Ya está publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, con fecha 6 de febrero, el decreto sobre el modelo lingüístico educativo valenciano, que aprobó el Consell el 27 de enero. Desde que se conocieron las intenciones del conseller Marzà –que por su trayectoria ideológica personal antes de ser conseller y por sus declaraciones tras ser nombrado responsable de Educación y Cultura en el Consell no han estado nunca ocultas-, los partidos de la oposición han calificado este plan como un “chantaje”, término utilizado tanto por el PP como por Ciudadanos. También la Mesa por la Educación en Libertad.

La portavoz de Educación en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, ha mostrado su indignación porque se discrimina a quienes quieran niveles de inglés elevado y castellano, ya que el inglés cualificado requiere una enseñanza en valenciano. La libertad pisoteada otra vez, revestida de plurilingüismo, y una maquinaria para catalanizar la educación, pues para Marzà el valenciano es catalán. Así lo ha demostrado en la Declaración de Palma, el pasado lunes, con sus homólogos balear y catalán: un frente común -que no “popular”- procatalanista.

En una materia tan importante como la educación, el panorama político valenciano se presenta ahora totalmente fraccionado: el tripartito aislado, y la oposición unida frente a este chantaje. Mal asunto que la educación pague de nuevo los platos rotos de la falta de un amplio debate y acuerdo en la comunidad educativa y entre los partidos políticos: se ha aprobado un Decreto radical, que puede durar hasta 2019, pero que provoca un auténtico terremoto.

El PP ha presentado una queja al Defensor del Pueblo –Isabel Bonig en persona– , los diputados y senadores valencianos han presentado una iniciativa para que se estudie desde el Gobierno central este decreto, y baraja recurrir a los tribunales. Ciudadanos también en Madrid ha pedido que no se deje el asunto sólo en manos de la Comunidad Valenciana, pues el chantaje conculca la libertad y cooficialidad del Estatuto y de las leyes estatales.

Me parece que la comunidad educativa se ha visto ingenuamente sorprendida por este decreto. Se aplicará en los centros públicos y concertados, ya en el curso 2017/18, y tienen de plazo hasta el próximo 15 de marzo para presentar a la Consellería el proyecto linguístico de cada centro. ¿Reaccionarán los padres?