Una de las cuestiones más necesitadas en nuestra sociedad es enfrentar un profundo debate político, dar la batalla cultural que podría mejor titularse, batalla ética.

Debería plantearse dicho debate sobre la base de discernir donde se encuentra en terreno político, la razón moral de la actividad pública. Partiendo de la base de que, en este momento la izquierda española está convencida de poseer no sólo la superioridad moral sino el monopolio de la ética política.

Sin duda la izquierda es técnicamente inferior a la derecha y las cifras de PIB y de desempleo cada vez que salen del gobierno, lo reflejan con nitidez. Sin embargo esa izquierda es superior en terreno estratégico; maneja mejor la calle, convoca mejor a las masas, transmite mejor las consignas.

La mejor prueba de ello la tenemos en la forma en que está logrando transmitir a la población que el PP es el partido de la corrupción, que la corrupción es consustancial al PP, cuando basta con saber sumar y restar para comprobar que en España el partido más corrupto es el PSOE que solo en Andalucía consiguió alcanzar cifras imbatibles.

Detrás del PSOE vendria Convergencia catalana, hoy JxCat que en tiempos de Pujol y de su “tres per cent” robó a Cataluña y a toda España sumas escandalosas. Vendría a continuación el fenecido Jesus Gil que desde Marbella e irradiando a gran parte del Sureste del país, corrompió el sector inmobiliario originando la Operación Malaya de infausto encuerdo.

El PP vendría solo a continuación en un modesto cuarto puesto. Pero la izquierda supo transformarlo todo y como por arte de magia promocionó al PP hasta la cúspide del primer puesto de la delincuencia.

No es solo que la estrategia de la izquierda fuera capaz de convencer a la mayoría de la población de que el mal estaba en la derecha, sino que las propias Instituciones -el Legislativo y el Judicial, así como el Ejecutivo cada vez que estaba ocupado por el PSOE- parecieron ponerse de acuerdo para sacar los colores al PP.

Veamos cómo se traduce todo ello a día de hoy. Los grandes escándalos de corrupción y malversación de fondos se concentran en estos momentos en las operaciones de compra de material sanitario -mascarillas, guantes, uniformes, respiradores- que fue necesario y urgente importar masivamente en los primeros meses de la pandemia en que el mundo entero andaba sumido en la desorientación y en la carestía. Como era de esperar, las responsabilidades se centraron en la Presidente de Madrid cuyo hermano se ganó una modesta comisión de 55.000 € y el Alcalde de Madrid, Ayuntamiento que habría sido estafado por dos empresarios desaprensivos -Medina y Luceño- que se embolsaron seis millones de comisión en una operación de once millones. Feo, feo.

Pero infinitamente peor, aunque de ello apenas se habla, son las 13 operaciones que han sido presentadas ante la Fiscalía, por la Presidente Ayuso y que de no ser por ella, la Fiscal General habría mantenido en las tinieblas. En conjunto suman 326.1 millones de euros e incluyen a figuras tan relevantes como los padres del Presidente Sánchez; el marido de la Vicepresidente primera Calviño, el Ministro Marlaska, los ex Ministros Illa y Abalos, amén de los ya investigados o a punto de serlo, alcaldesa de Barcelona Ada Colau y el Presidente de la Comunidad valenciana Ximo Puig.

Una lista que no tiene desperdicio. Pero estemos atentos pues es posible que la Fiscalía cargue sus tintas sobre Ayuso y Almeida y mantenga en el olvido a la retahíla restante.

Se trata de un ejemplo más del gran desequilibrio de la batalla cultural y de la urgencia de que el PP sea capaz de plantearla evitando que la izquierda la eluda o incluso que la venza utilizando sus habituales manipulaciones. Pero no nos hagamos demasiadas ilusiones. Es probable que la batalla cultural tarde en darse. O que no sé de nunca.