Los supermercados Consum tienen un merecido prestigio, que los clientes reconocen. Nació en Valencia en 1975 con un supermercado, y ahora tiene más de 700 en seis comunidades autónomas – la mayoría en la Comunidad Valenciana y Cataluña, los restantes en Aragón, Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía -, con más de 14.000 trabajadores. Cifras que dan idea de su importancia y de su línea de negocio.

Es sorprendente que ahora desde Compromís se ponga el grito en el cielo porque ha dejado de etiquetar algunos productos en valenciano desde septiembre pasado. Y el 8 de febrero inician en Twitter algunos de Compromís una ofensiva contra esta decisión, lamentando que reduzca en algo el valenciano, y entre ellos el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu, así como el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera.

Resulta insólita la polémica: que desde un partido que gobierna en la Comunidad Valenciana se entrometan en una decisión – todo lo perdurable que la empresa quiera o no perdurable, según lo estimen oportuno – empresarial, libre, legítima, aunque no se esté de acuerdo. Pero es que no sólo en Twitter, sino también altos cargos de la Generalitat Valenciana se han puesto en contacto con los directivos de Consum para que reconsideren esa decisión, lamentándola como si nos fuera el pan y el agua en estos momentos con esa cuestión.

Consum ha tomado esa decisión con criterios empresariales, sólo faltaría. Habrán valorado los costes, la venta en comunidades autónomas distintas a la valenciana, la facilidad para leer los productos en personas mayores o extranjeros o simplemente castellanoparlantes. Suya es la decisión, suyo el derecho a tomar esa decisión, suyo el éxito o el fracaso, suyo el negocio.

Consum tiene sus razones, el derecho y la libertad empresarial. La intromisión de Compromís está fuera de lugar: responde a una visión totalitaria de la política, de abarcar todo, y eso es preocupante, porque es invadir e intentar controlar la sociedad: en Consum, en la imposición del valenciano con la Ley de Plurilingüismo y como mérito para funcionarios. La imposición del valenciano es más urgente para ellos que otras cosas: una pena, y un aviso de para qué lo quieren, para moldear tradiciones, historia y pensamiento, como ha sucedido en Cataluña. Ingenuos no son. Reflexión para sus votantes y los que no les votan.