El decreto-ley del pasado viernes, 1 de diciembre, por el que el Consell aprueba el programa plurilingüe educativo tiene tintes esperpénticos. Marzà dice que es para “normalizar” la situación que se ha creado en la educación, pero introduce, de modo torticero, más elementos de confusión, abuso y manipulación. Tras nueve recursos presentados por asociaciones, sindicatos e instituciones; tras tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenando la paralización del decreto plurilingüe; tras meses de desacato y silencio por parte de la Consellería ante esas decisiones judiciales: una situación absolutamente “anormal”, kafkiana.

Se está manipulando y engañando sistemáticamente desde la Consellería. Es un decreto con el que no se ha contado con los padres, ni asociaciones ni sindicatos. La Consellería ha jugado con las fechas para que no hubiera capacidad de reacción, hasta un 1 de septiembre, para que no haya margen, después de haber hurtado a les Corts el necesario debate con comparecencia de Marzà, a petición del PP y Ciudadanos. El rodillo, la apisonadora antidemocrática, sigue pretendiendo imponerse.

Ha sido muy criticado este decreto-ley, y con toda razón. Desde la asociación alicantina Idiomas y Educación – que se creó al conocer los planes de Marzà, desgraciadamente confirmados – han afirmado que este decreto-ley lleva al pánico a la Educación, no sólo a la incertidumbre y al caos. Y tienen razón. Esta asociación forma parte del Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, junto con Covapa (padres de la pública) y Concapa (padres de la concertada), y siempre han denunciado los abusos.

Idiomas y Educación arremete contra el número 2 de la Consellería, Miquel Soler, porque dice que han esperado que el TSJCV se pronunciara ante su recurso de reposición del 31 de julio, y por eso han aprobado el decreto-ley. Agosto es mes de vacaciones judiciales. Soler dice que los programas lingüísticos de los centros son válidos al estar aprobados por los centros: Idiomas y Educación subraya que fueron aprobados por los profesores, sin escuchar a los padres, y en muchos casos aprobados o designados por la propia Consellería, en base a un decreto de febrero de 2017 que está paralizado judicialmente. Tiene razón la asociación al reclamar que se respete el decreto de 2012, y también los Proyectos Lingüísticos de Centro y las lenguas base que hay en los centros. Si había alguna duda, la Consellería demuestra que sólo le importa imponer el valenciano, sin diálogo, sin consultas y engañando. Insultante e impresentable.