Se mire como se mire, la ministra de Sanidad ha sido imprudente en su declaraciones sobre el aumento del copago farmacéutico, hablando de planes, estudios y negando todo en una red social.

No me sirve de explicación que se pueda tratar de un “globo-sonda”, a ver cómo reacciona la sociedad española. Una persona que está al frente de un ministerio debe estudiar las cuestiones, con rigor, y no alarmar previamente, precisamente a un sector tan sensible como los pensionistas.

Tampoco sirve la excusa de que es “nueva” la ministra Dolors Montserrat. Tiene formación suficiente y se da por descontado que, cuando se le ofrece esa cartera ministerial por parte de Rajoy, es porque había garantías de prudencia.

Le ha puesto en bandeja al PSOE la oposición política, enarbolando la bandera de evitar el copago, no subirlo e, incluso, suprimirlo. El portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, ha acertado en sus críticas.

Es inadmisible que la ministra afirme que se va a estudiar, y que no sabe si del estudio saldrá el aumento o la disminución del copago en pensionistas a partir de 18.000 euros, para luego afirmar que no habrá aumento. Como es lógico, los más de 2 millones de pensionistas en esa franja se han alarmado.

Lo que sí debe hacer la ministra es eliminar cuanto antes el copago farmacéutico en el caso de los parados de larga duración. Ya debía estar aprobado.

La ministra ha de pensar que un pensionista con 18.000 euros suele pagar en la Declaración de la Renta anualmente y que muchos pensionistas están ayudando a hijos o hijas, porque están parados y no pueden hacer frente a los gastos del hogar. El sacrificio silencioso – y gustoso – de muchos pensionistas ha de tenerse muy presente.

Puede ser necesario replantearse el Estado de Bienestar, para no estirar el brazo más que la manga. Es evidente que hay que hacer reformas estructurales, pero prácticamente nadie pone ejemplos reales de esas reformas estructurales.

En este clima de mejora económica pero con más de tres millones de parados en España, las medidas que supongan aumentar cargas económicas no se pueden lanzar como “globo-sonda”. Es una irresponsabilidad.

Un pensionista cobra en función de derechos que ha adquirido durante décadas. Cualquier cambio ha de estudiarse con sumo cuidado, con tiralíneas. Si hay que aplicar el bisturí en algún caso, debe estudiarse con gran cautela, sosiego, y no como ocurrencia a los dos meses de ser ministra.