Vicent Marzà, el conseller de Educación, se ha metiendo en un laberinto descomunal. Lo peor no es que él se haya metido, sino que ha metido a todos los padres y alumnos de la Comunidad Valenciana en un polvorín, que aumenta conforme pasan los días. Y, desde luego, Marzà hace lo que hace porque su avalista, Mónica Oltra, está detrás de la política educativa que ejecuta el castellonense, generando protestas multitudinarias, inestabilidad profesional que denuncian los sindicatos, malestar en las familias que no saben a qué centro llevar a sus hijos por el polémico “decreto Marzà” de la enseñanza plurilingüe o por los conciertos.

El “decreto Marzà” ha sido nuevamente suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en este caso ante el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana. La Consellería tiene 5 días para recurrir. La primera suspensión cautelar del decreto la determinó el TSJCV tras un recurso de la Diputación de Alicante: desde el Consell, prácticamente se desautorizó que la Diputación se entrometiera en la educación, y alegaron que el PP quería armar lío. Pero ahora es una asociación ciudadana la que ha obtenido la misma respuesta, y el Consell se queda sin argumentos, sin excusas ni salidas de tono demagógicas.

La situación es grave. El Consell dice que todo sigue igual, o lo ha dicho hasta ahora, pese a la suspensión cautelar. Es una barbaridad jurídica actuar de este modo. Y como parece decidido Marzà a continuar siendo una “apisonadora”, también han avisado desde las entidades recurrentes que podrán querellarse ante el Juzgado de Instrucción contra los centros que no acaten la suspensión. Por un motivo u otro, todo el mundo anda mareado, salvo Marzà, que tiene unos planes muy definidos o se los ha dado hechos al detalle Mónica Oltra. Y desde luego Marzà no dimitirá: Oltra le arropa.

Con esta política educativa, cada vez estoy más convencido que Compromís no valoró la capacidad de protesta y movilización de la sociedad. Pensaban que el PP no se movería con energía suficiente, pero se han visto con la sorpresa de que las cuestiones educativas son las que más miles de alicantinos, valencianos y castellonenses están sacando a las calles. Esta movilización social de familias, asociaciones y plataformas hablan por sí solas, no admiten ser correa de transmisión de ningún partido político, son fuertes, decididos en la defensa de la libertad y el derecho, y van ganando la batalla.