Muchas obras hidráulicas y limpieza de barrancos y cauces están pendientes en Valencia, como se ha vuelto a poner en evidencia estos días pasados con la DANA.  Es competencia del Gobierno de España, fundamentalmente, a través de las dos confederaciones, la del Júcar (CHJ) y la del Segura  (CHS).

Un dato concluyente: la CHJ todavía no ha implantado el plan de emergencia en 26 de sus 27 presas. Y encima no se permite a los municipios, dentro de su entorno urbano, realizar ellos mismos la limpieza de sus cauces.

Los socialistas valencianos siguen escondiendo a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por su papel el 29-O, ya cercano a cumplirse un año. Ahora han impedido que Miguel Polo comparezca en la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas.

Fernando Pastor, diputado del PP en las Cortes Valencianas, ha hablado de “estafa del PSPV a la comisión de investigación, desprecio a Las Cortes y ninguneo a los valencianos”, responsabilizando directamente al Gobierno de Pedro Sánchez. 

Esta comisión de investigación apenas tiene sentido si uno de los responsables principales de lo que sucedió aquel fatídico 29 de octubre no acude para aclarar por qué sucedió todo en el Barranco del Poyo.

Los socialistas han escondido, y esconden, al presidente de la CHJ, bien es verdad que cuando ha hablado se ha metido en un lodazal tan grande como el de las riadas del 29-O. ¿A qué tienen miedo?

Por otra parte, la comisión de investigación de la DANA en el Congreso todavía no ha arrancado. Hay tres cámaras con tres comisiones de investigación sobre la DANA de hace un año: en dos hay actividad, se reúnen y trabajan, y precisamente en la que el PSOE decide –la del Congreso– no hay ninguna señal de investigación ni mínima actividad.

Las agencias estatales han vuelto a fallar ante el episodio de lluvias. Los comentarios en redes sociales acusan a AEMET de observar las lluvias que iban cayendo, no de prevenir avisando con un mínimo de rigor, y entre los valencianos el poco prestigio de AEMET está por los suelos.

Estos días pasados ha sido un baile continuo de alertas amarillas, naranjas y rojas. Un estado permanente de alertas de todo tipo. Mucho caos. Avisos, actualizaciones, torpezas inmensas de los técnicos. 

Mientras unos municipios han suspendido clases por alerta naranja, otros no lo han hecho. Imprevisión, familias en vilo continuamente. Por ejemplo, Villarreal y Oropesa han suspendido clases: en medio está la ciudad de Castellón que no ha suspendido clases. Son tres ciudades a pocos kilómetros de distancia, en territorio plano –es la comarca de La Plana– y no parece muy rigurosa esa dualidad desconcertante y perturbadora para las familias.

Hay una petición unánime de aclarar el protocolo, por ejemplo, para suspender clases, y se concluye que han de ser los técnicos, con AEMET a la cabeza. 

Mientras tanto, la jueza de la DANA del 29-O sigue apuntando a la Generalitat Valenciana por “pasividad” ante aquella catástrofe, con el balance tráfico de 229 muertos. 

Carlos Mazón sigue responsabilizando, sobre todo, a la CHJ y AEMET, entes estatales.

La estrategia de los socialistas es callar en las Cortes, no dar la cara ante los medios y agitar la manifestación mensual pidiendo la dimisión de Mazón.

Mientras tanto, entre declaraciones y silencios, hemos de saber los datos. Fallaron todos, pero espero que se aclare quién falló más, y haya responsabilidades: UME, Bomberos, ayuntamientos, Generalitat, CHJ, Pedro Sánchez, Carlos Mazón. 

Los medios gubernamentales para la flotilla de Gaza escuecen comparándolos con la inacción del pasado 29-O. El teniente general Gan Pampols se guardará muchas cosas que sabe, por disciplina y secreto profesional. La indignación del casi millón de personas afectadas podría hacer mucho daño, cuando ha de primar la recuperación y el trabajo de todos.

Imagen: Levante