A estas alturas de la crisis sanitaria que padecemos todo el mundo se preguntan cómo se han podido cometer tantos errores en la gestión de la crisis. La sensación de improvisación en la actuación del gobierno se ha extendido entre muchos sectores de la población. Para tratar de revertir esa sensación ahora parece que trata de imponerse el relato de que nadie vio venir la pandemia y lo que ha ocurrido podría haberle sucedido a cualquiera que estuviese en el gobierno.

Trataremos de reflexionar sobre el proceso general de hacer frente a una crisis dentro del marco de la Seguridad Nacional, tratando de adaptarlo al ámbito de la sanidad. No es motivo de este artículo la reflexión sobre el trabajo que llevan a cabo los científicos o expertos, sino la organización existente para dar respuesta a una crisis, en definitiva la gestión de la misma.

Sin necesidad de viajar muy atrás en el tiempo, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad Nacional, al hablar de la Política de Seguridad, se refiere a “La Estrategia de Seguridad Nacional” como el marco político de referencia para dicha Política de Seguridad. Define las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos existentes. Asigna al Presidente del Gobierno la dirección de la Política y del Sistema de Seguridad Nacional y a los Ministros su desarrollo y ejecución, debiendo facilitar el proceso de toma de decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios, a través de instrumentos de prevención, detección, respuesta, retorno a la normalidad y evaluación.

La Ley de Seguridad Nacional incluye entre los ámbitos de especial interés a la Seguridad Sanitaria. Obliga a las administraciones Públicas a establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información y les encarga asegurar la disponibilidad de los servicios esenciales y, entre otros recursos, la garantía del suministro de medicamentos y productos sanitarios.

Es decir que bajo la dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad (el Ministerio) debe desarrollar las líneas de acción estratégicas para cumplir el objetivo marcado por la legislación para la Seguridad frente a Epidemias y Pandemias, según se establece en La Estrategia de Seguridad Nacional que fue publicada el 1 de diciembre de 2017.

Resumiendo, el Ministro de Sanidad debe, entre otras cosas

1. Adaptar servicios de salud pública del Estado y Comunidades Autónomas para asegurar una adecuada capacidad de respuesta operativa.
2. Revisar y actualizar periódicamente los planes de preparación y respuesta existentes ante riesgos específicos.
3. Promover el desarrollo de un plan nacional genérico de preparación y respuesta ante riesgos biológicos con una aproximación multisectorial.
    

Parece evidente que para desarrollar estas líneas de acción hay que llevar a cabo una detallada preparación que garantice el éxito. Es necesario presentar al responsable político las alternativas sanitarias y de otra índole que le expongan la forma de resolver el problema.

Es decir, hay que realizar y mantener actualizados planes de actuación, en los que se haya llevado a cabo un estudio pormenorizado de la amenaza y de los riesgos, y de los medios, procedimientos y recursos disponibles para neutralizarlos. Estos planes deben ser conocidos por la estructura de sanidad y por las Comunidades Autónomas en cuanto posibles responsables de la coordinación con otros sectores no sanitarios, si llegara el caso. Incluso deberían ser ensayados periódicamente, para ponerlos en práctica de forma automática cuando se presente la crisis.

Dichos ensayos habrían permitido corregir errores y obtener información sobre futuras necesidades de recursos sanitarios con lo que se podría haber acometido, por ejemplo, el mantenimiento de una reserva estratégica, se podría haber calculado el ratio mínimo de camas de UCI, etc., todo ello con la finalidad de afrontar la futura posible pandemia en mejores condiciones de éxito.

Para ese menester la Ley 36/2015 otorgaba a las Administraciones Públicas el plazo de seis meses para revisar las normas y procedimientos de actuación para adecuar y coordinar su funcionamiento.

Lo expuesto hasta aquí hace referencia al trabajo a desarrollar de manera “preventiva” por el ministerio. Se trata de mantener “engrasado” un mecanismo de actuación a nivel nacional para el caso de que se presente, como así ha sido, una crisis sanitaria producida por una pandemia.

De lo que hemos visto de la actuación del gobierno, del equipo de ministros nombrado por el presidente para la gestión de la crisis bajo la dirección del ministro de sanidad y del resto de autoridades políticas y sanitarias nacionales y de las CCAA,s no parece que se tenga conocimiento de la existencia de los mencionados planes de actuación ni mucho menos que se haya llevado a cabo ensayo alguno a nivel nacional ni que se tenga conciencia de que ese procedimiento sería el adecuado ante una pandemia. Más bien la impresión que se obtiene es de una descoordinación de las CCAA,s con el gobierno en las actuaciones llevadas a cabo y un “ir por libre” de cada CA., en algo parecido a sálvese quien pueda.

Sin embargo, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente como sabemos del Ministerio de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, tiene entre otras funciones, el desarrollar y mantener el sistema rápido de detección, comunicación evaluación y respuesta frente a alertas sanitarias y elaborar planes de preparación y respuesta ante amenazas actuales o emergentes para la salud pública. Hay que pensar que dicho Centro ha realizado su trabajo, ha materializado las actividades de preparación y respuesta y ha establecido los mecanismos de coordinación con las CCAA,s. Lo contrario, además de un incumplimiento de la legislación, hubiera debido ser motivo de ceses que no se han producido. Más bien parece que los distintos gobiernos, incluso los anteriores a 2015, no han tenido interés en poner en marcha estas medidas de seguridad para la salud de los ciudadanos.

En la actual crisis también hay que pensar que la información obtenida e informes realizados por el CCAES sobre la epidemia del COVID-19 habrán sido elevados al gobierno para la toma inicial de decisiones.

Dicho esto, la pasividad del gobierno desde el día 31 de enero, fecha del primer diagnosticado por COVID-19 en España, hasta el 9 de marzo, lunes, en que el ministro de sanidad alega que “ha habido un cambio de situación el domingo por la noche” puede explicarse bien porque los informes de los técnicos del CCAES establecieran que no había que preocuparse demasiado, como en un principio decía públicamente su director, o bien porque pese a todo el gobierno decidiera anteponer otros intereses a la seguridad sanitaria de la población.

En cualquiera de los dos casos, tanto el director del CCAES como el resto de “técnicos” que lo componen ya no deberían estar en sus puestos. Debían haber sido cesados si se ha dado el primer supuesto del párrafo anterior y, si se ha dado el segundo supuesto, deberían haber dimitido por dignidad personal y profesional y para no ser cómplices de un desastre como el que estamos viviendo por la decisión política de no llevar a cabo las medidas necesarias en el momento oportuno.

En vez de eso, hemos ido viendo al director del CCAES informar a la población rectificando día a día la versión anterior, desde que en España se daría algún caso aislado, pasando por la de que podría haber algún fallecido, hasta la situación actual. La impresión es que el gobierno ha usado al CCAES, y en concreto a su presidente, para enviar un falso mensaje de tranquilidad a la población hasta conseguir el bochornoso hito de la manifestación del día 8 de marzo.

En resumen, se llega al día 31 de enero desarmados en cuanto a organización, planeamiento y medios para gestionar una crisis sanitaria de la importancia de la que se nos venía encima. Con diecisiete organizaciones sanitarias descoordinadas entre sí desde el punto de vista de la gestión de crisis sanitarias nacionales y con un Ministerio de Sanidad burocratizado, cuya contribución al sistema parece ser la de incrementar el gasto público.

Aún así, desde el 31 de enero hasta que se adopta el estado de alarma transcurre aproximadamente 40 días en los que tampoco parece que se adopten decisiones para prepararse a nivel nacional para combatir al virus: acopio de mascarilla, los famosos respiradores, prealerta de unidades de sanidad militar, etc., en lo que supone, a mi juicio, otro lamentable error en la gestión.

Llegados al punto en que el gobierno reconoce la existencia de la crisis a partir del día 9 de marzo, el cómo se ha gestionado la misma a partir de ahí también debe ser motivo de reflexión, la cual trataré de abordar en la segunda parte de este artículo.