De los muchos calificativas que el actual Gobierno recibe o puede recibir, yo me quedo con el de incompetente. Otros calificativos –sectario y totalitario tampoco sobran– pueden aplicarse, pero la incompetencia de un Gobierno es su lápida mortuoria, si lo que yo aprecio es compartido por la mayoría de los españoles.

En ocasiones, las pequeñas anécdotas revelan un sentir mayoritario. He ido durante años a un peluquero. Ha decidido jubilarse, por el enfado que tiene contra el Gobierno a raíz de la nefasta gestión sanitaria, laboral y económica. Se ha podido jubilar en excelentes condiciones por los años que ha cotizado, y no lo ha dudado, por indignación ciudadana, porque tiene –según expresa con confianza– 1.000 clientes en su peluquería, que no está nada mal.

El Gobierno reacciona tarde y mal ante los diferentes retos, el principal de ellos la pandemia, sobre lo que no caben dudas. Basta recordar que somos el país del mundo que más va a sufrir en su PIB la gestión del Gobierno, sólo superados por Argentina, país del que ya sabemos la nefasta gestión que arrastra desde hace décadas.

El Gobierno reaccionando tarde. El penúltimo ejemplo es el decreto-ley aprobado el pasado martes, 22 de diciembre, sobre “Medidas Urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio”, para ayudar a bares, restaurantes y comercios, que han sido tal vez los negocios más castigados por las restricciones derivadas de la pandemia.

Invito al lector a que repare en la fecha: ¡22 de diciembre, para aprobar medidas con urgencia al sector más castigado! Es decir, más de 9 meses después del Estado de Alarma. Ya puede justificar este retraso el Gobierno como quiera, que no tiene justificación.

No hay ciudad –ni pueblo, prácticamente– que no hayamos visto en estos meses cómo cerraba algún bar o comercio, primero ciertos días u horas, y luego ha cerrado definitivamente. Si conocemos a los dueños, muchas veces se trata de personas que han dedicado toda su vida a ese comercio o bar, y ahora han enterrado definitivamente su inversión, perdiendo dinero durante meses, y en muchas ocasiones truncando su ilusión de que un hijo continuara con el negocio. Ha sido muy doloroso.

Retrasos injustificables en la gestión de la pandemia –las mascarillas se podían haber producido en tiempo récord en empresas de España-, en la ayuda a bares y restaurantes.

Sobre Pablo Iglesias, ministro de Derechos Sociales y vicepresidente segundo, prefiero no abundar: en marzo dijo que tomaba el control de las residencias sociales. No hizo nada. Decenas de miles de ancianos muertos en residencias merecen, al menos, que hubiera hecho algo. Se lavó las manos. Podía no haberse comprometido, pero lo hizo. Eso se llama incompetencia.

Pero si los retrasos no son de recibo, las urgencias de este Gobierno son de una incompetencia sectaria y totalitaria, y aprovecho los diversos calificativos sugeridos al comienzo de estas líneas.

Dos leyes tan importantes como la de enseñanza y la de eutanasia se han tramitado a toda prisa, hurtando el debate social, y aprovechando que los españoles estamos más preocupados por el empleo y la economía, la vacuna contra el Covid-19, y las restricciones de Navidad. Esas prisas más que sospechosas no son democráticas, y por lo tanto reflejan la incompetencia permanente de este Gobierno.

Siendo sincero, salvo de la incompetencia a la ministra de Economía, Nadia Calviño. Me da la sensación que, sin ella, las barbaridades hubieran sido todavía mayores, que ya es decir.