La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), que preside Vicente Morro, emitió un comunicado el pasado lunes 31 de julio pidiendo la dimisión de todo el equipo directivo de la Consellería de Educación, y desde luego hay motivos para ello. O dicho de otro modo, cabría preguntarse qué tendría que ocurrir para que no se pida su dimisión, porque efectivamente ha logrado generar un caos y una confusión insólitos, tal como afirma FCAPA, con una actitud contumaz y recalcitrante.
Las decisiones tomadas por la Consellería en materia de conciertos y sobre el famoso decreto plurilingüe educativo están siendo el núcleo de ese caos, caracterizado por la falta de diálogo previo, la ocultación, la tergiversación, la insumisión a la sentencias de los jueces. Conciertos denegados que son revocados por la justicia, discriminación por el decreto plurilingüe que también la justicia ha señalado, así como la suspensión cautelar del decreto Marzà.
Todos comprobamos la indignación en los centros escolares, en padres, profesores y alumnos. Sin embargo, en la Consellería no dan más explicaciones, dejan todo en el limbo, cuando estamos ya en el mes de agosto, a poco más de un mes de empezar el curso escolar. Mónica Oltra intenta tranquilizar a todos, a la vez que reconoce que está inquieta por el revés judicial: es el arte mal entendido de la política, el de decir cosas distintas y aparentar que se controla el proceso, cuando en realidad el Consell está en un laberinto. Sí, el Consell, no sólo Marzà: tanto Ximo Puig como Mónica Oltra han respaldado las iniciativas de Marzà, el hombre de Mónica Oltra al frente de una Consellería tan determinante para la formación o deformación de los jóvenes.
Como afirmó FCAPA, está en el alero el tripartito por su política educativa, de marcado sesgo ideológico. Las dimisiones son sanas en democracia, cuando se estrellan proyectos-estrella, y tanto la sociedad como la justicia protestan y sentencian en contra. No hablo de posturas políticas de partido, de posiciones partidistas, sino de que la sociedad con sus diversas manifestaciones con decenas de miles de personas y los jueces estiman que hay discriminación evidente. ¿Diálogo? Ninguno. Si no, que se lo pregunten al presidente de FCAPA.
Javier Arnal Agustí es Licenciado en Derecho y periodista.
Escribe, también, en su web personal.