Alfonso Ussía ha escrito en redes sociales que, si Pedro Sánchez acusa a Pablo Casado y Santiago Abascal de la muerte de Antonio Machado y Manuel Azaña, él acusa a Sánchez de la muerte de su abuelo en Paracuellos. La imprudencia y el afán revanchista de Pedro Sánchez está encontrando mucho rechazo en nuestra sociedad, que mira al presente y al futuro, y del pasado sólo recuerda que hubo una cruenta y dolorosa Guerra Civil en España hace más de 80 años, de la que nadie puede decir que todos los contendientes de un bando eran héroes y ni todos los del bando contrario villanos: hubo de todo en todas partes, y basta saber un poco de historia. Pero reabrir heridas no conduce nada, salvo al odio, teñido de tergiversación por parte de Pedro Sánchez.

Nunca lo he publicado. Tengo que agradecer a mi padre que no sembrara en nosotros, sus hijos, semillas de odio. Nunca me habló –que yo recuerde– de esto que narro a continuación. A mi padre le denunciaron falsamente tras la Guerra Civil por defender ideales republicanos, ¡a él que había sido nombrado Secretario Sindical Local por Falange Española el 20 de agosto de 1938!: ya se ve, a primera vista, que no era muy probable. Los motivos reales eran muy distintos: mi padre pertenecía a la junta de reclutamiento, en Calamocha (Teruel): dio como aptos para ir al frente a unos jóvenes de la villa, y tuvieron que incorporarse a filas.

Tras la guerra, una denuncia falsa –en un folio, a mano, de esos jóvenes que pretendieron esquivar el frente- inició un proceso judicial que llevó una gran zozobra a mis padres. Si se le condenaba, la incautación de bienes, el destierro y la inhabilitación eran las penas previstas.

Un tribunal le abrió expediente el 25 de octubre de 1940, amparándose los denunciantes en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. El tribunal absolvió a mi padre el 10 de diciembre de 1941. En su escrito de defensa, mi padre se defendió con valentía: aludió a que, si la autoridad judicial hubiera llevado a cabo una “pequeña información”, hubiera comprobado lo infundado de la denuncia y evitado llevar la intranquilidad a una familia; además, mencionaba el posible “pase a otra autoridad para la imposición de la sanción correspondiente por la infamia”. Lo que hacía mi padre, con sus conocimientos de Derecho, era adelantar muchas críticas por las deficiencias jurídicas de esa Ley que en décadas posteriores se han vertido. Ese proceso, que consta de 123 páginas con toda la documentación, está al acceso de cualquier interesado, en el Archivo Histórico Provincial de Teruel. Lo averigüé ya fallecido mi padre: ¡gracias!