La huelga nacional del Sector Primario que había sido convocada por 13 asociaciones agrarias locales y provinciales pertenecientes a distintas provincias españolas para los días 18 y 19 de septiembre y a las que, sobre la marcha, se unió la Agrupación Local de Agricultores de Villarreal, ha finalizado sin que, como era de prever al no contar con el apoyo de las grandes asociaciones agrarias subvencionadas, ni con la publicidad necesaria de los grandes medios, haya logrado paralizar la actividad agraria de todo el campo español.

No obstante, sí ha tenido cierta incidencia donde las asociaciones convocantes han estado más activas. En algunas poblaciones de la Plana de Castellón como Villarreal, Burriana, Nules, Villavieja, Artana y Moncofa, el paro fue casi total al conseguir que cerraran y se sumaran a la huelga las cooperativas de servicios, las cooperativas de producción, la Asociación Provincial y Comarcal de Pozos de Riego y las asociaciónes de Regantes.

En Murcia, la Asociación de Mujeres Rurales del Regueiro convocó una concentración en la puerta del palacio de San Esteban, en donde las convocantes, junto a los agricultores que se adhirieron, relevándose por grupos, han permanecido en la Puerta del Palacio de San Esteban (sede de la Presidencia de la Región de Murcia) las 48h que ha durado la huelga.

Convocados por la Unión de Agricultores de Almería, en la capital almeriense y por ADARIBERA en Valencia, los agricultores almerienses y valencianos se concentraron con pancartas y pitos para protestar contra las políticas de la UE que están hundiendo el campo español.

Cabe destacar la carta de apoyo y solidarización con los postulados del Manifiesto, recibida del Consejo de Gestión de Cítricos, órgano nacional del comercio citrícola.

Cierto es que estas humildes organizaciones agrarias no mueven la masa social. Pero ¿de qué sirve reunir miles de personas si lo que se reivindica no es la solución al problema? Por eso, el logro más importante que estas asociaciones han alcanzado es que el análisis y propuestas de solución que plantean, y que claramente son distintas a las que reivindican las grandes asociaciones agrarias subvencionadas y plataformas (mezcla de estas asociaciones y políticos con gobiernos locales), está calando fuertemente en muchos agricultores que ya no se van a movilizar ni a poner detrás de banderas que lleven discursos dóciles, eslóganes vacíos y mensajes engañosos.

El problema no es que en esos países se realicen los tratamientos agrarios con fitosanitarios no permitidos en la UE y que, supuestamente, son más económicos; el problema es que en esos países la moneda esta varias veces devaluada con respecto a la nuestra y los salarios son extremadamente bajos, abriéndose una brecha económica insalvable, de modo que todo lo que nosotros hagamos aquí, ellos lo van a hacer allí mucho más barato. Por eso es necesario, como piden estas asociaciones, que se rescate el Principio de Preferencia Comunitario que desapareció de la Política Agraria Común PAC cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa el 1 de Diciembre de 2009 y por el que los productos agrarios y ganaderos podían circular libremente sin barreras comerciales por los territorios de la UE, pero en cambio, se establecían aranceles compensatorios y cupos de volumen para los países extracomunitarios, que solo accedían al mercado europeo a complementar los europeos, no a sustituirlos como ahora.

Con la desaparición del Principio de Preferencia Comunitario comenzó el caos y la UE; con la escusa de un supuesto apoyo al desarrollo de los países mediterráneos del Norte de África, comenzó a suscribir una serie  de Acuerdos de Asociación con esos países por los que se eliminaba cualquier barrera comercial, sin imponerles legislación ni moneda. También se concedieron ayudas a la transformación agrícola de esos países, como el Plan Verde en Marruecos por el que Europa subvencionaba la transformación de pastos y cereales en campos de cítricos. A estos acuerdos se ha venido a unir en 2014 el Tratado de Libre Comercio con los países sudafricanos y este mismo verano y aún pendiente de ratificar, MERCOSUR.

Todas estas oportunidades económicas las han aprovechado grandes inversores occidentales que cultivan grandes fincas con los salarios de allí e invaden nuestro mercado ocasionando una bajada de precios tan grande que gran parte de la fruta europea se queda sin recoger. Por ello es necesario revisar los tratados de libre comercio para extraer de los mismos la parte agrícola y ganadera.

Incluso siendo verdad que con los tratamientos en frio y la reciprocidad fitosanitaria se lograra igualar la brecha económica, las barreras comerciales son justas porque el productor europeo paga sus impuestos aquí y genera puestos de trabajo aquí y el de fuera no y por ello merece que su propio Estado lo defienda. No es justo que el Estado discrimine a 840.000 ciudadanos afiliados a la seguridad social agraria; no son ciudadanos de segunda.

Pero sigue habiendo un segundo problema, tan grave como el anterior, y es que la alimentación europea está en manos de 10 grandes distribuidoras que, asociándose, marcan el precio hacia abajo. Como las leyes de la UE impiden fijar un precio de salida, todos los eslabones de la cadena tienen una ganancia fija por su trabajo menos el productor, que queda entrampado en precios inferiores a los de producción. Las leyes europeas deben de cambiar para evitar este dañino oligopolio que destruye la ley de oferta y demanda en beneficio propio.