Resulta complejo hablar de prioridades del Gobierno, pues la única real para Pedro Sánchez es permanecer en la Moncloa, cueste lo que cueste, cediendo en lo que haya que ceder. La supervivencia política es su prioridad.

Teniendo en cuenta esta realidad –dolorosa e inmoral-, habría que repasar cuáles son las prioridades de Pablo Iglesias y de cuantos apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez. En síntesis, cada partido que apoya a Sánchez tiene una prioridad: sacar todo lo posible para sus intereses electorales o ideológicos, sabiendo que Sánchez cede en todo para sobrevivir. Así de penoso.

Sin embargo, el Gobierno es constante en atacar lo que podríamos denominar las tres “ces”, aunque no sean prioridades para Pedro Sánchez, sino de algunos socios de gobierno. O tengan, por decirlo de algún modo, una “paternidad” compartida o tolerada.

Las tres “ces” están en boca de todos: ataques al castellano, a la concertada y a la comunicación.

El común denominador de estas tres “ces” es el ataque a la libertad, la imposición sectaria, muchas veces ni disfrazada.

El castellano se quiere eliminar como lengua oficial. Verlo para creerlo. Quieren hacer realidad lo de que España es diferente, porque fuera de nuestras fronteras no se entiende. Yo, que he vivido en tres comunidades autónomas –Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana-, me considero conocedor de realidades lingüísticas e imposiciones, y amar lo autóctono no es incompatible con garantizar el bilingüismo, por historia, realidad y hasta por el trabajo profesional en el futuro.

También es cierto que la eliminación del castellano se propicia por los complejos  y falta de sentido común de algunos, no pocos precisamente. En una ciudad valenciana, Mislata, pegada a Valencia capital, en un pleno del ayuntamiento  el pasado 29 de octubre, el portavoz del PP defendió lo mucho que ha hecho en estos años el PP en la localidad para que todo sea en valenciano, alegando que es el idioma que une a los 43.000 habitantes del municipio, de más de 100 nacionalidades. Y, al igual que Cs, el PP votó contra el uso del español en el ayuntamiento. Asombroso. ¿Alguien tomará medidas?

La segunda “c” es la concertada. Conforme pasan los días, se van conociendo detalles de la ley Celaá para ahogar a la enseñanza concertada. El Gobierno quiere tener la exclusiva de la educación, sin respetar la libertad y el derecho de millones de españoles, que además logran que un puesto escolar en la concertada le salga a las Administraciones un 50% más barato. Pero, por encima del ahorro, quieren asfixiar a la concertada: la imposición sectaria hasta por encima de la economía en una grave crisis económica como la que padecemos. 

Algunos se contentan con el argumento de que, se apruebe lo que se apruebe, será papel mojado luego en cada comunidad autónoma: peligroso razonamiento, que lleva a no movilizarse ahora, y que probablemente se basa en la comodidad de una sociedad civil que sigue aletargada, esperando todo de papá-Estado.

Y la tercera “c” es la comunicación. Con el denominado “Ministerio de la Verdad”, desde la Moncloa y de la mano de Iván Redondo, quieren controlar la información. Los delitos en la información ya se pueden castigar con la legislación vigente y el derecho a rectificar está en vigor. Pero lo que quieren es tener a los medios de comunicación y periodistas asustados y controlados. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dicho que no se ha sabido explicar bien lo que pretende el Gobierno, porque un Gobierno no puede ni debe controlar la información: no son batallas para ingenuos las que se están librando en nuestro país.

Cabe la esperanza de la movilización ciudadana para que estos ataques a las tres “ces” no salgan adelante, y que veamos rectificaciones como la del IVA en las mascarillas, que se cobra un 21% por considerarlas artículo de lujo, y la semana que viene pasarán a estar gravadas con un 4% como artículo de primera necesidad. Pero hay que moverse, porque la inacción ante los dictadores elegidos democráticamente se paga cara.