Nací y me crie en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. Para los demás un pueblo más de la Meseta Castellana. Para mí, como supongo que para la inmensa mayoría al hablar del suyo, es mi pueblo. Un lugar repleto de carencias y ayuno de abundancias pero lleno de recuerdos de una infancia y adolescencia atrevida, ilusionante y, hasta cierto punto, irresponsable.

No voy a glosar ni la falta de recursos ni mucho menos la holgura en algún aspecto. Solo me centraré en uno que tanto por la escasez como por la importancia del elemento lo hace vital. El agua. No es que no la hubiera. Es que su obtención era harto laboriosa en mano de obra y no siempre se obtenía el objetivo perseguido.

Sería una gran paradoja que el pueblo judío que hace menos de un siglo fue víctima del mayor genocidio de la Historia, se hubiera convertido ahora en estado genocida, empeñado en exterminar al pueblo palestino.

Fue aquel espantoso holocausto que costó la vida a seis millones de hebreos, el factor que movilizó al mundo entero a buscar un hogar que permitiera a los supervivientes vivir en paz en un país propio. Así nació Israel en 1948. Y desde entonces, los israelitas han conocido todo menos la paz, viéndose agredidos por los estados árabes de la zona con una periodicidad angustiosa de forma que el gobierno de Tel Aviv tuvo que vivir alerta para defenderse del que iba a ser un inevitable nuevo ataque.

El Gobierno valenciano ha decidido tomar medidas ante el aumento de las agresiones a médicos y, en general, personal sanitario, mediante sanciones. Le han precedido tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra.

Es un problema que afecta a todo el país. En 2024 hubo 17.070 agresiones al personal sanitario en España, de acuerdo con el informe del Ministerio de Sanidad, lo que supone un aumento del 16% respecto a 2023.

Este incremento ha llevado la tasa de notificaciones a 24,61 agresiones por cada 1.000 profesionales. Las agresiones han crecido por cuarto año consecutivo, no se trata de una fluctúación pasajera, sino un incremento preocupante.

La mayoría son insultos y amenazas, aunque también hay agresiones físicas. El 78% de las agresiones son contra mujeres. Una vez más, echo en falta voces del feminismo para proteger la “debilidad” de las mujeres que trabajan en la Sanidad, que son tal vez la mayoría del personal sanitario. 

El Toro, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón de 260 habitantes que linda con la provincia de Teruel, ha tenido una idea original: tener su propia gasolinera para atajar los elevados precios de los combustibles.

Los vecinos tienen que ir a repostar a 6 kilómetros. El proyecto ha empezado a andar, pues el ayuntamiento ha abierto un registro para que los vecinos interesados, o cualquier ciudadano interesado, puedan ser socios de la futura sociedad pública que construirá y  gestionará con participación vecinal.

Una sociedad mixta ayuntamiento-particulares, con el fin de mejores tarifas. Desde luego, el terreno no es ningún problema, como no lo es en esa zona tan deshabitada y no lo sería si en la provincia de Teruel se lo planteara algún pueblo. 

Las agresiones contra médicos y personal sanitario en general siguen aumentando. En 2024 en la Comunidad Valenciana han aumentado un 13,7% respecto a 2023: 221 fueron agresiones físicas y 1.135 verbales. Más de la mitad en Atención Primaria. No basta con carteles en los Centros de Salud pidiendo respeto al personal sanitario.

La Sanidad es un servicio que, entre todos, hemos de ir mejorando. No sirve de disculpa la tensión que, lógicamente, acumulan algunos pacientes ante enfermedades reales o hipotéticas, o la petición de una baja laboral que no se concede. Tampoco sirve como excusa las esperas o comprobar deficiencias-retrasos en la atención sanitaria. 

Es razonable y oportuno que se modifique la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana sobre infracciones y sanciones a las agresiones contra el personal sanitario, permitiendo sanciones económicas, entre 500 y 60.000 euros, sin acudir a la vía judicial, siempre mucho más lenta y que no se debe saturar más: desde luego, puede haber casos que convenga acudir a los tribunales.

Hasta 19 drones cayeron el miércoles en tierras polacas procedentes de Rusia. No es la primera vez que ocurre. Una de las anteriores había pasado a escasos kilómetros de la frontera y causó víctimas accidentales. En esta ocasión las bombas cayeron algunos kilómetros en el interior del país, destruyeron una vivienda, pero no causaron víctimas mortales. 

¿Qué significa esta agresión? ¿Estamos ante un incidente involuntario, ante una agresión en toda la regla o ante un diabólico ensayo del malvado Putin para testar el grado de reacción de la OTAN?

El incidente no nos ha sorprendido. Hace unas semanas ya advertimos que uno de los siguientes pasos de Rusia sería precisamente el que acaba de ocurrir: una leve incursión en algún país vecino, probablemente alguno de los bálticos que cuentan con fuertes minorías rusas y que hasta hace poco estaban integrados en la Unión Soviética.

Tradicionalmente era Italia el país europeo que tenía unos gobiernos más efímeros hasta el punto de que desde 1945 hasta hoy, Roma ha conocido 67 primeros ministros, casi una media de uno por año.

En los últimos tiempos, ahí tenemos a la señora Meloni, serenamente asentada en el gobierno desde hace tres años en tanto que en Francia han conocido tres cambios de gobierno en el último año y el Presidente Macrón se encuentra en su segundo mandato quinquenal con unos índices de aceptación popular del 13%.

1. Introducción

La Comisión Europea ha activado la recta final para la ratificación del acuerdo comercial con MERCOSUR. Lo presenta como una gran oportunidad de integración, pero para gran parte del sector agrario europeo —y especialmente el español— se perfila como un golpe serio: competencia desleal, pérdida de soberanía alimentaria y una incoherencia medioambiental difícil de justificar.

¿Qué es MERCOSUR? MERCOSUR es el acrónimo de “Mercado Común del Sur”. Se trata de un bloque de países de América del Sur, cuyo objetivo es facilitar el comercio y la movilidad económica entre sus miembros. En la práctica funciona como una zona de libre comercio dentro de la región y además comparte un arancel común hacia el resto del mundo.

Actualmente, son miembros plenos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia (que terminó de sumarse en 2024). Venezuela también es Estado Parte, aunque está suspendido desde 2016. Además, hay países asociados como: Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Surinam, que participan en menor medida.