Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales, está muy callado respecto a los fallecimientos de ancianos en residencias. Han fallecido por coronavirus 18.400 ancianos en residencias, públicas y privadas, que supone que dos de cada tres fallecidos –27.650- por el Covid-19 son ancianos en residencias. Es una tragedia sin ningún tipo de paliativos, que nos tiene a todos los españoles indignados, dolidos. No es para menos.

La excusa de Pablo Iglesias para no dar la cara sobre lo que ha pasado y se está haciendo en las residencias de la tercera edad es muy sencilla: que es competencia de las comunidades autónomas. Ni él da la cara, ni la da Mónica Oltra en la Comunidad Valenciana. No sólo eso: no se dan datos precisos de fallecidos, porque la cifra que yo indico no es “oficial”, que en la pandemia equivale a suponer que esconde una realidad todavía más dolorosa. Oltra se escuda en que es Sanidad quien ahora se responsabiliza de las residencias a causa de la pandemia; Iglesias hace lo mismo. Sin embargo, la magnitud de la tragedia pone en evidencia a Iglesias y a Oltra: deberían comparecer en rueda de prensa, en Madrid y Valencia, y dar la cara, aportando datos y sometiéndose a preguntas libres de los periodistas, no censuradas. Tal vez es demasiado pedir a estos gobernantes: que comparezcan en rueda de prensa y se sometan a las preguntas de los medios de comunicación. Mientras, estigmatizar a las privadas es la consigna.

Cuando Pablo Iglesias se refiere a lo que ha sucedido en las residencias, arremete contra las residencias privadas, acusandoles de corrupción. Ya sabemos que él aspira a eliminar toda iniciativa privada o de la sociedad civil, que el Estado provea todo, en los servicios sociales y en la educación. Sin embargo, sus prejuicios quedan continuamente en evidencia si se conocen los datos. Le animo a que sea honrado y un poco valiente: que dé los datos de fallecidos en las residencias de ancianos en toda España, por comunidades autónomas y por provincias. Todos sabemos que serían, a su vez, datos incompletos, porque no se hacen tests ‘post mortem’ a los ancianos que fallecen en residencias. Pero saldría el dato, que Oltra esconde por intereses inconfesables, de que el 90% de los fallecidos en la provincia de Castellón han sido ancianos en residencias públicas. Falta de transparencia en Oltra y en Iglesias, porque saben que la realidad es más dolorosa de lo que se dice, y porque no se ha protegido adecuadamente a trabajadores de esos centros ni a ancianos.