Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,  ha quedado muy marcada por la sentencia del TSJCV del pasado 16 de septiembre, condenando a su exmarido a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada en un Centro de Acogida. En otros países, ya habría dimitido: en España es casi impensable que dimita algún político. El condenado es el que era su marido, en 2016 y 2017, que trabajaba en el Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia como educador. No debe quedar en un rifi-rafe político, en que los partidos de izquierdas  guardan total silencio, y los de la oposición ligeramente hablan del encubrimiento que llevó a cabo Oltra ante este caso. Tampoco deben recurrir PP, Ciudadanos o Vox a ponerse en Les Corts alguna camiseta alusiva, técnica muy utilizada por la consellera cuando estaba en la oposición. Ahora a Oltra se le teme: es como un jabalí herido. Acudamos las sentencias judiciales.

Lo que el TSJCV recoge en su sentencia de 39 folios es gravísimo respecto a la indefensión de M, la menor que sufrió los abusos, y que se decidió a denunciarlos tras la insistencia de su novio y de una amiga. Los denunció en febrero de 2017 ante el comité anti-sida del Centro de Día ‘El Faro’, con el que tenía relación secundaria, porque no se fiaba de que le creyeran en el Centro donde residía. Pronto le llegó que tuviera cuidado, porque L.E.R.I. “tenía  relación con una persona muy influyente”. Luego lo cuenta a la directora del Centro de Acogida, y posteriormente a una psicóloga de la Consellería. Archivaron el expediente. Menos mal que dos agentes policiales acudieron en junio de 2017  por otro motivo al Centro de Acogida y M. les contó los hechos: estos agentes cumplieron con su deber e informaron, de modo que la Fiscalía de Menores inicia el 3 de julio las diligencias de la investigación. El TSJCV dice que su “intervención realmente es la que motiva que por fin se investiguen los hechos”.

El TSJCV pone en evidencia a la Consellería varias veces: “un singular expediente o peculiar instrucción paralela” (aludiendo al informe del Instituto Espill  “dependiente de la Consellería” -sobre incapacidad de la menor-, y otros informes); tras atribuir a los tribunales dilación, el TSJCV dice que “gran parte del retraso es directamente imputable a la Consellería de Igualdad”;  y que la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Instrucción actuaron diligentemente. Y no sigo: que el lector (y votante) valore, pues el TSJCV ya ha juzgado. Oltra debería dimitir, sin llorar: M ya ha llorado, y mucho. Grilletes a la menor, Segorbe ¿recuerda el lector?: tanto maltrato y vileza remueven las entrañas.