No me lo podía creer. Leemos tal cantidad de noticias, comentarios, declaraciones, originalidades graciosas, que muchas veces no se sabe si tiene entidad o no. Es lo que ha sucedido con los datos aportados por Elisa Díaz, diputada autonómica del PP y portavoz de Medio Ambiente, sobre la inversión en gestión forestal. Con los incendios que hemos tenido en Castellón y el resto de la Comunidad Valenciana, 110.000 euros invertidos este año en la gestión forestal, de los 3,6 millones presupuestados, y la misma cifra para 2023: en 2020 había presupuestados 17,9 millones.

Salvo error por mi parte, nadie ha rebatido estos datos aportados por la diputada. No parece que sea posible refutarlos, porque ella los ha conocido de modo oficial, pero ya se ve que lo oficial no trasciende a la opinión pública cuando es vergonzoso y claramente injustificable. Esto me genera una triple inquietud: unos recortes que fulminan toda la verborrea del Consell en la protección forestal, una falta de de interés y crítica en la opinión pública, y un modo de gobernar que tiene unas prioridades –ocultas y manifiestas– diferentes a los legítimos intereses de los ciudadanos. 

Me pregunto qué van a hacer, a la vista de estos datos, los municipios del Alto Palancia que han sufrido el devastador incendio de 20.000 hectáreas, o los alcaldes de otros municipios, para saber cómo se van a invertir esos 110.000 euros ridículos y qué necesidades tienen para incrementar la partida Alguien, además, podría averiguar si se invierte en unos municipios u otros según gobierne el PSPV o el PP, por simplificar y no aludir a alianzas de gobierno. Sería deseable conocer las peticiones que hacen a la consellera responsable, Mireia Mollà, que durante el incendio de Bejís estuvo desaparecida físicamente: impresentable, y sería motivo para que se pidiera su dimisión, pero hay un hábito ciudadano de tragar, quejarse y no acometer acciones.

Ni hay prevención ni hay gestión para prevenir incendios forestales. No se puede ni debe conceder ayudas, subvenciones o llevar actuaciones en función del color político de cada municipio. Está en juego el medioambiente, el turismo, la economía y, por supuesto, la seguridad. Con todo lo que se ha sufrido este verano, nos enteramos de esta cifra ridícula, que es escandalosa y una bofetada para los ciudadanos: es una canallada, término que también existe en política, aunque nadie se atreve a usarlo, pero que es real cuando se olvida el sufrimiento en los incendios, hasta que haya otro y vayan Ximo Puig, Pedro Sánchez y José Martí a hacerse la foto. O tal vez era una despedida.