Puede ser mi deseo de que no se apruebe la amnistía lo que me lleve a valorar como posible lo que casi todos ven inevitable. Como Pedro Sánchez se ha comprometido con los independentistas catalanes a la amnistía por el “procés” –y más-, y está en juego su poltrona en la Moncloa -y “su” Falcon-, parece que mucha gente ha asumido que saldrá adelante esa amnistía.

Yo no pienso así, y veo motivos para un cierto optimismo. Los letrados del Congreso dudan de la constitucionalidad de la amnistía, pero también hablan de colisión con el Derecho Europeo, por el terrorismo; de inseguridad jurídica, por la ambigüedad de los delitos; y de vulneración de la igualdad entre los españoles.

Hemos pasado de la batalla política y mediática a la batalla jurídica. Es el momento de que letrados como los del Congreso demuestren su objetividad, valentía profesional, y emitan conforme a Derecho su dictamen. 

Es muy cierto que el papel aguanta casi todo, y que el Derecho puede dar cabida a posiciones contrarias, según se argumente, en no pocas ocasiones. Para eso existen los tribunales y los recursos, de modo que las diversas instancias puedan evaluar, confirmar o corregir, sentencias anteriores.

Sin embargo, la amnistía figura entre las aberraciones jurídicas que se pueden cometer en España por estricta razón de supervivencia política de Pedro Sánchez. Desde luego el “y colorín colorado” puede saltar en cualquier momento, que muchos deseamos que sea cuanto antes, para que este Gobierno se hunda.

Felipe González ha vuelto a posicionarse contra la amnistía, criticando al Gobierno, que es el Gobierno de “mi partido”, ha dicho Felipe. Ante más de 300 personas, ha alentado a reaccionar ante este ataque a la Constitución.

Es tal la barbaridad jurídica que supone la amnistía que ojalá no se precipite el Gobierno en unos pocos días para aprobarla, como es su intención porque sabe que puede dinamitarse por todos lados, y luego los tribunales españoles ¡y europeos! confirmen la barbaridad que está a punto de cometerse.

Al día siguiente de las elecciones generales del 23-J, la amnistía fue para Pedro Sánchez el salvavidas, cuando en reiteradas ocasiones hasta esa fecha había negado tal posibilidad, poco menos que indignado cuando se le preguntaba si estaba dispuesto a ello. 

La aritmética, el egoísmo y el apego al poder de Sánchez empezaron a buscar argumentaciones, excusas, para ir cediendo en todo al independentismo catalán, que por cierto está sacando de quicio en alguno de sus aspectos al PNV, otro socio del Gobierno que oscila y chirría con ocasión y sin ella, también por cálculos electoralistas próximos, en los que teme perder el poder a favor de Bildu y socialistas. 

El ministro Oscar Puente personifica lo que Pedro Sánchez quería: un boxeador en el Congreso, y fuera de él, para proferir machadas e intentar justificar siempre lo que interesa al Gobierno. Es asombroso y penoso. Por eso le ha premiado Sánchez.

También es hora de un periodismo de altura, no sectario sistemáticamente, en España. Circula la broma de que se venden más periodistas ahora que periódicos. Informar es un deber, opinar es un derecho valorando hechos. 

A mí me apena que “El País”, por ejemplo, no se haga eco de la auditoría que Carlos Mazón ha decidido para todo el sector público valenciano. Quería comprobar cómo trataba esa noticia, y me he encontrado que el tratamiento es… ni mencionarla. No le ha parecido a Pepa Bueno, su directora al menos hoy, una información relevante, o no le han dejado, que es lo mismo. No me sirve, no admito, no comparto las afirmaciones que escuchamos con frecuencia de que “ya se sabe que es de izquierdas”, “se juega la publicidad”… 

Por encima de todo, la honradez y el buen hacer periodístico: no tragar todo, porque siempre queda el recurso de dimitir, sin ser cómplice del sectarismo político o informativo. ¡Salvemos nuestra profesión, que está tocando fondo!

Salga lo que salga de esa auditoría a ocho años de gobierno del tripartito de izquierdas en la Comunidad Valenciana, los datos avanzados por Mazón son de “traca”, y no precisamente festiva a lo valenciano, sino de escándalo. Mazón ha avisado que no descarta responsabilidades, incluso penales. 

No todo vale, ni en política, ni en periodismo, ni en cualquier trabajo. Parte de la crispación y desaliento que se percibe en España es comprobar cómo algunos intentan que todo valga, que no hay ninguna norma objetiva, y parecen aumentar: parémoslo.