrace a los dictadores, un analgésico que mitigue el dolor generado por el enfrentamiento social provocado a propósito.
Acaban de conocerse los excelentes datos de exportación españoles en 2016. La Comunidad Valenciana es la segunda más exportadora. Tiene un gran dinamismo empresarial. El inglés tiene mucha importancia, pero el valenciano no parece que lo tenga ni lo vaya a tener, mientras que el castellano sí: es el segundo idioma más hablado del mundo.
Entre otros ejemplos de respuesta enérgica ante los decretos de Marzà –ya aprobados por el Consell y publicados en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana– me llega la noticia de otro más: la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA) va a recurrir en vía contencioso-administrativa los dos decretos en discordia, según me confirma su presidente, Vicente Morro, que tiene muy calado a Marzà, y por eso el conseller ni se digna contestar a sus reiteradas solicitudes para dialogar.
El conseller valenciano es tenaz, como buen ciclista. Aguanta el pedaleo, pero tal vez no piensa que quienes defienden la libertad tienen más y mejores argumentos para ser tenaces, y aguantar tanto y más que él en el “pedaleo”.
En una sociedad anestesiada como la actual, falta por ver el arraigo de la libertad en las familias, que son las protagonistas de la educación siempre, para que no se quede todo en un rifi-rafe político.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.