Cuando en una Comunidad Autónoma se ha decidido optar por la zona escolar única, siempre se han tomado medidas para evitar la segregación que, según los críticos, trae la liberalización de la oferta escolar. 

La asimetría de información (y de interés) entre las familias de más y menos ingresos es uno de los argumentos para los detractores de las políticas “liberalizadoras” del mercado educativo. En realidad, el debate sobre este asunto sigue muy frecuentemente los cauces (y el estilo esloganero y poco profundo) de la discusión política entre liberalismo o intervencionismo.

En la Comunidad Valenciana se acaba de publicar el decreto de admisión de alumnos que elimina el distrito único y se obliga a las familias a que sólo puedan elegir en la practica el colegio del barrio en detrimento de la libertad de elección.

Por eso, vale la pena recordar algunos razonamientos realistas (es decir, pegados a la realidad de las escuelas) y alejados de las consignas ideológicas. Estos acercamientos suelen reconocer, en primer lugar, la complejidad del problema: no es fácil determinar la influencia de medidas liberalizadoras del mercado educativo (como la de la zona escolar única o los cheques escolares) en la segregación socioeconómica de las aulas, puesto que a esta segregación concurren otros factores ajenos a la escuela como la política urbanística, la inmigración, e incluso la situación económica del país.

La OCDE ha publicado varios documentos al respecto. En uno de ellos se señalaba que, como norma general, la segregación socioeconómica por tipo de centro (concentración de alumnos desaventajados en los colegios públicos) era menor en aquellos países que más financiaban su escuela privada.

En su libro La escuela que necesitamos, E.D. Hirsch explica las limitaciones de aplicar al ámbito educativo el modelo económico liberal (a más oferta, más competencia y por tanto más calidad del producto). Por un lado, comenta, mientras que en la esfera económica los clientes suelen saber lo que quieren, en la elección de centro no ocurre lo mismo, ya sea por ignorancia, falta de interés o incapacidad: “Los resultados de la escolarización tardan mucho tiempo en verse. Incluso cuando los padres saben qué logros quieren ver a largo plazo, rara vez tienen una idea clara de lo que desearían que los colegios hicieran en el día a día para lograrlo”.

La falta de conocimientos pedagógicos de la gran mayoría de los padres (lógica, por otro lado) y la no inmediatez de los resultados son dos importantes obstáculos para que exista una libertad real en la elección de centro. Además, no tienen fácil solución. Por el lado de la demanda, todo lo que se puede hacer, además de dotar de medios económicos a todos según sus necesidades, es preocuparse de que a las familias menos involucradas les llegue al menos un mínimo de información.

Hirsch señala otra disfunción del mercado, relacionada esta vez con la oferta, y que sí tiene solución posible, aunque no sea fácil. Se trata de que los colegios realmente ofrezcan modelos pedagógicos distintos. Para Hirsch, existe una especie de monopolio intelectual en la pedagogía moderna que ha uniformado (y empobrecido intelectualmente) la escuela. Todo su libro es un alegato contra ese modelo pedagógico, centrado más en el proceso de aprender que en la profundidad y rigor de los contenidos enseñados: así, los clichés de esta tendencia educativa son “el fomento de la autoestima del alumno”, el “respeto a su ritmo individual de aprendizaje”, “la alegría de aprender” o el “aprendizaje cooperativo”.

Una de las consecuencias de este monopolio intelectual es que los proyectos educativos que los padres pueden ver en los distintos colegios son todos muy parecidos. A falta de propuestas pedagógicas originales, los colegios terminan compitiendo (y los padres decidiendo) por las instalaciones o las actividades extraescolares. Así, los padres a los que estos aspectos no les importan especialmente, terminan escogiendo el centro más cercano a su casa.

Para Hirsch, si realmente se pretende que los padres puedan elegir libremente, la primera medida debería ser obligar a los colegios a diseñar un proyecto educativo serio y centrado en los aspectos académicos.

Henry Levin, economista y director del Centro Nacional para el Estudio de la Privatización Educativa de la Universidad de Columbia (NCSPE, por sus siglas en inglés), es uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de los modelos de financiación escolar. En una conferencia dada en Madrid en la Fundación Areces, abordó el recurrente debate de si la función social de la escuela está intrínsecamente enfrentada con los intereses privados.

Levin planteó en la conferencia cuatro factores que pueden servir para evaluar cualquier sistema educativo: la libertad de elección que ofrece a los padres, los resultados que obtienen las familias respecto a su gasto, la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y la cohesión social que produce. Los dos primeros estarían más ligados a objetivos privados, en cuanto que protegen los intereses de los individuos; los dos últimos responden a la denominada “función democratizadora” de la educación.

Levin señaló que en las últimas décadas se ha producido un énfasis en el aspecto de la libertad de elección. Prueba de ello son los cambios en las políticas educativas de distintos países del primer mundo, como Estados Unidos, Suecia, Reino Unido o Chile.

Este giro se ha traducido en el auge de escuelas concertadas, de titularidad y gestión privadas pero financiadas públicamente: por ejemplo las academies y free schools británicas, o las charter schoolsnorteamericanas.

Una de las conclusiones de la conferencia de Levin es que el debate educativo está demasiado politizado, y solo cuando se despolitice se podrá llegar a un acuerdo razonable, que atienda a los objetivos públicos y privados de la educación.

Como muy bien ha declarado Concapa-CV, la vuelta a las zonas hará que los centros no se vean “obligados a desarrollar y trabajar por obtener buenos resultados y que el nuevo sistema asegura cómodamente un minimo de alumnos”

Necesario y urgente es llegar a un Pacto por la Educación en España.