A José María Ángel (Valencia, 1956) no le cabía otra salida que dimitir como comisionado del Gobierno para la DANA, tras demostrarse que había mentido en su currículum. O dimitía o su partido le cesaría. Tal vez por eso ha dimitido, adelantándose y evitando el cese, que siempre escuece más.

No era un cargo cualquiera el del presidente del PSPV-PSOE, alcalde de La Eliana (Valencia) durante 18 años, senador durante 4 años. Ha vivido de y para la política. Todavía, cuando escribo estas líneas, en Wikipedia figura como ocupación “Documentalista”. 

Por falsificar su titulación en archivística accedió a una plaza de funcionario, alegando un título que no existía. Y ahora se investiga en la Diputación de Valencia a su mujer, Carmen Ninet, por presunta irregularidad en su titulación para un puesto directivo.

Para desprestigio de ciertos políticos y ciertos partidos políticos, José María Ángel presidió la Comisión de Ética del PSOE valenciano.

Toda esta historia contribuye al desprestigio de los políticos. Son décadas en que todo esto “alguien” lo sabría, y se ha permitido. Desde luego hace falta sanear la política. 

Me he acordado de quien afirmó que tres cualidades no pueden darse a la vez: político, honrado e inteligente. Casos como de Ángel lo confirma: se puede ser político e inteligente, pero no honrado; honrado e inteligente, pero no político. Por desgracia se comprueba en nuestro país con demasiada frecuencia. Es una cascada que no cesa.

Todos los que no somos políticos –y una buena proporción de los políticos– desearíamos un saneamiento en la política, pero ¿a qué estamos dispuestos? 

En primer lugar, debería exigirse que, al presentar un currículum de modo oficial –en un partido político, en una institución cualquiera-, se adjuntara una fotocopia compulsada de todo título que se dice poseer. En muchas ocasiones, no se hace, y se echa las culpas a las prisas, a los que recopilan los currículums: excusas.

Fernando Pastor, diputado autonómico por el PP en las Cortes Valencianas, ha afirmado que la dimisión de Ángel no es suficiente, y que “debería devolver a las arcas públicas lo que ha cobrado de más estos años tras acceder de manera fraudulenta a una plaza” falsificando una titulación. Ahí es nada lo que propone el diputado del PP.

Suena a utópico lo que propone Fernando Pastor, y habría que ver si es factible cuantificar el beneficio tramposo que ha obtenido José María Ángel, y qué normas legales existen para ello. 

Si no hay sanciones, se cronifican las mentiras, se enquistan en la estructura de los partidos o de la sociedad. Tendría que haber una sanción económica, sin quedarnos satisfechos porque haya dimitido.