La consellera de Servicios Sociales, vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, está incumpliendo sus promesas sobre la licitación de las residencias públicas concertadas. Contratos vencidos desde hace años. Urge resolver una situación injusta, abusiva e intolerable. Una crueldad laboral inadmisible.
Reconoció hace un año que esas más de treinta residencias se encontraban en enriquecimiento injusto, y que pronto se resolvería esa grave anomalía, que afecta a miles de trabajadores y familias, y en primer lugar a los mayores que viven en esas residencias, que han de ser cuidados y tratados con la mayor calidad laboral, porque lo merecen, porque se han dejado la vida en promover una sociedad mejor, y ahora la consellera sigue sin resolverlo, abandonándoles con reiteradas promesas incumplidas.
El silencio de la consellera ya es atronador. Había anunciada una huelga en servicios sociales para el 19 de febrero, a la vista de que el 7 de enero la Consellería había prometido licitar en el primer trimestre. Se desconvocó la huelga el 14 de febrero, por la promesa de Susana Camarero de un diálogo de forma inminente y llegar a un acuerdo de financiación para el período 2025-2030. Reconoció que está pendiente mejorar las condiciones laborales y la estabilidad financiera. Cuatro meses ya de 2025: silencio.
Las palabras ya no sirven, como tampoco que la consellera evoque la lamentable gestión de Mónica Oltra y Aitana Mas. Con la atención a los mayores no se puede “torear” ni empalmar retrasos graves que empañan la conciencia de un gobernante.
A fecha 2 de abril, la suma de incumplimientos en esta materia es ya injustificable. Nada se sabe de fechas a estas alturas, y el argumento de que se paraliza todo en Fallas, luego en Semana Santa, hace temer que el verano sea otro freno. Y a nadie se le escapa que un primer paso es licitar, luego esperar ofertas de las empresas, y adjudicar: es decir, un proceso de tres o cuatro meses como mínimo. Preocupantes las fechas y el horizonte real apunta a 2026. No hay excusas para permitir contratos vencidos.
La zozobra del sector se zanja poniendo una fecha: que Susana Camarero diga que se van a licitar este mes, o que diga mayo, y que cumpla. Por su honradez personal y por su futuro político, la consellera ha de demostrar sensibilidad y eficacia. Sin escudarse en el “tocho infumable” del decreto de tipologías –que he visto y aterra por los cientos de modificaciones– ni en pifias del Botánico. Contra las promesas incumplidas, hay resortes: la huelga sería una medida dolorosa, y Camarero culpable.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.