Al igual que los niños no vienen de París ni los trae la cigüeña, los ingresos de las instituciones públicas van aumentando y parece que ha de ser motivo de alegría general, pese a que lo pagamos con nuestros impuestos. Los impuestos no paran de subir.

Basta recordar los presupuestos para 2025 en ayuntamientos, comarcas y Diputación de la provincia de Teruel. Casi todos aumentan, con calificativos de “históricos”, “sociales”, si exceptuamos el de Teruel-capital, que con 52 millones es menor al de 2024, 58 millones, por los motivos que explicó la alcaldesa en este diario.

Sin rodeos, voy a expresar mi opinión, consciente de que va a escocer a no pocos empleados públicos y a los partidos políticos: lo social sería menos impuestos, menos peso del sector público, y así podríamos respirar más y mejor. Emprender, tarea en la que no está sobrada la provincia de Teruel, se sustituye por “subvención” (con nuestros impuestos) y “subcontratar” ¡hasta para controlar las colonias de gatos en Teruel!

Existe una paradoja: todo el mundo (o casi) quiere ser funcionario –por su remuneración, horario y estabilidad–, y a la vez hay una queja extendida hacia los empleados públicos, por su cantidad y modo de desempeñar el trabajo de no pocos de ellos. Sufren mucho los que trabajan y bien, que los hay, y ven lo que ven a su lado.

El chiste de dos niños que están en el recreo y le dice uno al otro: “¿Jugamos a los funcionarios?”. Ante la contestación de “¿y a eso cómo se juega?”, le responde: “El primero que se mueva, pierde”.

El empleo público ha crecido muchísimo más que el privado porcentualmente, y eso cuesta mucho dinero a los españoles no agraciados. Según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en España hay 3 millones de empleados públicos o funcionarios (2.968.522 en mi última consulta). En 1976, había menos de la mitad, en concreto 1,3 millones. Y la cifra sigue aumentando, pese a las nuevas tecnologías.

“Hoy por ti, mañana por mí”, parece oírse entre los partidos políticos, que se reparten una parte del sector público, su regulación y el premio a sus incondicionales afines. Más que sospechoso: ¿por qué la mayoría presenta los presupuestos sin decir la partida de “Personal”, y omitiendo la variación respecto al año anterior? 

Gobierno de Aragón, Diputaciones, Subdelegación del Gobierno en Teruel, Dirección Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, ayuntamientos… y pocos reparan en que en Aragón hay comarcas con presupuesto nada desdeñable. En la provincia de Teruel, hay 10 comarcas: en total un presupuesto en torno a 50 millones de euros. La Diputación de Teruel ha aprobado 100 millones de presupuesto, pero es que existe una “casi diputación paralela” que son las comarcas. Algo sobra, y así lo reconocen hasta los funcionarios, pero no sobra su propio puesto de trabajo.

En cuestiones culturales o deportivas, puede sufragar el Gobierno de Aragón, la Diputación, un ayuntamiento ¡o/y una comarca! Asombroso. La Comarca del Jiloca ha aprobado un presupuesto de 6,1 millones, cuando el año 2024 era de 4,7 millones. ¿Cuál es la partida más elevada? La de “Personal” con 2,6 millones. Ahí el pastel se lo han repartido PP y PAR. Indagar en la web o confirmar datos es muy revelador.

Comarca de la Comunidad de Teruel, 4,8 millones. Reparto entre PP y Teruel Existe. Hay oficinas de la comarca. Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Alcañiz y Calamocha: interesante averiguar el personal, y el origen de ciertos cargos o puestos, su contenido real, su horario, ahora y en años pasados. 

Tenemos una sociedad civil muy aletargada, y una estructura que los partidos políticos no quieren cambiar, escudándose –o siendo cierto– en que todo el mundo quiere ser funcionario. Y quien ya ha logrado acceder –fijo o eventual– a veces defiende su puesto generando papeleo inútil o multiplicando la asistencia a reuniones o actos.

Se cuenta que alguien preguntó cuántos empleados trabajaban en una de esas entidades públicas. Le contestaron con sorna: “Contratados hay cien, trabajan la mitad”.