Una persona normal; una persona corriente siente asco y repugnancia por la corrupción, sea ésta del tipo que fuere, venga de donde venga. Le incomoda el ladrón de guante blanco. Puede producirle vómitos y asco. Pero, en todo caso, la corrupción se combate con unos buenos principios éticos, con un buen sistema policial y con unos jueces profesionales e imparciales que apliquen unas leyes justas. Especialmente, de una manera general, con una prensa libre, vigilante e imparcial. Llegados a este punto, en mi opinión, en la situación en la que nos encontramos hay que darles matrícula de honor a nuestros jueces, a nuestros policías y a los periodistas que trabajan con un sano y objetivo criterio de la información.

Lo dice la historia: Nadie más español que un catalán.

Encontraréis en este enlace un interesantísimo trabajo publicado en su blog por D. Ferrán de Antequera y Trastamara en el año 2014.

1.- No me han sorprendido las últimas declaraciones del ministro de Justicia del Reino de España, señor Caamaño, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional acerca del ajuste a la legalidad del Estatuto de Cataluña. Y no me sorprenden, porque de ciertos socialistas tan desnortados como él ya me lo espero todo. Con la caída del muro de Berlín, perdieron su referencia ideológica y se quedaron con las posaderas al aire. Desde entonces no han levantado cabeza en casi nada. En consecuencia, un ministro que tenía que ser en esta materia tan delicada y sensible el paradigma de la imparcialidad, sin ningún tipo de rubor se permite presionar públicamente a los magistrados del TC aconsejando con todo descaro institucional: Señores magistrados, el Estatut tiene tres años de rodaje, realmente caminamos sobre vías federales; han visto Uds que España no se rompe (sic). Tranquilos.

Cinco amenazas de muerte ha recibido una madre en Alicante por manifestarse en contra el decreto plurilingüe valenciano, el “decreto Marzà”, porque desea una educación para sus tres hijos en castellano, y en Alfaz del Pi –donde vive con su familia- no es posible con este polémico decreto, suspendido cautelarmente en tres ocasiones, pero que la Consellería sigue pretendiendo poner en práctica ya este curso escolar 2017-18.

El ocho de julio del año 1808, don José Napoleón, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias, nos regalaba nuestro primer texto constitucional. Era una carta otorgada y por eso digo que nos regalaba, porque los españoles no contamos para nada en su elaboración. Nuestro primer texto constitucional. Han pasado 205 años, y desde entonces diez textos legislativos de rango superior han tratado de regular nuestra convivencia política con mayor o menor fortuna, sin contar el proyecto de constitución federal de la I República del 17 de julio de 1873 ( por cierto, ¿sabían los nacionalista de todo pelaje que el preámbulo de esa constitución federal reconocía sin ningún tipo de complejos a la nación española?).

Hace ochocientos años, el día dieciséis de julio del año mil doscientos doce, los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, causaron una definitiva derrota a las tropas almohades mandadas por el temible Al-Nasir. Aquella victoria dejaba sentadas las bases que conducirían más tarde al final de la Reconquista. La liturgia romana dedicó desde entonces aquella fecha a la conmemoración de la fiesta de la Santa Cruz. Lo mismo, que en razón de la victoria de Lepanto sobre los turcos, fue introducida en las letanías del Santo Rosario, la invocación a la Señora como “Auxilio de los cristianos”.

En las fuerzas cristianas militaban las huestes de Alfonso VIII, rey de Castilla; de Pedro II de Aragón y de Sancho VII de Navarra, aquel rey de gran fortaleza y cuya estatura no envidiaría en nada a la de Pau Gasol. Con razón sus contemporáneos le llamaron Sancho el Fuerte.