Las residencias públicas concertadas de la Comunidad Valenciana están siendo maltratadas desde hace años por parte de la Generalitat. Hace años que están con contrato vencido. El 29 de abril de 2024 Susana Camarero calificó esta irregular situación como “enriquecimiento injusto”, destacando que se iba a resolver en breve.

Han pasado más de dos años y todavía no se ha adjudicado, con unas condiciones laborales y económicas que han prometido mejorar. Más de 3.000 trabajadores con derecho a unos salarios acordes con su gran servicio y que las residencias no sean un desfile permanente de personal hasta que encuentra un trabajo mejor.

Es un grave incumplimiento de la Generalitat. No vale achacar todo a Mónica Oltra. No hay excusas. El recurso de los trabajadores a la huelga es imposible, porque no van a dejar sin atención a los mayores: hacen convocatorias de protesta, hablan con sindicatos y autoridades, y así llegamos al 8 de julio. Elena Albalat, la consellera, ha de actuar. En una empresa privada ya hubiera habido despidos de altos cargos.

El esmero en los servicios a niños y mayores retrata a cualquier Gobierno. La Generalitat no debe dilatar más algo que ya autorizó el 4 de noviembre de 2025, y en mayo de ese año: contratar el servicio de gestión integral de esas residencias públicas concertadas “con tramitación urgente”. Incluía, por ejemplo, las residencias El Pinar (Castellón) y Virgen de Gracia (Villarreal). Vacía y cruel “tramitación urgente”.

Si los periodistas no denunciamos las injusticias de una sociedad, nos convertimos en cómplices y serviles de un poder que incumple gravemente. No nos tragamos la táctica política de anunciar y autorizar, sino que hemos de velar para que se adjudiquen y apliquen estos contratos. “Enriquecimiento injusto”, “con urgencia”: se trata a las residencias como público “cautivo”, como si se hiciera un favor a las familias y sabiendo que los trabajadores ponen por delante su trabajo antes que su salario, y no pueden hacer huelga. Los derechos se exigen, no es pedir ventajas ni suplicar.

Hace seis meses acabó el plazo para que las empresas presentaran a la Consellería sus presupuestos. Silencio: esa es la urgencia ante un enriquecimiento injusto.

Ni se adjudica ni se da la cara en público. Solo cambiarán estas injusticias cuando la Administración esté obligada por escrito a aprobar en un plazo razonable los concursos, y tenga que indemnizar por retrasos, previendo el modo de hacerlo. La Administración debe cumplir: de lo contrario, debe abonar el retraso a los perjudicados. Ojalá lo vea.