Mariano Rajoy ha dicho que, pasado el referéndum ilegal del 1-O, hay que recuperar la normalidad en Cataluña. Espero que lo diga sinceramente.

No va a ser cuestión inmediata que Cataluña vuelva a la normalidad, porque hay un clima de enfrentamiento, crispación y agravios con motivo de la independencia que requiere una planificación auténtica, por parte de todos los sectores que ven una barbaridad jurídica, política, económica y social el intento independentista.

Si la Generalitat quiere la independencia, el municipio tarraconense de Batea quiere separarse de Cataluña y pertenecer a Aragón, que está muy próximo geográficamente. El alcalde, que gobierna con mayoría absoluta, ya ha iniciado los trámites ante la Subdelegación del Gobierno, para ver cómo convocar un referéndum con esa finalidad.

En Batea piensan que “ens roba Barcelona”. Los motivos concretos son la “imposición” por parte del Gobierno catalán de tres parques eólicos – el estilo de “imposición” es llamativo en la propia convocatoria del referéndum del 1-O, se ve que les gusta pensar por los catalanes sin escucharles, lo contrario de la democracia – y la residencia de ancianos.

Económicamente, sigue la fuga empresarial hacia Madrid, ante la inseguridad y crispación catalana. La penúltima que ha anunciado el traslado de su sede central a Madrid es Naturhouse, una más en la sangría empresarial que Puigdemont debería anotarse como mérito. Y eso que no hay modo de medir las empresas o instituciones que podrían haberse instalado en Cataluña en estos años o en los próximos meses, pero que no lo han hecho o no van a hacerlo ante la locura secesionista.

Hace unos días, en Barcelona atacaron un autobús con turistas, bajo el lema “¡No es turismofobia, es autodefensa del barriocidio!” y pincharon las ruedas de bicicletas turísticas. Los autores son una organización juvenil anticapitalista denominada Arran; han mostrado su apoyo desde la CUP Capgirem Barcelona.

El colmo es que la portavoz de Arran, Laura Flores, ha declarado en la radio – en RAC1 – que no descarta otros ataques. La justificación es que “hay un turismo masivo que mata los barrios y condena a la miseria a la clase trabajadora”. ¿Pero han hablado con los trabajadores, estos “iluminados” que se erigen portavoces y representantes de los trabajadores?

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han dicho que se personarán en la causa contra los responsables de estos ataques, es decir Arran: esperemos que sea cierto.

El caso de Arran es otro caso de violencia en Cataluña y de personas que se erigen en depositarios de las voluntades de los catalanes, y lo que hay que analizar es su posible sanción administrativa o judicial, como en otras actuaciones o coacciones que se vienen sufriendo en Cataluña desde hace años.

Normalizar Cataluña será costoso, largo, a todos los niveles. La violencia debe cortarse de inmediato, porque con ella no hay posible diálogo, y existe demasiada “imposición” en Cataluña, so pretexto de defender a los catalanes.