Los padres constituyentes del año 1978, para evitar que la norma fundamental elaborada con tanto esfuerzo y generosidad por todos los agentes políticos, pudiese ser adulterada o modificada al margen del procedimiento legal establecido, quisieron blindarla por medio de un órgano llamado Tribunal Constitucional. Este tribunal sería el garante institucional de que todas las leyes que pudiesen aprobarse en el futuro se ajustasen al espíritu y a la letra de la Constitución. Eran las necesarias reglas arbitrales que todos los partidos y todos los legisladores aceptaron en su momento y que deben de seguir aceptando mientras quieran mantenerse dentro del marco político legal. 

Con la expropiación de RUMASA, el PSOE con una total falta de escrúpulos políticos y jurídicos, consiguió por medio del voto de calidad del entonces presidente del Tribunal García Pelayo que se declarase conforme a derecho la citada expropiación. Las presiones sobre García Pelayo –un honrado jurista- debieron de ser brutales. Poco tiempo después dimitía del cargo, regresaba a Venezuela y fallecía –creo recordar- de un ataque cardiaco.

Años después, Zapatero, con la ligereza que le caracteriza, le prometió en un mitin a Pascual Maragall, que apoyaría el texto estatutario que fuese aprobado por el parlamento catalán y que él y Artur Más zurcieron durante una noche. Un estatuto, por cierto, con poca demanda social y a espaldas del Partido Popular al que habían enviado a la catacumbas con el pacto del Tinell, olvidando la representación de más de trescientos mil votantes populares Y ahí comienza el problema. A partir de entonces, el itinerario del estatuto se caracteriza por unas presiones enormes del catalanismo político y, lo que es peor, del propio partido socialista catalán que trata de despojarse a toda prisa de sus genuinas raíces hispánicas. El texto es aprobado en el parlamento de Cataluña, en el parlamento nacional y sometido a la aprobación popular con una mínima participación. Y así hasta llegar a la prueba de fuego del Tribunal Constitucional.

Pero Zapatero no contaba con la honestidad profesional, y con más ciencia jurídica que él, de algunos miembros del Tribunal que han comprobado -sin mucho esfuerzo intelectual, supongo- lo que un alumno de primer curso de derecho hubiera interpretado fácilmente: El desajuste entre algunos preceptos del Estatuto y el propio texto constitucional. Y, concretamente, aquellos que atentan contra la parte dogmática del articulado y, por consiguiente, de naturaleza más claramente anticonstitucional. Me refiero a la inclusión del término NACIÓN. Y tanto da que esta inclusión sea en el preámbulo o en el articulado como recientemente señalaba el profesor Jiménez de Parga. Porque el cogollo de la cuestión –y los nacionalistas lo saben muy bien- es que nación equivale a soberanía y reconocer ese término equivaldría a dinamitar la unidad de España.

Algún día podremos enterarnos de las presiones personales que han sufrido los miembros del Tribunal Constitucional por parte de quienes alardean de valedores del entramado institucional y de su prestigio. Del daño que hacen a las instituciones que garantizan el ejercicio de nuestra libre convivencia ya hemos tomado nota.