El Consejo de Transparencia ha dado diez días a Sanidad para que informe de quiénes fueron los expertos que asesoraron en la desescalada de la pandemia. Las excusas del Ministerio de Sanidad dan risa o pena, según se mire, ante el argumento del Consejo de que es un derecho de los ciudadanos estar informados, sobre todo en situaciones excepcionales.
Las casi 300 ocasiones en que el Consejo de Transparencia ha obligado a que el Gobierno informe son un lamentable reflejo de cómo gobierna Pedro Sánchez, confirmando lo que escribí hace tiempo acerca de la mentira que ha acompañado, acompaña y acompañará a Pedro Sánchez en su modo de gobernar.
De todas formas, no tengo claro en esta ocasión que sea cierto el refrán de que antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Tiene ya tal experiencia en mentir que no es tan fácil descubrir las mentiras. Está muy experimentado.
La mentira tiene muchos grados. Para un gobierno elegido democráticamente, el deber de informar de cuestiones esenciales es indudable, y ocultar o disfrazar la realidad es una forma de mentir.
Los ejemplos de cómo ha mentido este Gobierno con motivo de la pandemia los tenemos muy presentes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, con la colaboración de Fernando Simón, nos transmitieron el mensaje de que no hacían falta mascarillas, y luego nos obligaron a usarlas. Fechas, datos de contagiados y fallecidos, y un largo etcétera, constituyen una auténtica cronología de las mentiras sobre la pandemia.
No deseo extenderme en esa retahíla de mentiras, datos escondidos e incompletos. Es cierto que también abundan en las redes sociales, pero a veces ha sido el mecanismo ciudadano para obligar a se supiera con qué equipos atendían los sanitarios a los pacientes de Covid-19, y exigir responsabilidades, por poner un ejemplo: fotos en que se veía fabricarse los propios sanitarios un “traje” de protección con bolsas de basura. Y sobre las residencias de ancianos no me extiendo ahora.
Decir la verdad no alarma a los ciudadanos, porque somos adultos. Lo que alarma es la mentira continuada, que nos lleva a no tener confianza en las autoridades.
Me preocupa el trabajo de los periodistas. La dura situación económica está conduciendo a más despidos, en estos días, en diversos medios de comunicación. Cae la publicidad, caen los ingresos, y por tanto las empresas periodísticas toman sus decisiones, que una vez más suponen despidos o no renovación de contrato.
Con dificultades en los medios de comunicación, un periodista ahora se encuentra con la dificultad de falta de información, datos sesgados, análisis comparativos con referencias variables y con frecuencia una opacidad que se pretende enmascarar dando multitud de datos mareantes.
Son tiempos difíciles para el periodismo, y a la vez es más necesario. La honradez no sólo incumbe al Gobierno, también a los medios de comunicación, a los periodistas, sin ceder a la facilonería o a la versión oficial de cuanto sucede. Y encima hay que luchar contra el desprestigio social de la profesión periodística.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.