La Residencia de mayores El Pinar, de Castellón, ha adornado y preparado con cariño la celebración de las fiestas de Navidad y Reyes. Como en la de El Pinar, se agradece ese calor de hogar también presente en otras residencias. Sin embargo, la Consellería sigue sin licitar la gestión de las residencias públicas concertadas como El Pinar, pese a la promesa en abril pasado de la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

Supone un enriquecimiento injusto por parte de la Consellería, que perjudica a los trabajadores, usuarios y familias, que sufren el olvido reiterado, que se traduce en unos salarios congelados desde hace años, unas ratios empleados-usuarios anquilosadas, y que provoca que las trabajadoras –la gran mayoría son mujeres– se vayan a otros centros de mayores con mejor remuneración. No oigo las quejas de las feministas.

Esa migración laboral de trabajadoras va en aumento, es una sangría. La estabilidad laboral es precisa para el trabajador y para la buena atención de los mayores, con sus limitaciones físicas o psíquicas. Ahora son ya las familias las que se suman a la protesta, al comprobar la profesionalidad y el cariño de las residencias, y contra el imperdonable olvido por parte de Consellería. El hartazgo ya ha tocado techo: se acabó esperar.

El Pinar: 60.000 euros ha gastado Consellería ahora en televisiones innecesarias; hay goteras en varias zonas; una trabajadora cobra 9 euros por toda la noche trabajando: sencillamente, miserable; bolsa de trabajo; sin trienios; reposición de camas; domingos. Recursos materiales congelados para esas residencias. Una casuística que aterra. En noviembre de 2022 la Consellería firmó el acuerdo de equiparación salarial con las residencias públicas, que tendría que estar en vigor desde enero de 2023. 

Desde Consellería se esgrimen excusas, como la mejora de las tipologías, o los “pufos” de la gestión de Mónica Oltra. Sugiero a la Consellería que congele todos los sueldos de funcionarios y empleados hasta que cumpla con las residencias públicas concertadas: ¡qué pronto resolverían la injusticia! No creo que tengan goteras en sus despachos.

Las familias de los ancianos tienen armas en esta batalla: congelar la tasa mensual que la Consellería sube cada año en estas fechas a los usuarios -¡290 euros la subieron a algunos para 2024!-, redes sociales, recoger firmas, o recurrir a la vía judicial. Urge licitar estas residencias, ¡que están sin contrato! Las residencias no son un sector cautivo ni mudo: tienen derechos y profesionalidad. Ante el olvido institucional, ¿habrá que recurrir a voluntarios para pasear ancianos o arreglar goteras? ¿A qué nos suena esto?