El grupo parlamentario Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley LGTBI que, bajo el pretexto de evitar la discriminación, trata de imponer una ideología totalitaria que atenta contra los derechos de padres, educadores, periodistas, profesionales de la sanidad y, en síntesis, contra los derechos de todos los españoles, reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales, que prohíben precisamente toda discriminación a causa de la orientación sexual.

A lo largo de la historia, bien sabemos la injusticia de diversas leyes. Basta invocar las diversas leyes que permitían la esclavitud. Se ha avanzado y mejorado en no pocas materias, pero nuestro tiempo no está libre, ni mucho menos, de legislaciones injustas, y en el futuro se nos juzgará a nosotros por la calidad ética de nuestra legislación. Y la ley del aborto es una injusticia, aunque casi nadie lo manifieste.

No discriminar por la orientación sexual es algo compartido por todos. Sin embargo, esta proposición de ley que ha presentado Unidos Podemos es la más radical de toda Europa, y bien puede afirmarse que es una transgresión de los valores en que se basa nuestra democracia.

El proyecto se fundamenta en la denominada “ideología de género”, que muchas personas siguen sin entender en su sentido real: esa ideología viene a decir que el sexo es una opción, no una realidad. En el proyecto se recoge que los padres pueden llevar a cabo un cambio de sexo a un recién nacido, que se pueden introducir multas por defender lo contrario: estas líneas, según ese proyecto, no podré escribirlas yo en el futuro si se aprueba esa ley –espero que no se apruebe– si no quiero ser multado.

Jaime Mayor Oreja ha dicho que este proyecto “socava los cimientos básicos de nuestra sociedad, y no podemos quedarnos en silencio”. A la vez, ha alertado sobre el calendario que pretende imponerse desde los colectivos más radicales de nuestra sociedad.

La Plataforma por las Libertades –de la que forman parte más de cien entidades– han asegurado que utilizarán los recursos legales para defender los derechos de todos, en la educación, en la libertad de expresión, en la creación artística, en la investigación, que son derechos conculcados por ese proyecto. Esperemos que el Congreso de los Diputados impida una ley tan radical e injusta.