La gestión de Mónica Oltra como consellera competente de los servicios sociales en la Generalitat Valenciana tiene muchas más manchas que luces. Un auténtico agujero dejó en lo relativo a las residencias de mayores, mientras prometía en las tres provincias nuevas residencias, que nunca llegaron.

La actual consellera de Servicios Sociales, vicepresidenta primera y portavoz de la Generalitat, Susana Camarero, lleva ya dos años en el cargo de consellera y, reiteradamente, se ha ido escudando en el legado nefasto de Mónica Oltra, con datos en la mano y echando mano de cifras e inversiones.

Sin embargo, ya no puede prolongar situaciones injustas, incrustadas como casi inevitables, achacándolas a Mónica Oltra. Es el caso de las residencias de mayores. 

29 de abril de 2024: Susana Camarero reconoció que las residencias pública concertadas estaban TODAS en situación de “enriquecimiento injusto”, es decir, con una licitación ya caducada, en algunos casos ¡desde 2019! Camarero afirmó que pronto se iban a licitar. Más de 30 residencias de la tercera edad, muchas con centro de día, con más de 3.000 trabadores –la inmensa mayoría mujeres, pero ninguna entidad feminista les ha defendido– y más de 4.500 usuarios, es decir, ancianos, dependientes, personas necesitadas de especial cuidado, como residentes o beneficiarios del Centro de Día.

Sueldos atascados, fugas laborales a causa de las condiciones laborales abusivas –el trabajo nocturno, que es obligatorio, se paga a 0,80 euros la hora-, sin antigüedad ni trienios, en clara desventaja respecto a las residencias públicas de gestión pública. En definitiva, una fórmula de la Generalitat para pagar menos adjudicando la gestión a empresas privadas.

Pasaron los meses. En enero de 2025 desde la Consellería se afirmó que se licitarían en el primer trimestre de 2025. De nuevo promesa incumplida.

La profesionalidad de los miles de trabajadores de esas residencias públicas concertadas se está poniendo de manifiesto ante tal abuso continuado. No pueden hacer huelga, porque eso supondría dejar desatendidos a los ancianos. Han mantenido reuniones con sindicatos, convocado concentraciones, protestando y exigiendo, pero hemos llegado a estas fechas en una situación límite, pues esas residencias están teniendo dificultades casi insuperables para lograr personal en verano, con las condiciones laborales existentes.

De esas más de 30 residencias de mayores, la Generalitat aprobó el pasado 27 de mayo la licitación de cuatro, ninguna de ellas con Centro de Día. Suena a crueldad que tener Centro de Día sea una causa de “castigo” a las residencias. Además, que la Consellería recuerde que las residencias de mayores son un “servicio esencial” suena todavía más cruel. En la Consellería se excusan –por supuesto en los pasillos o en privado, porque en público sufrirían abucheos- alegando la burocracia y la complejidad, en parte heredadas de Mónica Oltra. 

Un servicio esencial reiteradamente castigado y a las puertas del verano. Desde la Consellería están preguntando a las residencias pendientes de licitar si están logrando el personal necesario para el verano, porque son públicas las dificultades para lograrlo ¡incluso para el personal de limpieza! En la Consellería saben muy bien hacia dónde se dirigiría la cólera social si no se cubren en verano los puestos de trabajo. La angustia y tensión son máximas: sufren los trabajadores, los mayores y sus familias.

Quedan pendientes 30 residencias. Susana Camarero aseguró que se licitarían tras la aprobación de los nuevos Presupuestos de la Generalitat: se aprobaron el pasado 28 de mayo, y sigue el silencio total. Urge que se liciten ya, en junio, para no prolongar la injusticia, dar oxígeno ya ahora y que entren en vigor cuanto antes: evitaría el goteo de bajas laborales buscando mejores retribuciones y animaría a aceptar sustituciones en verano.

La consellera de Servicios Sociales, portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, ha calificado estas cuatro licitaciones como un avance en el “compromiso social”: contrato con una duración inicial de tres años, que puede ser prorrogado hasta un máximo de dos años adicionales, alcanzando un valor estimado de 56 millones de euros. 

Ha reconocido la consellera que se trata de “garantizar cuidados dignos y proteger a quienes más lo necesitan” con un sistema residencial más humano y profesionalizado. Si algo queda patente tras dos años es que no se ha hecho.

Los más necesitados gritarían, si pudieran: yo solo quiero ser la voz de los débiles, y de quienes no pueden hacer huelga y desatenderles.