1. LAS POLITICAS CLIMÁTICAS EUROPEAS

El cambio climático responde a fuerzas naturales y cósmicas, más allá del control humano. Pero la verde Europa, simplificando el problema, criminaliza al gas de la vida: el CO2, como único responsable del fenómeno y, como si estuviéramos en una burbuja, dedican millones y millones de euros a descarbonizar Europa y salvarla así de la hecatombe climática, mientras que, curiosamente, el resto del mundo no hace nada y mucho menos quienes más CO2 emiten: China y EEUU.

El parlamento europeo, para implementar en Europa los divinos designios del “Dios Clima”, aprobó el 15 de Enero del 2020  el “Pacto Verde Europeo”  («The European Green Deal»). En la página Web del Consejo de la UE lo define del siguiente modo:

“El Pacto Verde Europeo es la estrategia de crecimiento de la UE. Consiste en un paquete de iniciativas políticas que sitúan a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática para 2050”

¿Y cómo convertir este compromiso político de alcanzar la neutralidad climática para 2050 en una obligación jurídica? Obviamente legislando. Y así es como  en Junio de 2021 la UE aprobaba “La Ley Europea del Clima”, en donde además establece la meta intermedia de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990. Posteriormente, en una revisión de esta ley se estableció el objetivo intermedio del 90% para el 2040, en línea con los ciclos de revisión del Acuerdo de París.

Si observamos la distribución de emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en 2022 (últimos datos publicados) y teniendo en cuenta que las emisiones del Transporte proceden exclusivamente del uso de combustibles fósiles (diésel, gasolina, queroseno), es decir que es debido también a la producción de Energía y que aproximadamente el 75% de las emisiones de la industria se deben también a procesos energéticos por el uso de gas natural, carbón, fuelóleo, electricidad, etc., para calor de procesos, calentamiento de calderas industriales, hornos o combustible de maquinaria, podemos concluir que el 70.5% de las emisiones de la UE son responsabilidad de la Energía.

Luego para cumplir el objetivo de reducir a “cero pelotero” las emisiones del “criminal” CO2, previsto en el “bendito” Acuerdo de Paris, en el “sagrado” Pacto Verde Europeo y en la “dogmática” Ley Europea del Clima, hay que apostar por energías que no emitan CO2. Da igual otros residuos, da igual el paisaje, da igual la fauna salvaje, da igual, incluso, eliminar árboles que captan CO2 de forma natural, lo importante es el postureo de reducirlo.

 

2. LAS DOS SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Teóricamente, en la práctica veremos que no es así, hay dos soluciones energéticas que no emiten CO2: las renovables y las nucleares.

Mientras que la energía nuclear se produce mediante la fisión de los núcleos de determinados elementos, como el uranio o el plutonio, o teóricamente mediante la fusión de núcleos ligeros (aunque esta última aún no se utiliza comercialmente), las energías renovables provienen de fuentes naturales que se regeneran de forma continua y son prácticamente inagotables, como la luz solar, el viento, el agua en movimiento, la biomasa o el calor geotérmico.

Para compararlas es necesario introducir una breve explicación sobre cómo funciona la “Red Eléctrica”.

La red eléctrica es el conjunto de infraestructuras físicas y sistemas que permiten el transporte, distribución y entrega de energía eléctrica desde los puntos de generación hasta los consumidores finales, de forma segura, continua y eficiente.

La red eléctrica está altamente mallada e interconectada en gran parte de Europa, y opera con corriente alterna a una frecuencia nominal de 50 Hz. Por ello, todos los equipos eléctricos conectados a la red están diseñados para funcionar a esa frecuencia y no a otra diferente.

Esta arquitectura, y esto es “clave”, obliga a mantener un equilibrio constante entre la potencia generada y la demanda de los consumidores. Si la generación supera al consumo, la frecuencia de la red tiende a subir, lo que requiere reducir generación. En cambio, si el consumo supera a la generación, la frecuencia baja, y es necesario aumentar la potencia generada para restablecer el equilibrio. 

Todo ello en la red funciona automáticamente, ya que, si no queremos que caiga la red, la repuesta tiene que ser inmediata. A esta inmediatez se la denomina  “inercia eléctrica”.  La inercia es la capacidad del sistema para resistir cambios bruscos en la frecuencia y estabilizarla de nuevo a 50Hz. Esta estabilidad la proporcionan las turbinas de las centrales térmicas o nucleares, que giran sincronizadas con la red. Si hay una perturbación (como una caída súbita de generación), esas masas giratorias actúan como “amortiguadores” físicos, frenando las oscilaciones.

Pero no todas las fuentes de energía mueven turbinas, por lo que no todas contribuyen del mismo modo a la estabilidad de la red.

La energía nuclear, las energías térmicas (de carbón, gas o biomasa) y la energía hidráulica utilizan turbinas acopladas a generadores síncronos, que están sincronizados con la red y aportan inercia y regulación de frecuencia.

En cambio, las instalaciones fotovoltaicas y eólicas no disponen de turbinas conectadas directamente a la red: el sol o el viento generan energía que se transforma en electricidad mediante inversores electrónicos, que convierten la corriente continua o variable en corriente alterna sincronizada con la red. Estas fuentes no pueden regularse a voluntad para ajustarse a la demanda, dependen de la cantidad de sol y viento en cada momento, por lo que se consideran “no regulables”. Además, su producción es intermitente: si hay sol o viento, hay energía; si no lo hay, no hay energía.

Técnicamente un Mix energético debe de tener, al menos, la participación de un 30% de energía  inercial o regulable (nuclear, carbón, ciclo combinado de gas o hidroeléctrica), que le dé esa capacidad de respuesta ante una fluctuación de la red. Con menos participación de regulable se pone en riesgo el funcionamiento de la red.

 

3. EL GRAN APAGÓN ESPAÑOL

El lunes 28 de abril de 2025 a las 12:33 h, se produjo una desconexión repentina de 15 GW de potencia, lo que supuso cerca del 60 % del consumo eléctrico nacional en ese momento, lo que ocasionó una caída en el suministro de toda la España peninsular, además de Portugal y Andorra, llegando a impactar también en zonas del sur de Francia. Este apagón afectó a 55 millones de personas.

El motivo del apagón: la irresponsable cantidad de renovables en el mix eléctrico del día. Esta afirmación con la que están de acuerdo todos los especialistas en red eléctrica, salvo aquellos que se han puesto al servicio del gobierno, es fácilmente deducible de este gráfico de Red Eléctrica Española.

Cierto es que la red es muy compleja y estudiar los lugares concretos en donde se produjeron esas perturbaciones no es fácil. Pero concluir, de forma genérica, que la red cayó por un exceso de generación de renovables es tan sencillo como analizar el gráfico  de Red Eléctrica Española.

Como ya explicamos anteriormente, para que la red funcione adecuadamente debe de existir un equilibrio entre la demanda real (color marrón) y la generación de energía (en el gráfico la suma de generación renovable y no renovable), que además suele ser sensiblemente igual a la programada (color amarillo).

A lo largo de la mañana se observó un lógico aumento progresivo en la producción de energías renovables, impulsado principalmente por la mayor radiación solar al acercarse el mediodía y una lógica disminución de la demanda. Al mismo tiempo, para evitar un exceso de generación eléctrica, la producción de energías no renovables (gestionables) comenzó a disminuir.  Sin embargo, la radiación solar seguía creciendo y la producción de renovables  aumentó hasta niveles que la escasa cantidad de energía gestionable pudiera equilibrar.

Esta sobregeneración provocó un aumento de la frecuencia eléctrica por encima de los 50 Hz, que es el valor nominal al que debe operar la red. Como medida de protección, numerosos elementos del sistema eléctrico —plantas generadoras, subestaciones, líneas— se desconectaron automáticamente, lo que provocó una caída masiva de la red.

La situación concreta a las12:30, momento del apagón  (ver gráfico) era: 1 una demanda real de 25.184 Mw; una subida en las renovables hasta las 26.203 Mw (81.48% del total del suministro), una cantidad de generación de no renovables de 5954 Mw (18.52% del suministro total) claramente insuficiente para equilibrar  ese exceso de generación de renovables. 

El restablecimiento completo del suministro tardó más de 12 horas. El apagón puso de relieve los riesgos de una red con baja inercia y una creciente dependencia de tecnologías no regulables.

Si como hemos visto la responsabilidad del apagón fue  de un exceso de renovables en el Mix energético del día ¿Por qué el Gobierno oculta este hecho incontestable? ¿Por qué ha puesto a trabajar a su entorno mediático a esconder esta verdad? ¿Por qué aprueba el RDL 7/2025 sobre medidas para reforzar la red eléctrica, cuando en realidad solo contiene disposiciones orientadas a facilitar la implantación de las energías culpables del apagón: fotovoltaica y eólica? ¿Por qué, tras el rechazo de este RDL en el Congreso de los Diputados, ahora quieren aprobar esas mismas medidas despóticamente, dividiéndolas en varios decretazos?

El motivo es el mismo por el que se ideologiza lo que debería ser solo energía; por el que se bautiza como “verde” aquello que representa el mayor crimen medioambiental y paisajístico de la historia de España; o por el que se criminaliza la energía con más futuro: la Nuclear, imponiéndole impuestos absurdos y programando su disparatado cierre.

Esto va más allá de una ideología o de un Plan Nacional de Energía: estamos en manos de intereses económicos; estamos en manos de un siniestro plan de mayor escala; estamos en manos de quienes quieren controlar el mundo. Por ello, el Gobierno no quiere dar su brazo a torcer y a toda costa quiere cumplir los objetivos que se le han encomendado.

Pasemos a ver dichos objetivos.

 

4. EL PLAN ENERGETICO DE ESPAÑA

El plan energético español a largo plazo se presenta como una hoja de ruta hacia un futuro limpio, seguro y sostenible. Pero, en realidad, nos arrastra hacia todo lo contrario: un paisaje arrasado por mares de espejos y colosos de hormigón, una avalancha de residuos de materiales contaminantes y en ocasiones de difícil o nulo reciclado, un sistema cada vez más frágil y propenso a apagones, una sustitución del alimento por el megavatio, un derroche hídrico en una España sedienta, y, sin saberlo y sin advertirlo, nos conducen también a una alarmante dependencia de fuentes contaminantes que ni siquiera controlamos, como el gas. Lo que se promete como transición es, en verdad, una deriva..

Los objetivos vienen reflejados en la dogmática y poco realista Ley 7/2021 de “Cambio Climático y Transición Energética”, que proclama la neutralidad climática antes de 2050 como si fuera un acto de fe más que un plan técnico viable. Le acompaña el ambicioso pero tecnocrático “Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023–2030”, que fija metas cargadas de optimismo ideológico en materia de renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones. A estos se suma la utópica “Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050)”, que dibuja un futuro libre de carbono sin resolver las contradicciones del presente, y finalmente, el derrochador y clientelar PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), que reparte ingentes fondos europeos bajo el eslogan de la innovación verde. Juntos, estos marcos —más simbólicos que operativos— pretenden definir la hoja de ruta energética de España para las próximas décadas.

Entre los objetivos más repetidos en estos documentos destacan: 

• Alcanzar la neutralidad climática en 2050
• Lograr que al menos el 81 % de la electricidad sea renovable en 2030 y completa en el 2050
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 32 % respecto a 1990 y el 100% para 2050.
• Desplegar 76 GW de energía solar fotovoltaica, 62 GW de eólica, y hasta 11 GW de capacidad de hidrógeno verde mediante electrolizadores. 

Todo ello mientras se impulsa el cierre progresivo de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 y se articula una red eléctrica altamente electrificada, digitalizada y vulnerable. Un programa repleto de promesas de transformación que, sin un análisis realista de costes, impactos o límites físicos, se asienta más sobre la irresponsable propaganda que sobre la viabilidad.

¿Es realista alcanzar que el 100% de la Energía de España sea de fuentes renovables, principalmente basadas en fotovoltaicas y eólicas?

Es lógico que, buscando la Soberanía energética, en función de los recursos disponibles en cada país, estos apuesten por modelos distintos en su mix energético. Y precisamente por ello, también es lógico que en dicho mix participen diversas fuentes de Energía. Lo que no es lógico y es puramente ideológico, desperdiciar energías disponibles y apostar únicamente por un tipo de energía. España, como hemos visto, por pura ideología, apuesta por un modelo inestable e ilógico en donde se  desprecia la Energía nuclear y se pretende un más que  teórico 100% de renovables.

En la actualidad España, según datos de Red Eléctrica Española, ha alcanzado los 34,3 GW de potencia instalada de fotovoltaica y los 32 GW de eólica. A pesar de que supone ya un alto impacto en el paisaje español, en terrenos agrícolas perdidos y en fauna afectada, estamos muy lejos del objetivo para 2050 de 76 GW de energía solar fotovoltaica y 62 GW de eólica.

El problema principal de estas energías es, como se ha dicho, su intermitencia. Su dependencia del Sol y del viento no garantiza un suministro continuo y las hace dependientes, bien de otras energías o bien de grandes acumuladores.

La política energética española ha apostado decididamente por el despliegue masivo de energías renovables, especialmente fotovoltaica y eólica, hasta el punto de convertir a la fotovoltaica en la fuente con más potencia instalada del país. Sin embargo, cuando se analiza la generación real de electricidad, se hace evidente que más potencia no equivale a más producción.

Si comparamos el gráfico de la capacidad eléctrica instalada con el gráfico de la Generación real podemos observar que:

• La energía nuclear es mucho más eficiente en su uso de potencia. Con solo 7,1 GW instalados, la nuclear genera 53,1 TWh al año, mientras que la fotovoltaica con casi cinco veces más de potencia instalada (34.3 GW) tan solo genera 49.6 TWh. Esto demuestra que la energía nuclear es una fuente constante y gestionable, con alto rendimiento durante todo el año y refleja un hecho esencial: las tecnologías renovables intermitentes necesitan enormes infraestructuras para generar lo que una fuente estable puede aportar con mucho menos.
• Las fuentes gestionables (Hidráulica, nuclear y ciclos combinados) tienen mejor aprovechamientoy una relación más equilibrada entre capacidad instalada y generación. Son tecnologías gestionables que pueden regular su producción según la demanda. El sistema necesita fuentes con inercia y control, no solo potencia bruta instalada.
• Tanto la hidráulica de embalse como la nuclear demuestran su valor como fuentes gestionables: estables, predecibles y con alta capacidad de respuesta. En cambio, la estrategia actual de apostar casi exclusivamente por fuentes sin inercia ni respaldo plantea serios retos para la estabilidad de la red, especialmente si se cierran las centrales nucleares y no se despliega almacenamiento a gran escala.

La conclusión es clara: no basta con instalar gigavatios de renovables. El sistema energético necesita fuentes con capacidad de respuesta, eficiencia y respaldo. Si no se acompaña la transición con una planificación realista —que incluya almacenamiento, tecnologías gestionables y diversificación— corremos el riesgo de construir un sistema vulnerable, intermitente y dependiente de energías que, paradójicamente, pretendíamos superar.

Pero ¿Existe algún país en el mundo con un proyecto similar? Varios países del norte de Europa, como Alemania, Dinamarca o Islandia, apuestan por alcanzar un sistema 100 % renovable, pero en todos ellos tienen un peso importante fuentes gestionables como la energía hidráulica o la geotérmica. Alemania, además, sigue quemando carbón y, de hecho, en los últimos años ha incrementado temporalmente su uso, a pesar de sus compromisos climáticos. España, en cambio, se dirige hacia un modelo renovable sin capacidad de inercia natural, basado casi exclusivamente en fuentes intermitentes como la fotovoltaica y la eólica.

 

5. ¿SON VERDES LAS ENERGÍAS FOTOVOLTAICAS Y EÓLICAS? 

Te dirán que sí porque no emiten CO2 en su funcionamiento, ese gas natural que, una vez criminalizado, lo justifica todo. 

Pero solo un daltónico puede ver el color verde en este tipo de energías: enormes extensiones de campo cubierto de hormigón, cristales de silicio y estructuras metálicas difícilmente pueden considerarse verdes; grandes torres de hormigón con enormes aspas asesinas tampoco lo son.

Más que ser verdes, eliminan verde. Según una nota oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 28 de junio de 2024, el 93 % de los parques fotovoltaicos en España se construyen sobre terrenos agrícolas, mientras que solo el 7 % afectan a suelos no agrarios o forestales.

Olivos, naranjos, viñedos, cultivos de cereal o hortalizas, plantas que captaban CO2, vestían el paisaje y sostenían la economía rural, son reemplazados por extensas superficies de aluminio y cristal que no purifican el aire, destruyen sumideros naturales de carbono y desarticulan ecosistemas productivos.

En Lopera (Jaén), los proyectos Zumajo I y II, Marmolejo Solar I y II y Guadame III promovidos por Greenalia implican el arranque de entre 36.000 y 48.000 olivos centenarios para instalar megaplantas solares que devastan el olivar local. En la Comunidad Valenciana, la planta Arada Solar de Statkraft (140 MW sobre 280 hectáreas) amenaza con destruir unos 126.000 árboles frutales, principalmente citrícolas en producción en Vall d’Uixó, Xilxes y Moncófar, muchos de ellos naranjos productivos en suelo de regadío. En zonas con viñedos activos de Castilla La Mancha y Cataluña, el proyecto WineSolar (ligado a Iberdrola y al Grupo González Byass) sustituye parcelas vitícolas tradicionales por paneles fotovoltaicos, eliminando cultivos con valor de patrimonio agronómico y cultural.

Nuestro gobierno pudiera hacer como el Italiano: desde mayo de 2024, Italia ha aprobado un decreto que prohíbe la instalación de paneles solares directamente sobre el suelo en zonas clasificadas como agrícolas, pero por algún oscuro motivo no lo va a hacer.

¡Renovables sí, pero no así! Clama el pueblo. Se ha tragado que son buenas, que son verdes, que el CO₂ es el gran villano que está cambiando el clima. Pero tras leer este apartado, quizás cambies el eslogan por uno más escéptico: “¿Renovables? No, gracias”. Nos referimos, en concreto, a las plantas fotovoltaicas y eólicas, ya que otras formas de energía renovable no generan un impacto ambiental tan destructivo.

Sin embargo, estas instalaciones difícilmente se ubicarán fuera del suelo agrícola. Se instalan donde más conviene a los promotores, no donde menos daño causen. Amparados por una legislación que prioriza el despliegue renovable como estratégico, muchos proyectos fotovoltaicos han sido declarados de utilidad pública o interés general, lo que permite, si es necesario, la expropiación forzosa de bienes y terrenos privados.

El respaldo legal que permite la expansión de grandes instalaciones renovables sobre suelo agrícola se encuentra en el artículo 54 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que declara de utilidad pública todas las infraestructuras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica. A ello se suma la Ley 6/1997 de Suelo Rústico, cuya Disposición Adicional Octava —modificada por la Ley 25/2006— autoriza la declaración de interés general para proyectos renovables.

¿Qué implica esta declaración?:

• Expropiación forzosa: Los proyectos declarados de utilidad pública o interés general permiten a la administración expropiar terrenos privados, previa tramitación e indemnización.
• Agilización administrativa: La consideración de estas instalaciones como infraestructuras estratégicas reduce requisitos burocráticos y, en muchos casos, elimina la necesidad de licencias municipales.
• Blindaje jurídico: Estos proyectos gozan de protección reforzada frente a recursos locales o recursos de ayuntamientos, como se ha visto recientemente en Cataluña, donde el Decreto ley 12/2025 otorgó la categoría de interés público superior a proyectos renovables y de almacenamiento energético en suelo no urbanizable.

Es decir, lo tienen todo a favor. ¿Cómo las van a instalar en otro tipo de terreno, si el terreno agrícola está ya allanado, con acceso a vías de comunicación, están cerca de tendidos eléctricos y frecuentemente tienen agua en abundancia? A la vista de donde las instalan, lo del informe medioambiental es solo un trámite.

Es cierto que no emiten CO₂ durante su funcionamiento. Sin embargo, ser bajas en emisiones no equivale automáticamente a ser sostenibles. Cuando se examinan en su conjunto —desde la extracción de materiales hasta su instalación, operación y retirada— emergen múltiples impactos que deberían llevarnos a matizar su etiqueta de "verdes":

• Son tremendamente ineficientes y, para producir suficiente energía, requieren ocupar grandes extensiones de suelo agrícola y natural: Esto provoca la pérdida de tierras de cultivo, altera paisajes tradicionales y empobrece la biodiversidad. En numerosos casos, los proyectos se implantan sin diálogo con la población local, generando rechazo social.
• Alta huella ambiental en su fabricación: La construcción de paneles fotovoltaicos y aerogeneradores implica una cadena de producción intensiva en energía, agua y minerales críticos: silicio, cobre, litio, tierras raras... La mayor parte de estos procesos industriales se realizan fuera de Europa, en países con menor control ambiental y social.
• Impactos sobre la fauna y el entorno: Los aerogeneradores son responsables de una elevada mortalidad de aves y murciélagos, incluyendo especies protegidas y de alto valor ecológico dentro de la cadena trófica. En España, SEO/BirdLife estima que entre 1,2 y 4,6 millones de aves mueren al año por colisiones con aerogeneradores. A esto se suman los efectos sobre especies protegidas y ecosistemas completos, especialmente en zonas con alta biodiversidad. Las instalaciones solares degradan hábitats y afectan el equilibrio de insectos polinizadores y otras formas de vida. La biodiversidad sufre un coste que pocas veces se menciona.
• Dificultades de reciclaje: Los residuos de palas eólicas y módulos solares son un problema emergente. Muchos de estos materiales no son fácilmente reciclables, y las estimaciones apuntan a una futura acumulación de residuos si no se implementan políticas específicas. En el caso de los paneles fotovoltaicos, según estimaciones publicadas por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), España podría generar al menos 10.000 toneladas de residuos al año hasta 2027, y superar las 180.000 toneladas acumuladas por la primera oleada de instalaciones. Para 2030, esta cifra podría alcanzar 1,26 millones de toneladas si continúa el ritmo actual de instalación. En cuanto a las palas de aerogeneradores, se prevé que entre 2021 y 2025 se retiren 145.000 toneladas, con una media de 29.000 toneladas al año, compuestas principalmente por materiales compuestos difíciles de tratar, como fibra de vidrio y resinas sintéticas. La falta de infraestructura adecuada y de estrategias de reciclaje específicas agrava este desafío ambiental.
• El respaldo no es sostenible: Estas tecnologías no son síncronas ni regulables: producen cuando hay sol o viento, no cuando se necesita. Para compensar esta variabilidad se requiere mantener tecnologías de respaldo (como ciclos combinados de gas o almacenamiento en baterias), lo que contradice su aparente autosuficiencia limpia.

• Consecuencias sociales y territoriales: La implantación masiva de renovables sin una planificación adecuada contribuye al vaciamiento rural. Los beneficios se concentran en grandes promotores, mientras que las comunidades locales muchas veces pierden tierras, identidad y control sobre su entorno.

   

6. ¡TELA! CON EL ALMACENAJE

Como hemos visto, estas tecnologías dependen de la presencia de sol o viento para producir energía. Una forma de mitigar esta intermitencia es dotarlas de sistemas de almacenamiento, algo que, curiosamente, no incorporaban la mayoría de plantas fotovoltaicas instaladas hasta la fecha.

Tras el apagón, el Gobierno español, lejos de rectificar su rumbo o reconsiderar el cierre programado de las centrales nucleares, ha optado por enmascarar la falta de inercia del sistema impulsando a contrarreloj una medida paliativa: añadirles almacenamiento.

Con este fin, el Gobierno se ha apresurado a aprobar el Real Decreto‑ley 7/2025, de 24 de junio, titulado “Medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico”. En él, además de impulsar el almacenamiento energético como respuesta a la falta de inercia del sistema, se amplían los plazos de ejecución para evitar la caducidad de proyectos pendientes, se simplifican los trámites ambientales —debilitando aún más el control previo—, y, lo que más alarma al mundo rural, se establece en su artículo 8 la declaración de utilidad pública para las nuevas instalaciones de almacenamiento.

Este último punto tiene importantes consecuencias: permite la expropiación forzosa de terrenos, incluyendo fincas agrícolas en producción, para destinarlos a infraestructuras energéticas. En otras palabras, se otorga un marco legal que refuerza el poder de las grandes promotoras sobre el territorio, restando capacidad de decisión a propietarios, ayuntamientos y comunidades locales, que ven cómo se profundiza un modelo de transición energética impuesto desde arriba y ajeno al equilibrio entre ecología, agricultura y paisaje.

A dicho RDL muy astutamente lo han denominado “Ley antiapagón”, cuando en realidad no cambia para nada el actual modelo responsable del apagón. En lugar de abrir un debate serio sobre la necesidad de mantener tecnologías estables como la nuclear o de planificar de forma ordenada el despliegue renovable, se opta por parchear el sistema a golpe de decreto. La estrategia es clara: intentar corregir los fallos del modelo a posteriori, dotándolo ahora de almacenamiento, cuando debió haber sido concebido desde el inicio con criterios de estabilidad, planificación territorial y garantía de suministro.

¿Y por qué no se incluyó el lógico y necesario almacenamiento en los Pliegos de Prescripciones Técnicas? ¿Fue por incompetencia de la administración o por una estrategia deliberada?

En mi opinión, hubo sin duda tacticismo: ante los elevados costes del almacenamiento, muchas empresas no habrían visto viable la rentabilidad de los proyectos y, en consecuencia, no se habrían presentado a concurso.

Afortunadamente, este RDL fue rechazado por el Congreso de los Diputados el 22 de julio de 2025, con 183 votos en contra y solo 165 a favor. Como establece la Constitución, la no convalidación implica su derogación automática.

Partidos como PP, Vox, Junts, Podemos, UPN y BNG tumbaron el decreto por motivos diversos. En concreto, desde las asociaciones agrarias independientes se remitió carta  a todos los grupos políticos alegando esa indefensión de los agricultores frente a expropiaciones llevadas a cabo por empresas privadas, que permite la ley, en contra del derecho constitucional a la propiedad. 

Pese a su caída parlamentaria, el contenido del RDL 7/2025 no ha desaparecido del debate político. El Ejecutivo, en una práctica totalitaria y no aceptando la decisión del parlamento, ha iniciado un nuevo proceso normativo urgente para rescatar varias de sus medidas clave. El nuevo real decreto incluye la incorporación del almacenamiento eléctrico, la repotenciación de instalaciones existentes, la agilización de la tramitación administrativa, la prioridad de despacho para renovables con baterías, y, cómo no, la declaración de utilidad pública, que habilita procesos de expropiación forzosa.

El periodo de alegaciones estará abierto hasta el 11 de agosto de 2025. Aunque estas no son vinculantes, deben ser formalmente consideradas por el ministerio competente. Si existe una respuesta social amplia y bien fundamentada, el Gobierno podría verse obligado a modular el texto final para evitar conflictos sociales o jurídicos.

De ahí la importancia de presentar un número elevado de alegaciones coherentes y en la misma línea, como forma legítima de oposición al modelo energético que se pretende consolidar.

Pero ¿Se resuelve el problema de la inercia con el almacenamiento en baterías de Litio? El almacenamiento en baterías mejora la estabilidad del sistema, pero no resuelve por sí solo el problema de la falta de inercia. Para ello, se requieren otras tecnologías complementarias o mantener fuentes gestionables con generadores síncronos, como la hidráulica, los ciclos combinados de gas y la nuclear.

Si el plan del Gobierno es cerrar las centrales nucleares, la única forma de aportar inercia al sistema eléctrico, cuando no haya sol ni viento, será recurrir a la energía hidráulica —limitada en una España cada vez más seca— y a los ciclos combinados de gas, altamente contaminantes por sus emisiones de CO₂ y óxidos de nitrógeno, que dañan la capa de ozono, provocan enfermedades respiratorias y contribuyen a la lluvia ácida. Todo ello, además, a costa de importar gas de países “amigos” como Rusia o Argelia.

En Cuanto a almacenar la energía, hoy por hoy nos hace dependientes del Litio. Las baterías de litio se presentan como una posible solución para almacenar la energía generada en los momentos de exceso y liberarla cuando hay déficit. Sin embargo, presentan importantes limitaciones:

• Su precio sigue siendo elevado: en muchos casos, el coste de una instalación de almacenamiento con baterías puede igualar o incluso superar al de la propia planta fotovoltaica.
• Su vida útil efectiva ronda entre los 10 y 15 años, lo que obliga a renovarlas varias veces a lo largo del ciclo de vida de una instalación solar o eólica.
• Limitada autonomía: las baterías actuales no pueden garantizar el suministro energético más allá de tres horas, lo que las hace ineficientes para cubrir demandas prolongadas o periodos de baja generación renovable, como olas de frío o anticiclones prolongados.
• La extracción y procesamiento del litio —principal componente de estas baterías— implica impactos ambientales y sociales relevantes, especialmente en regiones de América del Sur donde se concentran las mayores reservas.
• Recurso finito: Según el Servicio Geológico de EE. UU estima que hay unos 30 millones de toneladas de Litio lo que supone al ritmo actual de consumo, que hay reservas para 167 años

Todo ello pone en entredicho la sostenibilidad global de confiar el equilibrio de la red eléctrica a soluciones de almacenamiento basadas exclusivamente en litio.

 

7. UNA SOLUCIÓN PARA EL SISTEMA; UN PROBLEMA MAS PARA  LA AGRICULTURA: EL HIDROGENO VERDE

Una alternativa al almacenamiento energético que actualmente se estudia es el “hidrógeno verde”, que además se perfila como el carburante de los vehículos del futuro más inmediato.

El hidrógeno verde (H₂) es un tipo de hidrógeno producido mediante electrólisis del agua, utilizando electricidad procedente de fuentes renovables como la solar o la eólica. Se considera “verde” porque su proceso de producción no genera emisiones contaminantes ni de CO₂, a diferencia de otros tipos de hidrógeno. 2H2​O⟶2H2​+O2​

Este hidrógeno puede almacenarse y utilizarse posteriormente para generar electricidad, ya sea mediante turbinas o pilas de combustible. Si se emplea en turbinas, ofrece una ventaja adicional: aporta inercia al sistema eléctrico, contribuyendo así a la estabilidad de la red.

Sin embargo, no está exento de limitaciones técnicas y económicas: depende de existencia de agua de calidad, su eficiencia energética es baja, el almacenamiento resulta costoso y complejo, y las tecnologías necesarias para su despliegue masivo aún están en fase de desarrollo.

Como vimos en el punto cuatro, España ya ha introducido al Hidrogeno verde en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), con un objetivo tan ambicioso como discutible: alcanzar entre 11GW y 12GW de capacidad instalada a lo largo de todo el territorio nacional, que la consolidaría como líder europeo en este sector energético y exportador de Hidrogeno al resto de Europa

En proyectos ya aprobados de Hidrogeno Verde del programa PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA). se suman 4 GW de capacidad entre siete iniciativas aprobadas, lo que representa un tercio del objetivo nacional. Estos proyectos, seleccionados y financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica, han recibido la friolera asignación de 1.223 millones de euros.

Cinco comunidades autónomas concentran estos grandes clústeres industriales: Andalucía, Castilla y León, Aragón, Cataluña y Galicia. Entre los más destacados figuran el Valle Leonés del Hidrógeno (Castilla y León), impulsado por Reolum; el Valle de Cartagena (Murcia), promovido por Repsol; el Valle de A Coruña, con participación de Ignis y Repsol; o el ambicioso proyecto andaluz de CEPSA entre Huelva y Cádiz, uno de los más potentes de Europa.

Curiosamente, toda la infraestructura necesaria para producir y almacenar este hidrógeno —incluidas las plantas fotovoltaicas que lo alimentan— recibe el nombre de “valle de hidrógeno”, un término tan atractivo como engañoso.

Lejos de sugerir un paisaje bucólico, estos valles implican la instalación de grandes plantas de electrólisis, voluminosos centros de almacenamiento, redes de tuberías, un constante trasiego de camiones cisterna y por último esas extensas superficies de espejos de silicio de la fotovoltaica encargada de proporcionarle la energía. Es decir, una profunda transformación del entorno rural, que no siempre tiene en cuenta la fragilidad de los suelos agrícolas sobre los que se implanta y en este caso concreto la necesidad de agua para la agricultura.

España, olvidándose de sus recurrentes sequías, prevé convertirse en un exportador clave de hidrógeno verde hacia Europa a partir de 2030, gracias a su gran capacidad renovable y al proyecto H2Med, que conectará la península con Francia y Alemania.

Como mencionamos anteriormente, la producción de hidrógeno verde es ineficiente: para generar 1 kg de H₂ —con un contenido energético aproximado de 40 kWh— se necesitan entre 50 y 55 kWh de electricidad renovable mediante electrólisis. Esto implica una eficiencia energética del 60–70 %. A ello hay que sumar pérdidas adicionales del 10 % al 15 % durante el almacenamiento o la conversión posterior en electricidad, lo que reduce la eficiencia total del proceso a la mitad o incluso menos.

¿Sería más eficiente si en lugar de energía fotovoltaica se utilizara energía nuclear para la electrólisis?

En lo que respecta a la electrólisis en sí, no: seguiríamos necesitando aproximadamente 50 kWh de electricidad por cada kilo de hidrógeno. Sin embargo, la energía nuclear sí aporta ventajas fundamentales:

• Producción constante: a diferencia de la energía solar, la nuclear no depende del clima ni del ciclo día-noche, lo que permite generar hidrógeno de forma continua.
• Mejor aprovechamiento energético: en momentos de baja demanda eléctrica (por la noche o fines de semana), las nucleares pueden desviar su exceso de producción a la generación de hidrógeno, evitando el desperdicio de energía.
• Menor necesidad de almacenamiento: al ser una fuente estable y continua, no requiere infraestructuras de respaldo como baterías o sistemas híbridos, lo que reduce costes logísticos y técnicos.
• Potencial uso del calor residual: algunos diseños de reactores avanzados podrían, en el futuro, aprovechar el calor del núcleo para realizar electrólisis de alta temperatura, lo que aumentaría la eficiencia del proceso hasta niveles superiores al 80–90 %.

Pero la limitación más importante del hidrógeno verde es su elevadísimo consumo de agua. Teniendo en cuenta que para obtener 1 kg de hidrógeno se requieren aproximadamente 9 litros de agua purificada, y que cada kilogramo de H₂ puede generar 33,3 kWh de energía, una central de hidrógeno verde de 1 GW de potencia, funcionando durante un día, consumiría unos 6.480.000 litros de agua, es decir, 6.480 m³.

El agua utilizada en el proceso de electrólisis debe ser totalmente pura. Si en lugar de emplear agua de embalse o subterránea se utiliza agua desalada, el coste del agua se multiplica por 10 en el primer caso, o por 5 en el segundo, lo que compromete gravemente su rentabilidad.

En el caso del uso de aguas residuales regeneradas, procedentes de estaciones depuradoras, el precio del agua es más competitivo que el del agua desalada, aunque también triplica o cuadruplica el precio del agua superficial, en promedio. 

Es por ello que estos valles de hidrógeno verde se estén situando principalmente en zonas agrícolas de regadío. De este modo, no solo expropiarán terrenos productivos para su implantación, sino que, además, en una España donde la agricultura sufre restricciones de agua en tiempos de sequía, estaremos poniendo a un gran "hidrófilo" a competir directamente con ella por un recurso cada vez más escaso.

No estoy en contra de buscar nuevas fuentes de energía inagotables que sustituyan a las derivadas de los hidrocarburos; pero no es lo mismo utilizar el hidrógeno verde como combustible para distintos motores que emplearlo también como respaldo o sistema de almacenamiento de energías renovables. Y mucho menos que, en una España sedienta, nos dediquemos a exportar hidrógeno verde a toda Europa a costa de destruir nuestra agricultura.

 

8. ESPAÑA EN CONTRA DEL VERDADERO CAMINO HACIA UNA ENERGIA VERDE Y SOSTENIBLE: LA ENERGIA NUCLEAR

“¿Nucleares? No, gracias”, fue el eslogan de muchas manifestaciones antinucleares durante las décadas de 1970 y principios de 1980. El auge de la energía nuclear en España, junto con la problemática de los residuos radiactivos y el temor creciente a un posible accidente, pusieron a la opinión pública en contra de este modelo energético.

ETA aprovechó ese clima de descontento social para atentar en varias ocasiones contra la central nuclear de Lemóniz, entonces en construcción, hasta que, finalmente, el 6 de febrero de 1981, asesinó al ingeniero jefe de la planta, José María Ryan Estrada, tras una semana de cautiverio. Este trágico hecho supuso, de forma indirecta, la paralización práctica del proyecto, al generar, curiosamente, un rechazo social masivo que lo hacía insostenible. Los terroristas alcazaban su objetivo.

Por otro lado, el país sufría un exceso de potencia instalada, fruto de previsiones de crecimiento energético no cumplidas, lo que hacía innecesaria la construcción de nuevas centrales.

En este contexto, llegó al poder en 1982 el PSOE, que apostaba por un cambio de rumbo en el modelo energético con una menor dependencia de la energía nuclear. Así fue como, el 14 de marzo de 1984, el Gobierno español aprobó la conocida moratoria nuclear. Esta decisión paralizó la construcción de nuevas centrales y congeló varios proyectos ya iniciados, como los de Valdecaballeros o Lemóniz, y desde entonces se mantiene vigente como una decisión política, sin que se hayan impulsado nuevos proyectos nucleares.

El accidente nuclear de Chernóbil — ocurrido en 1986 —, y posteriormente el terremoto de magnitud 9,0 frente a la costa noreste de Japón en 2011 —seguido por un tsunami con olas de más de 14 metros que afectó a varios reactores de la central nuclear de Fukushima— han reforzado y legitimado la moratoria adoptada, consolidando el alejamiento progresivo de la energía nuclear en España.

A pesar de que la tecnología nuclear ha evolucionado y avanza hacia residuos y riesgos cercanos a cero, la sociedad, por un miedo infundado a accidentes similares, sigue rechazando la energía nuclear. Esta percepción es aprovechada por un gobierno populista que, con el objetivo de ganar el voto de la ciudadanía, no solo mantiene en vigor una moratoria nuclear impuesta en un contexto ya superado, sino que además programa el cierre de todas las centrales nucleares españolas, rechazando así un modelo energético que hoy es limpio, seguro y necesario.

El cierre progresivo de las centrales nucleares en España no responde a motivos técnicos ni de seguridad inmediatos, sino a una decisión política enmarcada dentro de la estrategia de transición energética del Gobierno. Esta hoja de ruta queda reflejada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contradictoriamente, plantea el apagón nuclear entre 2027 y 2035 como parte del camino hacia un sistema energético descarbonizado (la nuclear no emite CO2) y basado en fuentes renovables. El plan fue acordado en 2019 entre el Gobierno y las principales empresas eléctricas, que pactaron un calendario de cierre para las siete centrales en funcionamiento.

Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por numerosos expertos y colectivos científicos, que advierten que prescindir de la energía nuclear —una fuente estable, limpia y no intermitente— puede comprometer la seguridad del suministro eléctrico y aumentar la dependencia del gas natural, mucho más contaminante. Además, sin tecnologías de almacenamiento suficientemente desarrolladas, cerrar las nucleares mientras se mantiene una alta participación de energías renovables no gestionables podría debilitar la estabilidad de la red y encarecer el sistema energético español.

Hablemos de los mitos sobre  riesgos de una Central Nuclear. Una de las creencias más extendidas —y erróneas— sobre la energía nuclear es la idea de que una central nuclear puede explotar como una bomba atómica. Esta confusión se debe, en parte, al desconocimiento sobre el funcionamiento real de un reactor nuclear. A diferencia de una bomba, que provoca una reacción en cadena descontrolada y explosiva, el núcleo de una central nuclear está diseñado precisamente para lo contrario: controlar y moderar esa reacción. Además, el grado de enriquecimiento del uranio en una central es de apenas un 3 % a 5 % de uranio-235, frente al 90 % o más que se necesita para un arma nuclear. Es decir, el combustible de un reactor no tiene ni la concentración ni la configuración física necesarias para generar una explosión nuclear. Lo máximo que puede ocurrir, en caso de fallo grave, es una fusión del núcleo con liberación de radiación, pero nunca una detonación atómica.

Me diréis que las centrales nucleares españolas son viejas y muchas tienen cerca el fin de su permiso de operación, pero eso no significa que estén obsoletas ni que sean inseguras. La caducidad del permiso no es un indicador técnico, sino un trámite administrativo que debe renovarse periódicamente. De hecho, estas centrales han sido sometidas a actualizaciones constantes, inspecciones rigurosas y mejoras tecnológicas exigidas por el organismo regulador. Si el Gobierno decidiera prorrogar su funcionamiento, podrían seguir operando con plenas garantías de seguridad durante años. El cierre previsto responde a una decisión política, no técnica.

Las centrales nucleares españolas pertenecen a la segunda generación, construidas en su mayoría en las décadas de 1980 y 1990. Aunque estas plantas se basan en diseños antiguos, han sido objeto de múltiples actualizaciones técnicas y de seguridad, adaptándose a los requisitos post-Fukushima impuestos por la Unión Europea. Hoy operan con altos estándares de fiabilidad, siendo sometidas a revisiones periódicas, planes de emergencia y simulacros rigurosos.

Mientras tanto, el futuro de la energía nuclear avanza hacia tecnologías aún más seguras, limpias y eficientes. Uno de los desarrollos más prometedores son los reactores modulares de cuarta generación, especialmente los SMR (Small Modular Reactors) refrigerados por sales fundidas de flúor. Estos reactores no requieren grandes infraestructuras, son más pequeños, escalables y pueden instalarse de forma descentralizada. Su diseño incorpora sistemas pasivos de seguridad, capaces de autodetener la reacción en caso de emergencia, sin intervención humana ni suministro eléctrico externo.

Además, los reactores de sales fundidas operan a presión atmosférica, lo que elimina el riesgo de explosión por sobrepresión y aumenta la seguridad estructural. También pueden aprovechar combustibles alternativos como el torio y reducen drásticamente la generación de residuos radiactivos de larga vida. Todo esto los convierte en una de las opciones más viables para un futuro nuclear seguro, limpio y complementario a las renovables, especialmente en países como España, donde la estabilidad de la red es un desafío creciente.

Otra argumentación muy extendida para justificar el cierre de las Centrales Nucleares es que España no dispone de Uranio.

Efectivamente España cuenta con importantes reservas de uranio, especialmente en regiones como Salamanca, Cáceres o Ciudad Rodrigo, pero actualmente no se extrae ni una sola tonelada. Se trata de uno de los países con mayor potencial de Europa occidental para abastecer parte de su demanda nuclear, pero estas reservas permanecen sin explotar por decisión política, no por falta de recurso. Proyectos como el de Retortillo, en Salamanca, han sido paralizados tras años de trámites, debido al veto normativo del propio Gobierno.

En 2021, la Ley de Cambio Climático impuso fuertes restricciones a la minería de uranio, prohibiendo nuevas concesiones por motivos ambientales. A ello se suma la estrategia gubernamental de abandonar progresivamente la energía nuclear, lo que elimina cualquier incentivo para desarrollar una industria nacional de extracción. Paradójicamente, mientras se cierran centrales y se rechaza el uso del uranio español, España sigue importando uranio enriquecido de países como Rusia, Kazajistán o Níger, renunciando así a una fuente de soberanía energética limpia y perfectamente viable desde el punto de vista técnico y geológico.

A menudo se descarta la energía nuclear con el argumento de que se basa en un recurso limitado. Sin embargo, esta afirmación no resiste un análisis riguroso. Según datos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), las reservas mundiales conocidas de uranio-235 (U-235) —el isótopo fisionable usado actualmente— se estiman en unos 6 millones de toneladas, lo que, al ritmo actual de consumo, supondría suministro suficiente para unos 95 años.

Pero esta cifra cambia radicalmente si consideramos las tecnologías avanzadas de cuarta generación, como los reactores rápidos o los reactores de torio. Estos sistemas permiten aprovechar no solo el pequeño porcentaje de U-235 presente en el uranio natural (0,7 %), sino también transformar el uranio-238 (U-238) —que representa más del 99 % del total— en plutonio-239 (Pu-239), un isótopo también fisionable. Asimismo, el torio-232, un elemento tres veces más abundante que el uranio, puede convertirse en uranio-233 (U-233) al absorber un neutrón, y utilizarse también como combustible. Con estas tecnologías, la disponibilidad de combustible se extendería a miles de años.

A esto se suma la posibilidad de integrar reactores de cuarta generación, muchos de ellos diseñados para utilizar residuos radiactivos acumulados, convirtiendo un problema ambiental en una fuente de energía. Por tanto, con innovación tecnológica y visión a largo plazo, la energía nuclear tiene el potencial real de ser una fuente casi inagotable, capaz de suministrar energía limpia y estable durante siglos sin agotar sus recursos.

También existen otras fuentes alternativas. Por ejemplo, se puede extraer uranio de los fosfatos, presentes en grandes cantidades en el planeta; se estima que contienen hasta 20 millones de toneladas adicionales de uranio, más del doble de las reservas convencionales. Además, el agua del mar contiene trazas de uranio disuelto, lo que representa una fuente prácticamente inagotable si se desarrolla una tecnología eficiente para su extracción.

Y por último, aunque aún en fase experimental, está la fusión nuclear: el proceso mediante el cual se combinan núcleos ligeros —como los del hidrógeno— para formar helio, liberando enormes cantidades de energía sin generar residuos de larga vida ni emisiones contaminantes. Si la fusión llega a ser viable comercialmente, representará una fuente ilimitada, limpia y segura, completando así el potencial verdaderamente inagotable de la energía nuclear. 

Otra argumentación falsa es que la energía nuclear es cara. Pero este elevado coste no se debe a su operación técnica, sino a la enorme carga impositiva que soporta en España. Las centrales nucleares están sujetas a una batería de impuestos y tasas específicas que no se aplican con la misma intensidad a otras tecnologías. Entre ellos destacan los impuestos sobre la producción de residuos radiactivos, las tasas autonómicas por impacto medioambiental, los cánones sobre el uso del agua para refrigeración y el impuesto del 7 % sobre el valor de la producción eléctrica, entre otros. Estas cargas hacen que el coste real de generación se dispare artificialmente.

A pesar de esta presión fiscal, la energía nuclear sigue siendo una de las fuentes más estables, competitivas y previsibles en el mix energético. En países donde no se grava de forma tan desproporcionada, como Francia, constituye la columna vertebral del suministro eléctrico. Por tanto, no es la tecnología la que encarece la electricidad, sino un marco fiscal que penaliza injustamente a una fuente que, además de ser limpia y constante, garantiza seguridad energética.

 

9. CONCLUSIÓN: ENERGÍA LIMPIA SÍ… PERO NO CONTRA EL CAMPO

España avanza hacia un modelo energético que, bajo el sello de lo “verde”, sacrifica lo esencial: la tierra que nos alimenta. La implantación masiva de renovables y plantas de hidrógeno verde sobre terrenos agrícolas amenaza cultivos productivos, consume agua en un país sediento y pone en riesgo la soberanía alimentaria.

No puede llamarse sostenible un modelo que arrasa olivares, viñedos y huertas para instalar paneles solares o aerogeneradores. Mucho menos si, además, se expropian tierras y se desvía el agua de regadío para producir hidrógeno destinado a la exportación.

Frente a este sinsentido, la energía nuclear ofrece una alternativa limpia, constante y ya disponible, sin devorar suelo fértil ni recursos agrícolas. Es hora de dejar atrás el dogma y apostar por un mix energético equilibrado, donde la energía no destruya el campo, sino que lo respete y lo proteja.

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