Crímenes y criminales de guerra los ha habido siempre en la Historia Universal, que ha sido pródiga en conflictos y matanzas.
Sin embargo, la idea de castigar los excesos militares, datan del siglo XX, tras el nacimiento de la Sociedad de Naciones, de la ONU y de organismos especiales tales como el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional (CPI) y las cuatro Convenciones de Ginebra dirigidas a mejorar el trato a los combatientes, a los prisioneros de guerra y a los civiles en tiempo de conflicto.
Después de la Segunda Guerra Mundial la crueldad del nazismo hitleriano, causó un clamor mundial que conllevó la creación del Tribunal de Nuremberg en que se juzgaron a los principales responsables alemanes (Goring, Borman, Ribentrop, Hess…), de los que doce fueron condenados a muerte y ahorcados, siete fueron encarcelados con largas penas y cuatro se suicidaron previamente, incluido el propio Hitler.
Tras la guerra de Yugoslavia, la CPI de La Haya abrió también juicios para responsabilizar a políticos y militares por los desafueros cometidos. Milosevic, Mladic, Karadzic, Gotovina, Seselj abrieron la larga lista de juicios que aún hoy continúan debatiendo sobre los supervivientes. Tampoco la guerra de Ruanda escapó a la justicia internacional. Otras muchas del medio centenar de guerras conocidas en estos últimos años si que han eludido los tribunales.
El clamor sobre la aún corta guerra de Ucrania no se ha hecho esperar. Son ya 39 países, en su mayor parte europeos, los que han pedido se investigue la marcha de la contienda de cuya heterodoxia ya se empezó a sospechar en 2014 cuando Rusia absorbió con total impunidad, la península de Crimea, sembrando el caos en la región de Donbas.
¿Se juzgarán como crímenes de guerra los luctuosos sucesos que están transcurriendo en Ucrania? Para aproximarnos a la cuestión hay que recordar que la CPI tiene tras de sí 123 países firmantes, ente los cuales no se encuentran los Estados Unidos, Rusia ni Ucrania aunque este último haya aceptado la jurisdicción de la Corte.
Hay que recordar también, que la CPI no juzga a los países sino a personas concretas, que deben ser puestas a disposición del Tribunal por los gobiernos de los que son nacionales, o detenidos fuera del propio país. Ninguna de estas eventualidades es probable se produzca con Putin.
Los delitos centrales que la CPI juzga son el genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y la agresión contra civiles. Se juzga igualmente la utilización de determinadas armas prohibidas tales como las bombas de racimo, las armas químicas, las minas anti personas, las armas termobáricas. Sin hablar de las nucleares.
El nivel alcanzado por Rusia (léase Putin), en Ucrania y con anterioridad en Georgia, Moldavia y Chechenia, es difícil de superar: ha invadido un estado independiente utilizando las mismas patrañas que Hitler blandió en Polonia y Checoslovaquia es decir, la protección de sus connacionales (rusos/alemanes) que estarían siendo objeto de genocidio; están causando miles de muertes en los primeros quince días; están destruyendo ciudades enteras de un país “hermano”; han bombardeado, hospitales de maternidad, escuelas, convoyes; han orientado corredores humanitarios hacia Rusia y Bielorrusia es decir, hacia los propios países agresores, lo que puede significar una antesala de los campos de trabajo de Siberia.
Y sin embargo, pese a ese récord difícilmente superable de maldades, es poco probable que Putin acabe en el banquillo. Su relato de los acontecimientos, el deseo de resguardar la seguridad de su país muchas veces amenazada por suecos, polacos, franceses y alemanes le inclina a aplicar el principio acuñado por Catalina la Grande: “la mejor forma de asegurar el territorio es ensanchándolo”, una máxima absolutamente inaceptable.
No muchos líderes de grandes países respaldarían la idea de juzgar al sátrapa. Por lo que pudiera pasar. Es probable que Putin gane la batalla de Ucrania. Pero la guerra de la Historia la tiene ya perdida.
Jorge Fuentes Monzonís-Vilallonga es Master en Ciencias Políticas y Económicas y Derecho.
Diploma de Altos Estudios Internacionales. Embajador de España en Bulgaria en 1993.
Primer Embajador de España en Macedonia en 1995.
Embajador de España en Bruselas WEU en 1997, entre otros cargos.