El verano, el buen sol, las playas, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos. Qué hermoso sería que tal fuera el estribillo de estos meses de julio y agosto, con nuestras expediciones al mundo entero, con millones de visitantes en nuestro entorno, con el reencuentro familiar.

Pero España tiene unos problemas descomunales que empañan el ambiente. Crisis que rompen cada día un poco más las costuras del país. Bien es cierto que todos los del mundo tienen sus problemas y algunos como Venezuela, Argentina e incluso los Estados Unidos, de enorme envergadura.

Los de España tienen su propia encarnadura y en estos tiempos se llaman Sánchez y "sanchismo". Para el verano del 24 nos tenía reservadas dos sorpresas: la tributación asimétrica para Cataluña y el caso Begoña que aunque viene coleando desde lejos en estos días ha reventado con la imputación a la segunda dama y con la llamada a testificar a su presidencial marido. Que Sánchez no iba a decir ante los tribunales nada interesante ni veraz era bien sabido. La noticia es que movilizó en su defensa a la Fiscalía general -también tambaleante- y a la Abogacía del Estado que acudió en su defensa contra el querellado Juez Peinado. El asunto es grave y merecerá reflexión aparte.

Hablaremos hoy sobre las concesiones que Sánchez está haciendo a ERC para poder entronizar a Illa al frente de la Generalitat. Era evidente que el PSC había ganado las recientes elecciones del 12 de mayo, pero necesitaba el apoyo ya fuera de Junts o de ERC. El primero no estaba dispuesto a prestárselo porque Puigdemont aspiraba al trono y solo en él se sentía cómodo y seguro para volver a España tras haber sido amnistiado tanto él como gran parte de la delincuencia española de izquierdas del norte y del sur.

Conscientes de que pactar con el PSC y con el PSOE era un gesto de claudicación ante su electorado, Junqueras y los suyos calcularon que si obtenían un buen botín, el pacto con el "enemigo" quedaría compensado. El botín exigido fue la condonación de 1.500 millones de euros, el 20% de la deuda acumulada por Cataluña (71.000 millones) y la concesión de una tributación propia, algo que solo el País Vasco tiene hasta ahora, en virtud del pacto firmado en el siglo XIX y renovado en el concierto económico de 2002, algo que España soporta sin entusiasmo por lo que tiene de diferenciador con el resto del país.

Para que Illa pueda gobernar, ahora Sánchez está dispuesto a conceder a Cataluña lo que hasta hace un par de semanas tanto él como su primera Vice rechazaban rotundamente: proceder a una asimetría tributaria y dar un nuevo paso hacia el federalismo que -desde el prisma catalán- es un paso hacia la independencia.

No es bastante tener un gobierno y un parlamento propios -eso lo tienen todas las autonomías-, un idioma propio, una cadena de embajadas, una policía, un concierto económico y social, otro audiovisual, un Defensor del Pueblo. A partir de ahora tendrán una Caja propia con el agravio comparativo que ello conlleva para el resto de las autonomías, la inmensa mayoría de las cuales ha rechazado el acuerdo. Tanto las regidas por el PP como las del PSOE.

La operación aún no está cerrada pero tiene grandes posibilidades de que se culmine. La principal duda viene del flanco de Junts. Veremos cómo se traga Puigdemont tal arreglo cerrado a sus espaldas y sin que haya quedado resuelto su retorno a casa. Sus siete votos siguen siendo decisivos para el huésped de La Moncloa. Tal como están las cosas la única satisfacción que queda al prófugo de Waterloo es votar contra Sánchez en las Cortes y subrayar la debilidad de un gobierno sin presupuestos, sin legislativo y que "solo" cuenta con partes del Judicial como son el Tribunal Constitucional, un empate en el CGPJ, la Fiscalía General y la Abogacía del Estado.