Hay un silencio escandaloso en España: el de las organizaciones feministas y responsables de los partidos políticos ante el caos de las pulseras antimaltrato.

No es un fallo aislado ni reciente. Ha habido numerosos fallos, desde hace prácticamente un año. Agentes de la Guardia Civil advirtieron de forma clara de que había víctimas de violencia machista que se estaban sintiendo desprotegidas debido al mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato, llegando incluso a devolver al juzgado el dispositivo. 

Este asunto se puso de relieve por parte de las Fuerzas de Seguridad, así como de magistrados de juzgados de Violencia Sobre la Mujer y de la propia Fiscalía, en una reunión en Granada el pasado 19 de febrero en la que estuvo presente la subdelegación del Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Igualdad, a través de sus delegados.

Los agentes captaron a un hombre, acusado de quebrantar hasta cinco órdenes de alejamiento, en el domicilio de la víctima sin que el sistema de alertas avisara sobre ninguna incidencia.

En los últimos días es muy difícil escoger los asuntos importantes sobre los que valga la pena ahondar. Resulta más sencillo descartar los temas que ya sea por repetitivos o por carecer de profundidad, se nos escurren entre las manos.

Ahí están los desfiles por la Asamblea General de Naciones Unidas de personajes como Trump y Sánchez, postulándose como candidatos al Nobel de la Paz, las pulseras preventivas contra los maltratadores, la carestía y escasez de la vivienda, el próximo paseíllo por los tribunales de la esposa, el hermano, el fiscal, los ex amigos y en el trasfondo los horrores de Gaza y Ucrania que se revuelven un tanto más cada vez que la actividad judicial del entorno presidencial se vuelve más aguda.

Pero mientras todo ello ocurre, Sánchez desde Nueva York no solo nos asegura que su mujer y su hermano son inocentes sino también que en 2027, él será el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno.

I

Moltes voltes dubte, pero al remat opte per replicar. Est articul respon a un atre: “Treballem pel valencià sense prejudicis” (LEV-EMV 24-8-2025: 3) de Vicent Mompó, president de la Diputació de València i membre del PP.

Mompó es el mateix que en la presentacio de l’ultim llibre de l’academic Abelard Saragossà (Sistema d’accentuació (valencià, castellà, italià, s. XIX-XX) Raons de no assimilar-lo / Com fer-lo assequible) (28-7-2025) feu un alegat del valencià popular (en eixemples com eixir, vacacions, gasto...). I ara no te problema en usar ‘prejudicis’… ben popular, a l’inversa, i relegar ‘prejuïns’ (que suponc que està mes en la linea lexica que defenia).

Intentare oferir un poc de llum sobre esta familia composta pel ‘vulgar’ ‘juï’ i els ‘cults’: ‘judici’, ‘judicial’, ‘judicatura’…

Els primitius

El escándalo del mal funcionamiento de las pulseras antimaltratadores se suma a una cascada de escándalos mayúsculos que acumula el Gobierno. 

El colmo ha sido Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, que, sobre este asunto, ha dicho que sería conveniente una “pequeña investigación”: lo que para las víctimas, la sociedad española en su totalidad, para los jueces y la Guardia Civil, se considera que es lamentable, muy grave y caótico cómo han funcionado durante mucho tiempo, Yolanda pretende minimizarlo.

Si estuviéramos en un país más normalizado, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, socialista, tendría que haber dimitido. O que en el seno del PSOE hubiera una exigencia clara y le obligaran a dimitir. O que Pedro Sánchez la cesara.

Si gobernara el PP, Ana Redondo encabezaría las protestas alegando que el PP no protege a las mujeres. Ahora, ni siquiera va a llevar a cabo la “pequeña investigación” apuntada por Yolanda Díaz.

En mi columna de la semana pasada “Agresiones a médicos” destacaba el preocupante aumento de agresiones. Me han llegado opiniones de profesionales del sector y su aportación me parece destacable, por lo quiero mencionarlas.

Me confirman el clima de tensión y violencia que sufren por “todo el malestar que sufren los pacientes con el pésimo modelo sanitario instaurado”. Una farmacéutica me dice que, como los pacientes apenas pueden decir nada a los médicos, “vienen a la farmacia a ‘descargar su ira’ y nosotros les escuchamos muy pacientemente”. El sector farmacéutico forma parte, y muy importante, del sistema sanitario, y no lo mencioné.

Respecto a la hipótesis de que, como es gratis la sanidad, puede gestarse en los pacientes un casi “derecho a todo” y exigir hasta el abuso, y que tal vez cobrar algo serviría para valorar más los derechos y deberes de todos, algunos médicos me han expresado que están “totalmente en contra del copago”. 

Nací y me crie en un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. Para los demás un pueblo más de la Meseta Castellana. Para mí, como supongo que para la inmensa mayoría al hablar del suyo, es mi pueblo. Un lugar repleto de carencias y ayuno de abundancias pero lleno de recuerdos de una infancia y adolescencia atrevida, ilusionante y, hasta cierto punto, irresponsable.

No voy a glosar ni la falta de recursos ni mucho menos la holgura en algún aspecto. Solo me centraré en uno que tanto por la escasez como por la importancia del elemento lo hace vital. El agua. No es que no la hubiera. Es que su obtención era harto laboriosa en mano de obra y no siempre se obtenía el objetivo perseguido.

Sería una gran paradoja que el pueblo judío que hace menos de un siglo fue víctima del mayor genocidio de la Historia, se hubiera convertido ahora en estado genocida, empeñado en exterminar al pueblo palestino.

Fue aquel espantoso holocausto que costó la vida a seis millones de hebreos, el factor que movilizó al mundo entero a buscar un hogar que permitiera a los supervivientes vivir en paz en un país propio. Así nació Israel en 1948. Y desde entonces, los israelitas han conocido todo menos la paz, viéndose agredidos por los estados árabes de la zona con una periodicidad angustiosa de forma que el gobierno de Tel Aviv tuvo que vivir alerta para defenderse del que iba a ser un inevitable nuevo ataque.

El Gobierno valenciano ha decidido tomar medidas ante el aumento de las agresiones a médicos y, en general, personal sanitario, mediante sanciones. Le han precedido tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra.

Es un problema que afecta a todo el país. En 2024 hubo 17.070 agresiones al personal sanitario en España, de acuerdo con el informe del Ministerio de Sanidad, lo que supone un aumento del 16% respecto a 2023.

Este incremento ha llevado la tasa de notificaciones a 24,61 agresiones por cada 1.000 profesionales. Las agresiones han crecido por cuarto año consecutivo, no se trata de una fluctúación pasajera, sino un incremento preocupante.

La mayoría son insultos y amenazas, aunque también hay agresiones físicas. El 78% de las agresiones son contra mujeres. Una vez más, echo en falta voces del feminismo para proteger la “debilidad” de las mujeres que trabajan en la Sanidad, que son tal vez la mayoría del personal sanitario. 

El Toro, un pequeño pueblo de la provincia de Castellón de 260 habitantes que linda con la provincia de Teruel, ha tenido una idea original: tener su propia gasolinera para atajar los elevados precios de los combustibles.

Los vecinos tienen que ir a repostar a 6 kilómetros. El proyecto ha empezado a andar, pues el ayuntamiento ha abierto un registro para que los vecinos interesados, o cualquier ciudadano interesado, puedan ser socios de la futura sociedad pública que construirá y  gestionará con participación vecinal.

Una sociedad mixta ayuntamiento-particulares, con el fin de mejores tarifas. Desde luego, el terreno no es ningún problema, como no lo es en esa zona tan deshabitada y no lo sería si en la provincia de Teruel se lo planteara algún pueblo. 

Las agresiones contra médicos y personal sanitario en general siguen aumentando. En 2024 en la Comunidad Valenciana han aumentado un 13,7% respecto a 2023: 221 fueron agresiones físicas y 1.135 verbales. Más de la mitad en Atención Primaria. No basta con carteles en los Centros de Salud pidiendo respeto al personal sanitario.

La Sanidad es un servicio que, entre todos, hemos de ir mejorando. No sirve de disculpa la tensión que, lógicamente, acumulan algunos pacientes ante enfermedades reales o hipotéticas, o la petición de una baja laboral que no se concede. Tampoco sirve como excusa las esperas o comprobar deficiencias-retrasos en la atención sanitaria. 

Es razonable y oportuno que se modifique la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana sobre infracciones y sanciones a las agresiones contra el personal sanitario, permitiendo sanciones económicas, entre 500 y 60.000 euros, sin acudir a la vía judicial, siempre mucho más lenta y que no se debe saturar más: desde luego, puede haber casos que convenga acudir a los tribunales.