La violencia se viene produciendo a muchos niveles, y da la impresión de que sólo los jueces están a la altura de esta crítica situación.

El pasado martes un juez de la Audiencia Nacional ordenó detener a dos miembros de los Comités de Defensa de la República, a los que ya califiqué como Comités de Imposición de la República, por los cortes en carreteras y sabotajes a peajes en Cataluña la pasada Semana Santa. La fiscalía les atribuye delitos de rebelión y de terrorismo.

En este clima, líderes independentistas catalanes representan el papel de demócratas, que sólo llaman a las manifestaciones pacíficas. No condenan la violencia, por lo que se hacen cómplices de la evidente violencia que el secesionismo catalán está mostrando: unos lo ejecutan, otros lo alientan, otros se alegran y otros consienten.

La erradicación de la violencia, que se pretende justificar por razones políticas, llevará décadas, esperemos que no tantas como las que se ha permitido que incubara y se propagara el independentismo, con falsedades históricas, coacciones de diversa índole que impiden el ejercicio de los derechos a millones de catalanes, y los “paños calientes” de diversos políticos catalanes y españoles.

El ciudadano de a pie no entiende que 60 personas corten una autopista durante seis horas, y 200 personas en una carretera nacional. Un grave perjuicio para miles de personas. Estaban hasta anunciados esos cortes, por lo que no se entiende que las fuerzas de seguridad no estuvieran prevenidas y actuasen mucho antes. Ante un hecho de esas dimensiones, han de actuar con mucha más diligencia, detener a cuantos sea necesario y no esperar –como parece que suceda– a que los tribunales intervengan.

La violencia se fortalece y crece con las omisiones, las dejaciones, los temores y la inacción, justificados casi siempre, pese a que los ciudadanos no lo entienden. Se transmite por las redes sociales, y ya en ese momento debería actuarse policialmente, si hay motivo, y adoptar todas las medidas legales. Los secesionistas lo calificarán como “represión”, pero en un Estado de Derecho se califica como defensa de los derechos, aunque no es tarea fácil.

Hay violencia en un partido de jockey, porque unos aficionados llevan banderas de España. Insultos y empujones, y se destaca casi solamente el deplorable espectáculo que representó ante muchos menores de edad. ¿Ha habido multas, sanciones e investigación rigurosa ante esa violencia? Sería bueno que los ciudadanos sepan en qué quedan esas actuaciones violentas. De lo contrario, se fomentan reincidencias.

Me parece insólito que TVE, en su Informativo Territorial de la Comunidad Valenciana, se hiciera amplio eco de una reducida concentración en Valencia –tal vez había 70 personas-, hace 15 días, pidiendo la excarcelación de los líderes catalanes que están en prisión por el independentismo, entrevistando a varios de los manifestantes, que con total “libertad” los califican como “presos políticos” y apoyaban el secesionismo. Sí, TVE, la pública, la que pagamos todos. ¿Ha habido alguna reacción en TVE, o les parece normal dar alas a ese tipo de concentraciones? Sería bueno saberlo.

Habrá que ver cómo trata TVE, en ese mismo informativo, la concentración del 21 de abril, en Valencia, en apoyo a los jueces y a las fuerzas de seguridad que están actuando contra el secesionismo. ¿Entrevistarán a los concentrados, o simplemente darán la escueta noticia de la concentración a las puertas del Ayuntamiento, si es que la dan?

No sólo los jueces han de enfrentarse a esta violencia. Sin claudicar ante eufemismos, han de prevenirse mejor los actos de violencia y actuar con más decisión. Ante denuncias de ciudadanos que sufren la violencia, la policía ha de intervenir, y eso no sucede en muchas ocasiones.

Lo malo de esta situación es que, si los violentos siguen comprobando que casi siempre “se van de rositas” y que han generado miedo real en quienes no piensan como ellos, seguirán encontrando en el miedo la cobertura para la violencia.