Durante muchos años he formado parte de un colectivo que tenía, y tiene, limitada la libertad de expresión. Nada que objetar al respecto. Entiendo que una organización que es depositaria del uso legal de la fuerza debe observar unas mínimas normas de control. Hasta la fecha, he observado escrupulosamente dicha limitación, tanto por obligación legal cómo por convicción propia. Recientemente he pasado a situación de retirado y he recuperado, entre otras cosas, mi libertad de expresión. Libertad esta tan necesaria en su buen uso, como perversa en el abuso.

Digo todo esto con el solo ánimo de descartar cualquier sospecha de oportunismo ante lo que seguidamente voy a exponer, pues es público y notorio que las malas costumbres democráticas se han venido sucediendo desde la publicación de nuestra Carta Magna.

No pretendo hacer una crítica política desde un punto de vista partidista. Insisto, a riesgo de ser reiterativo, no es mi intención señalar a nadie en concreto. Es simplemente una reflexión sobre el quehacer de nuestro poder legislativo; esto es, la producción de normas en general y el comportamiento a título personal de cada una de sus señorías.

El sistema electoral vigente en España, que no cabe duda pudo tener su justificación al inicio de la transición, ha consagrado lo que se ha venido en llamar la “partitocracia”. Los partidos políticos son los competentes para elaborar las listas electorales. Si no estás en esa lista, al margen de tu valía, preparación y espíritu de servicio, no puedes ser elegido. Ello implica el acatamiento, con escasa capacidad de maniobra, de las ideas y objetivos marcados por el partido que le ha incluido en sus listas.

Nada nuevo bajo el sol. Es de dominio público que no una, sino varias veces, los diputados ante la votación de una ley en la que se regulaban situaciones que entraban en conflicto con su sentir personal, han votado siguiendo las consignas de su partido. No es creíble que en un colectivo de cien o incluso doscientas personas, todas piensen lo mismo en asuntos tan dispares como los que trata el poder legislativo.

Por todo ello, aunque seguramente es presuntuoso por mi parte, me atrevo a sugerir a nuestros legisladores, la lectura de dos o tres artículos de un texto legislativo de “reciente" creación. Me estoy refiriendo al Liber Iudiciorum, Ley Gótica o Fuero Juzgo, que por cualquiera de estas denominaciones se conoce. Este código nació en el año 654 durante la ocupación visigoda en la península Ibérica. Vamos, que no es de ayer. Pues bien, en esa época tan bárbara escribían cosas como estas, seguramente pensando en nuestros legisladores de ahora:

• “El fazedor de las leyes más deve ser de buenas costumbres que de bella fabla"
• “que los sos fechos se acuerden más con la verdad de corazón que con la bella palabra “
• “e lo que dixiere más lo deve demostrar con fechos que con dichos"
• “e antes deve cuydar lo que a de dezir que dezir lo que a de fazer"

A pesar del lenguaje arcaizante, se entiende perfectamente. Aquellas gentes, para nosotros primitivas, eran capaces de sintetizar lo esencial de un hombre de bien. La persona con competencias para elaborar las normas ha de ser una persona cabal y ejemplar en su quehacer diario.

La manipulación del lenguaje está a la orden del día. Que nada se interponga en la consecución de mis objetivos. Si algo sale del corazón, en un momento de sinceridad y, posteriormente perjudica mi discurso, afirmamos con rotundidad que se ha sacado de contexto y arreglado.

Creo que de este hermoso párrafo nació él españolísimo dicho: “una cosa es predicar y otra dar trigo”. Ser coherente, no sólo en el discurso, también nuestros hechos deben estar en consonancia con nuestros principios, y con los de sus señorías.

Los grandes eslóganes electorales quedan convertidos, desgraciadamente, en papel mojado. Durante las campañas electorales se elaboran programas, se dan mítines, se prodigan besos y abrazos. Todo, o la inmensa mayoría, es olvidado en aras de unos objetivos que poco, o nada, tiene que ver con lo expuesto.

Tan solo expongo, del Libro I Título I, el artículo V. No obstante el resto de los artículos de este Título I “Del facedor le la ley y de las leyes”, son igualmente aleccionadores.

Si hace más de 1300 años lo tenían tan claro en una monarquía absoluta, ¿cómo hemos llegado a la situación actual en una democracia?

Me permito la licencia, para contestar a esta pregunta, de contar la siguiente anécdota:

El banderillero Joaquín Miranda, una vez dejada su profesión, medró en política y fue nombrado Gobernador Civil de Huelva. Una tarde de toros en la que presidía, como es habitual, el Gobernador, un amigo del maestro Belmonte le preguntó a este ¿cómo es posible llegar a Gobernador habiendo sido banderillero? El maestro le contestó: “pues ya ve usted, degenerando….”

Pues eso, degenerando.