Soy de los que pensaban que el Tribunal Supremo decidiría que la banca corriera con los gastos del impuesto sobre las hipotecas, tras sus maratonianas reuniones del pasado lunes y martes. No por fundamento jurídico, sino por cómo se han desarrollado los acontecimientos, de manera que los ciudadanos esperaban recuperar el dinero. 

Esperaba que se decantara en ese sentido, evitando la retroactividad, ya que el reglamento de la Ley Hipotecaria, durante décadas, tiene establecido que es un gasto por cuenta del ciudadadano, pero un cambio con retroactividad es algo que chirría claramente en el Derecho.

No creo equivocarme al afirmar que acabará pagando la banca, mediante un cambio en el reglamento de la Ley Hipotecaria. La mayoría de la sociedad civil está a favor de ese cambio, y los partidos políticos llevarán ese cambio, máxime en un período pre-electoral como el que ya estamos.

De todas formas, igual que los niños no vienen de París, aunque acabará la banca pagando ese impuesto, el cambio lo pagaremos, como siempre, los ciudadanos, mediante aumento de costes en los servicios bancarios. Que nadie se lleve a engaño.

El Tribunal Supremo la ha liado, y bien. Las sentencias contrarias han generado falsas expectativas, críticas fundadas, perplejidad en el extranjero. Que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, convocara el Pleno por la repercusión social ha dejado en muy mal lugar a los magistrados, que han de actuar conforme a Derecho.

En la banca, se tenía casi asumido que le tocaría pagar el impuesto, aunque indignada por cómo había interpretado el Supremo la norma de modo contrario en poco tiempo. 

La Justicia es ciega, o debería ser ciega, pero en este caso ofrece lunares que son auténtiticos cráteres. En la calle está el debate de cómo ha sucedido todo, y es inevitable que se mencionen las presiones políticas, bancarias y judiciales que pueden haberse producido en estos días, cambiando de criterio algunos magistrados, estando ausentes 3 de los 31 magistrados, y con una votación de 15 a 13 que da alas a quienes defienden que no ha primado el Derecho o, al menos, la independencia judicial. 

Con su chapuza, el Tribunal Supremo se ha disparado en su propio pie, se ha desprestigiado. Las sombras sobre las aspiraciones en la carrera judicial de los magistrados que han votado se han alargado, y el Consejo General del Poder Judicial como “bombón” apetecible para algunos de ellos es un elemento más que perturbador.

El Supremo se ha desprestigiado, y con él los populismos de toda índole tienen carnaza. No es para acusar sistemáticamente a la Justicia de “servidora del poder”, pero sí para avanzar en todo lo que suponga la independencia de los jueces.