El próximo domingo, a las 11 de la mañana, la ‘marea naranja’ de oposición a la Ley Celaá iniciará su recorrido por las calles de Castellón, partiendo del antiguo Mercado del Lunes. Manifestaciones similares se han convocado en toda España por la plataforma ‘Más Plurales’, que agrupa a patronal, sindicatos, profesores y padres. La protesta está más que justificada, tanto por la forma en que se está tramitando esta ley, sin escuchar a la sociedad en materia tan importante como la educación, como por el fondo, pues ataca la enseñanza concertada, la educación especial, el castellano, la enseñanza de la Religión y la calidad de la enseñanza.
Aprovechando los efectos de la pandemia en la sociedad, el Gobierno ha acelerado esta ley –y la de la eutanasia-, por insistencia de algunos partidos que le apoyan o por convicción de cierto sector del PSOE, que es el que ahora ocupa el poder, porque hay muchos socialistas que me consta que están perplejos y enfadados con este proyecto de ley, por algunos de los motivos que están llevando a millones de españoles a firmar en contra de esta iniciativa legislativa o a manifestarse en las calles. En el PSOE actual no se conciben las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, salvo que ya no se necesite una poltrona, como es el caso de Felipe González. Sin embargo, no son pocos los líderes socialistas que discrepan sobre esta ley, y piensan que el Gobierno no ha calculado las protestas que originaría y el posible coste en las urnas.
Al margen de los partidos políticos –y sin olvidar que son los partidos quienes compiten en las elecciones y gobiernan posteriormente, que es algo obvio pero parece olvidado en la práctica-, la sociedad está mayoritariamente en contra de este proyecto de ley, que ojalá se quede en proyecto. Nada hay en esta ley que busque mejorar la calidad de la enseñanza, y es demoledor para una ley sobre esta materia: recoge un revanchismo “contra” la libertad, contra la concertada, contra el castellano, contra la Religión, contra el esfuerzo de los alumnos para pasar de curso, contra la educación especial. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, un 17.3%, y no hay nada en esta ley que afronte este lastre, salvo permitir a los jóvenes ir pasando de curso suspendiendo sin parar. Parece que el Gobierno opina que la sociedad española está ciega, sorda y anestesiada, o quiere que lo esté: la solución es demostrar que no lo estamos, y se verá este domingo en las calles de Castellón. Algo muda sí que está la sociedad, tal vez por el sufrimiento causado por el coronavirus. Urge reaccionar.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.