Los casi cuatro millones de parados en España sufren. La mitad de ellos han agotado todos los subsidios posibles por desempleo. Sufren y con frecuencia callan, dicen que atemorizados por posibles represalias, sufriendo en silencio y sin que haya cauces reales para plantear soluciones prácticas, ni siquiera en los casos más sangrantes y crueles: ni los sindicatos ni los partidos políticos recogen sus sufrimientos con medidas concretas, sólo lo hacen con alguna frase o discurso que luego se muestran vacíos y de escaparate, para captar votos pero sin compromiso eficaz constante.

Ponga el lector de estas líneas el calificativo que juzgue más conveniente, pero en mi opinión se trata a los parados hasta con crueldad, no sólo con injusticia. A los parados que tienen subsidio no se les cobra por las medicinas: a los que han agotado los subsidios se les cobra el 40%. ¿Alguien puede entenderlo? Otro botón de muestra: los litigios contra el SEPE –casi todos seguimos hablando del INEM– en los juzgados de lo social, que hacen referencia a prestaciones, “es lo último que se decide”, como les exponen empleados de los tribunales a abogados y graduados sociales que se asombran de lo que se tarda en decidir sobre ese asunto tan vital.

¿Quién va a luchar para que esto pueda cambiar, de verdad? No es fácil, pero la lucha contra la injusticia y la crueldad a lo largo de la Historia se nutre de valientes que pelean por los demás, muchas veces indefensos económicamente y desanimados por esfuerzos inútiles durante años. Más de la mitad de los parados de larga duración llevan cuatro años o más en el paro, y es casi imposible que se contrate a personas en torno a los 60 años. Todos tenemos que hacer más por los parados, pero tal vez lo operativo –aunque penoso– es que los parados se organicen mejor ante tanta crueldad. Y más tras “celebrar” el Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo, una fiesta con muchos contrastes.

¿Hay necesidades laborales? Por supuesto, y basta con aludir a la atención a personas mayores o dependientes. Un “pequeño” detalle: los expedientes de valoración de la dependencia, ahora valorados inicialmente en los ayuntamientos por decisión de Mónica Oltra, son ya 17.000, cuando hace 2 años eran 2.000. Y lo que se tarda en valorar y decidir una situación de dependencia es intolerable. Antes que gastar dinero público en viajes a Finlandia de Puig y Marzá para conocer su sistema escolar, por ejemplo, que se destinara ese dinero a puestos de trabajo para valorar y decidir situaciones de dependencia.