Pedro Sánchez lo tiene muy decidido: jueces y medios de comunicación le impiden hacer lo que le viene en gana, y por tanto quiere controlarlos. No pretendo desanimarle en esa innoble tarea, sino simplemente confirmarle que no lo va a lograr, que es una batalla perdida, porque jueces y periodistas valoramos nuestro trabajo, intentamos vivir una ética profesional –que Pedro Sánchez no tiene como político– y la legislación estatal e internacional nos ampara. La independencia judicial y la libertad de expresión de los periodistas es lo que más temen los dictadores de cualquier signo.

Sánchez, molesto con las informaciones de tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez, ha visto la puerta abierta para llevar a cabo sus intenciones. Los jueces no van a parar en su ámbito ni los periodistas, por lo que cualquier maniobra del Gobierno para asustar se vuelve en su contra, ya que refuerza los pilares de ambas tareas clave para una sociedad libre, que lo es y que quiere mejorar en una libertad real.

Llama la atención que los partidos de izquierdas en España se han puesto de acuerdo para callar a los periodistas. No sólo Pedro Sánchez. Más Madrid, el partido de la ministra Mónica García,  ha pedido en la Asamblea de Madrid fiscalizar a los medios a través de un “comité de expertos” que decida sobre su financiación, invocando su “preocupación por la desinformación”, de manera que se retire la financiación pública a los medios que difundan reiteradamente informaciones sin verificar y sin contrastar.

Tal vez no es un contrasentido que los partidos de izquierdas promuevan ese intento de control de los medios y de los periodistas. Defienden a ciegas el poder público, supuestamente para servir a los ciudadanos: temen la libertad. Basta ver lo que sucede en Rusia, Cuba o Venezuela. Los periodistas no necesitamos ni queremos otra dependencia que la  profesional. Cualquier entidad o persona física –incluido el Gobierno– tiene ya todos los resortes ante los bulos, desde el derecho de rectificación, regulado por Ley Orgánica en 1984, hasta la justicia civil y penal.

Amordazar y asustar a los periodistas no les va a ser posible. Al revés: estos ataques por los hipotéticos bulos o desinformaciones exigen, en primer lugar, más transparencia a los gobernantes, en sus actividades y adjudicación de la publicidad institucional. Carlos Mazón se apuntaría un tanto grande de transparencia si la publicidad institucional de la Generalitat se da a conocer con prontitud, no un año después, pues cabe poca protesta: ahora sabemos la de 2022 ¡facilitada el 30 de diciembre de 2023! Asombroso.