Es injusto, insolidario e insólito lo que está pasando con el Asilo de Castellón, el Hogar Virgen de Lidón de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Las religiosas llevan más de 170 años con esa tarea impagable en beneficio de los ancianos y familias con escasez de recursos, con 140 ancianos a los que cuidan con esmero y cariño sobradamente conocidos, y por eso tienen la gratitud de la mayoría de los castellonenses. Ningún anciano se queda fuera por razone económicas: paga lo que puede, y las monjas se encargan de obtener el resto. Entre diez religiosas y medio centenar de trabajadores, sacan adelante esta labor. Al Asilo se le ayuda con oración, tiempo o dinero, según lo que cada uno quiera o pueda.

Hay otra “mayoría”, que es la mayoría política que ahora gobierna en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Castellón, que teóricamente debería reconocer y ayudar al Asilo, pero ha ido suprimiendo toda ayuda pública. Había médico que pagaba la Consellería, y lo suprimió; el Ayuntamiento aportaba 30.000 euros, y los ha suprimido. Ante este panorama, un grupo de voluntarios del Asilo ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos ahora, y así afrontar gastos de mantenimiento y de carácter ordinario, como pintar, reponer o arreglar mesas o camas, de modo que quien lo desee ingrese un donativo en la cuenta ES31 2100 2775 9702 0011. 

Las religiosas llevan a cabo esta labor por razones primordialmente espirituales, porque de otra manera no se entiende su esfuerzo y alegría, pese a que económicamente ahora gobiernos tripartitos de izquierdas cometan la injusticia de suprimir toda ayuda económica. ¿Por qué? Porque hay políticos que se crispan –por dentro, por fuera y a la hora de distribuir subvenciones– cuando la Iglesia hace una labor social ampliamente reconocida, porque piensan que la solidaridad –la de origen católico, sobre todo– no debe resolver problemas de sectores vulnerables, como es el caso de la tercera edad, sino que debe resolverlos la Administración pública. Y aquí es cuando llegamos al mayor punto de enfado y de injusticia: Castellón, una ciudad con 170.000 habitantes, tiene una residencia pública solamente, Oltra ya ni promete la residencia que prometió hace años y el panorama es desolador, con listas de espera para entrar en residencias que sacan los colores a cualquiera. Los ancianos que están esperando que haya una plaza en una residencia, y sus familiares, angustiados cada día: son miles de personas que sufren, y tal vez Oltra se equivoca al pensar que no tienen capacidad de protesta.