Beatriz Gascó, la portavoz de Educación del PP en Les Corts, ha calificado como “cacicada” del conseller de Educación, Vicent Marzà, el hecho de modificar los proyectos lingüísticos de los centros que tenían doble línea en castellano y valenciano “haciendo desaparecer el castellano”. Acusa a Marzà de modificar “a su antojo” los proyectos lingüísticos de los centros que anteriormente impartían la enseñanza con doble línea, y así relegar a la mínima expresión el castellano, con lo que se impide la libre elección de las familias y el pluralismo. La Consellería está tumbando los proyectos lingüísticos de centro que preveían una enseñanza equilibrada en ambas lenguas, y por ello el Grupo Parlamentario Popular pedirá todos los proyectos lingüísticos de los centros que Marzà ha modificado.
Marzà ante su penúltima imposición del valenciano, porque la última me temo que todavía no la conocemos, pero no tardará. Lleva toda la legislatura siendo el ariete contra el castellano, sin importarle los varapalos judiciales, las protestas en la calle, los recursos de los centros educativos ni el argumento de la libertad de elección de lengua respetando la cooficialidad del castellano y el valenciano. Hay material para escribir un libro sobre la animadversión de Marzà contra la libertad educativa, con una lucha continua contra la enseñanza concertada y contra el castellano. Sin duda, no podría estar haciéndolo si no contara con el apoyo y aliento de la coalición a la que pertenece, Compromís, y el aplauso de PSPV y Podemos.
Además, Gascó ha puesto de manifiesto que el inglés ha sido una excusa del conseller, desde el principio, para ocultar sus intenciones reales: imponer el valenciano. Gascó ha recordado que en Educación Infantil se va a poder dar como máximo un 10% de inglés ¡vaya plurilingüismo!
Marzà está llevando a cabo lo que le pidió Mónica Oltra, desde el principio. Sin descartar nuevos recursos judiciales, la clave para lograr la defensa de la libre elección de lengua en la educación está en la sociedad civil, que hasta ahora se ha posicionado contra Marzà, y que ahora tiene una ocasión de oro ante las próximas elecciones autonómicas y municipales, ya muy próximas, pues quedan sólo 9 meses. Salvo que haya adelanto electoral. La sociedad civil –los padres, los centros educativos– debe mostrar su fuerza ahora, mucho más ahora que se divisan elecciones: la modorra veraniega debe dar paso a la realidad de pelear por defender la libertad educativa.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.