Un líder decadente, de habilidosa y torticera palabra, buscaba votos desesperadamente. Las encuestas eran tozudas y auguraban resultados electorales nada prometedores. Entre sus recursos dialécticos preferidos proponía romper el concordato con la Iglesia Católica y acabar de una vez con los privilegios (sic) otorgados a la Iglesia. Con un recurso tan torpe como poco inteligente, buscaba arañar un puñado de votos entre los sectores más antirreligiosos de nuestra sociedad.
Era un recurso perverso. Este líder –antiguo alumno del madrileño Colegio del Pilar- sabía muy bien que no existen tales privilegios. No importaba. En este personaje, discípulo aventajado del florentino Maquiavelo, el éxito político siempre prevalece sobre los medios. No importa la ética ni la verdad. Que se lo pregunten a la señora Chacón.
Días pasados, una alocada militante socialista madrileña afirmaba que durante la guerra civil todavía se habían quedado cortos en la matanza de los católicos y de los sacerdotes y en la destrucción de las iglesias. Así, como suena. Les escuece el sentimiento mayoritario cristiano de una parte de nuestra sociedad. Les corta la digestión y confunden unas promesas partidistas con los principios permanentes e inmutables de la Iglesia.
Los privilegios consisten en que el Estado tendría que gastar más 31.000 millones de euros si la Iglesia renunciase a prestar una serie de servicios sociales (colegios, hospitales, ambulatorios, dispensarios, guarderías, etc.).
Las distintas congregaciones religiosas mantienen en activo 5.141 centros educativos (educación infantil, primaria, ESO y bachillerato). En sus aulas se sientan cerca de un millón de alumnos. Don José Barea, en uno de sus estudios, afirma que “si la Iglesia no prestase estos servicios sociales tendrían que aumentarse los impuestos”. Pero, además, la Iglesia mantiene 107 hospitales, 128 ambulatorios y dispensarios, 876 centros para ancianos, enfermos crónicos y terminales que atienden a 387.356 personas al año. Para ello cuenta con 51. 312 camas que le cuestan 270 euros al día. O lo que es lo mismo, 5.056 millones de euros al año. Y todavía nos quedamos cortos.
Menos mal que otros socialistas, como Paco Vázquez o Pablo Castellanos, entre otros, han salido al paso de estas locuras.