El martes pasado, Carlos Herrera le dio un repaso a un senador del PSOE,  Miguel-Ángel Heredia, por llamar a “no educar a los pijos con dinero público”.  En síntesis, Herrera le dijo que era un indocumentado, que la enseñanza es un servicio público y que lo cumplen también los centros concertados, y que los servicios públicos son para todos, y que es preferible financiar a “pijos” que a políticos que van de prostitutas con los fondos de EREs en Andalucía. Vamos, que le dio un repaso en toda regla al senador socialista.

Lo que deseamos todos es que los servicios públicos funcionen bien: tenemos derecho porque pagamos impuestos. El Estado está para servir con sus bienes e ingresos a los ciudadanos.

Hay diversas formas de prestar esos servicios públicos: por parte de los propios organismos públicos, aprobando convenios con entidades privadas, o concertando plazas. Además, quien pueda y quiera puede acogerse a entidades privadas que dan esos servicios, en vez de acudir a los servicios públicos a los que se tiene derecho. Por ejemplo, en materia sanitaria, en centros asistenciales o residencias de ancianos,  o en materia educativa.

Las residencias de ancianos son, en su mayoría, privadas, porque el Estado no llega a cubrir esa necesidad social, y conseguir una plaza en una residencia pública es una odisea. Hay residencias públicas con gestión pública, residencias públicas con gestión privada, residencias privadas y plazas públicas en residencias privadas.

Las deficiencias actuales en la atención sanitaria pública, con tardanzas imperdonables, está llevando a contratar muchos seguros privados, y de hecho hay un aumento en estos meses.

Son servicios públicos prestados de diversa manera, con notables carencias por parte del Estado para lo que algunos consideramos una cobertura mínima –por ejemplo, a los más necesitados económicamente-, puesto que tampoco hay que esperar que todo nos lo resuelva el Estado.

La enseñanza en España tiene notables deficiencias, como destacan todo tipo de organismos y datos académicos. La concertada obtiene mejores resultados y, por ese motivo y porque los padres están en su derecho de que se eduque a sus hijos según estiman oportuno, hay un notable arraigo de este tipo de enseñanza. Y puesto que la enseñanza es un servicio público, que se financia con nuestros impuestos, los centros concertados tienen derecho a recibir fondos públicos, cumpliendo los requisitos legales básicos.

Si esto es tan evidente, llama la atención que escuchemos o leamos el argumento, a raíz de la polémica ‘ley Celaá’, de que quien quiera ir a un centro escolar privado, que se lo pague él, es decir que pague con sus impuestos los puestos escolares públicos y la enseñanza que él desea: nada de concertar la enseñanza.

Tan servicio público presta un centro concertado como uno estatal o autonómico. Sin embargo, los enemigos de la libertad y los que quieren imponer unas ideas desde la infancia esgrimen falsos argumentos para descalificar, orillar y castigar a la enseñanza concertada.

Se pueden contratar los servicios de agua o de basuras en una ciudad con una empresa privada, en vez de ser gestionados por el ayuntamiento, pero ahí los dictadores no tienen mayor interés, puesto que no están en juego las ideas o los valores al distribuir agua o recoger la basura.

Y así llegamos a la conclusión, que es clara, aunque voceros de todo tipo se empeñen en decirnos lo contrario: dictadores envueltos de apariencia democrática por haber salido elegidos en las urnas quieren imponer sus ideas a través del servicio público que es la enseñanza. 

Ni siquiera admiten como argumento para respetar la enseñanza concertada que un puesto en la concertada cuesta a las arcas públicas la mitad que uno en la pública, como si nos sobrara el dinero.